El gobierno está llamado por sus ciudadanos a rendir cuentas de como gasta los recursos públicos y como estos están ayudando a lograr resultados positivos y mejores servicios generales.

Tenemos en la Cámara de Cuentas  una herramienta moderna, poderosa, ágil y eficaz; amparada en un marco legal donde sus atribuciones llegan a todas las instituciones vinculadas de un modo u otro al Estado Dominicano, pudiendo verificar el gasto corriente y social, y velando por los bienes del pueblo dominicano.

La Cámara de Cuentas como la principal entidad de auditoria del sector público, goza de una posición única para contribuir en el desarrollo y mantenimiento de mecanismos de rendición de cuentas más sólidos y eficaces entre el gobierno y sus ciudadanos. La Cámara de Cuentas debe desempeñar un papel importante en el fortalecimiento de las entidades del sector público, al confirmar que los controles están operando de manera efectiva, identificar el despilfarro y sugerir formas en que las entidades gubernamentales puedan funcionar mejor.

La Constitución y la ley nos indican que la Cámara de Cuentas es el órgano superior externo de control de los recursos públicos y  como tal ¨goza de autonomía administrativa, operativa y presupuestaria, y, en tal virtud tiene personalidad jurídica instrumental, correspondiéndole el examen de las cuentas generales y particulares de la República, mediante auditorias, estudios e investigaciones especiales¨ para ¨armonizar las normas legales relativas al citado sistema, identificar las instituciones responsables de aplicarlas y jerarquizar su autoridad, facilitar la coordinación inter institucional, promover la gestión ética, eficiente, eficaz y económica de los administradores de los recursos públicos y facilitar una transparente rendición de cuentas de quienes desempeñen una función pública o reciben recursos públicos¨.

Importantes sectores de la sociedad dominicana han manifestado recurrentemente su preocupación por la actuación de la Cámara de Cuentas, ya que los resultados son de carácter limitado e ineficaces en las acciones de control, del poco nivel de articulación y desarrollo de planes con la Contraloría General de la República y con el Ministerio Público para someter a la justicia a los responsables de actos de corrupción.

Como órgano superior de control externo de los recursos públicos, la Cámara de Cuentas debe lograr el cumplimiento de la ley 10-04 y sus reglamentos, deslindando su independencia tanto funcional como operativa de otros poderes del estado, como garantía de cumplir con sus funciones y así obtener la credibilidad de los ciudadanos.

Muchas veces se ordenan investigaciones, se hacen y se entregan pero por alguna razón o simplemente por desidia se decide no seguir adelante. Esto es muy frustrante para la ciudadanía, y de ahí el descrédito de este organismo.

La percepción es que la Cámara de Cuentas tiene una actitud de reacción y no una  actuación eficiente, pues la idea es que tome medidas anticipadas para prevenir la corrupción. El pueblo cree que no hay controles efectivos para frenarla.

La corrupción en los distintos gobiernos gira fundamentalmente alrededor de las multimillonarias contrataciones estatales. Ahí deben estar los reflectores.

El control no se puede limitar a que los papeles estén en regla. Hay que profundizar: quien licita, con quien y para qué. Es indispensable desentrañar la relación entre testaferros y contratistas, si ese fuera el caso. Hay que tener el ojo avizor sobre los contratos que comienzan con una cifra y terminan reformándose hasta superar varias veces su valor inicial.

La Cámara de Cuentas conjuntamente con el Ministerio Público tienen el poder suficiente para frenar la corrupción administrativa con los instrumentos que poseen, si realmente centran su acción en lo verdaderamente importante, y en poco tiempo podrían darle resultados al país.

Finalmente, inauguremos una era distinta, en donde los miembros de la Cámara de Cuentas no se limiten a denunciar ante algunos organismos o en los medios de comunicación que tal o cual auditoría tiene tal o cual magnitud de corrupción, sino que cada declaración en ese sentido vaya acompañada de la noticia de que los responsables están sometidos a la justicia y están en la cárcel, además que le han devuelto al Estado lo que se robaron. 

Afortunadamente, las protestas y movilizaciones de los trabajadores chilenos en contra de las insuficientes pensiones que ha comenzado a otorgar el sistema previsional, han despertado un mayor interés de los dominicanos por el tema.

Desde hace más de una década hemos insistido en que las pensiones dominicanas que se otorgarán masivamente a partir del 2028, no resultarán tan dignas como esperan los afiliados. Así se consigna en mi libro Como se Diseñó y Concertó la Ley de Seguridad Social, publicado a finales del 2004.

Durante ese período, casi nadie tomó en serio el problema. Ni siquiera a raíz de las estimaciones de los técnicos de la SIPEN hace 6 años, entidad sitúa en alrededor del 36% el monto promedio de las futuras pensiones, un nivel irrisorio. Ni las advertencias de firmas y consultores internacionales.

Este es el momento de comenzar a enderezar los entuertos previsionales,  sin pérdida de tiempo, mediante un proceso gradual que contribuya a reducir las tensiones y enfrentamientos estériles.

De acuerdo a la Ley 87-01, las AFP invierten el fondo de pensión en determinados instrumentos financieros que aseguran la mejor seguridad y rentabilidad. Dada la falta de competencia y la estrechez del mercado interno, esta operación resulta rutinaria e improductiva. Y altamente costosa para los afiliados.

Como las comisiones son deducidas por las propias AFP del fondo de pensión, queda claro que, para mejorar la tasa de retorno, su reducción debe ser la primera medida a favor de 3.3 millones de dominicanos cotizantes, activos y pasivos.

Ante la dificultad de sacar del debate el tema de las comisiones, en las últimas semanas han surgido dos estrategias que en el fondo responden a idénticos propósitos: desviar la atención de la reducción de las comisiones de las AFP.

La primera, excluye las altas comisiones como parte de los factores que constriñen la tasa de retorno, citando los aportes insuficientes, la poca densidad de las cotizaciones, las limitadas áreas de inversión, y el aumento de la esperanza de vida, entre otros.

Obviamente, la discusión sobre estos temas, por demás necesaria, requerirá mucho más tiempo, debido a que todavía no han sido debatidos. Llevar el tema de las comisiones a este terrero es extender indefinidamente los efectos de esta distorsión.

La segunda plantea la necesidad de modificar la Ley 87-01 de Seguridad Social. La misma parece lógica, pero por experiencia directa sé que una revisión total desataría tantos intereses y pasiones, que lo más probable es que corra la misma suerte que la Ley de Partidos Políticos.

Desde luego, tan dañino e interesado es presentar la alta comisión de las AFP como el único problema estructural que afecta la tasa de retorno de los afiliados, como obviar este factor desviando la atención a los problemas de largo plazo.

Dentro de los problemas estructurales que afectan el régimen previsional, la reducción de la comisión de las AFP es el único que puede ser resuelto en el corto plazo, ya que existe un proyecto aprobado en dos períodos por la Cámara de Diputados.  Nuevamente la gradualidad constituye la clave.