POR JOSE VALDEZ

¿Procede constituir un Fideicomiso Público por decreto, con fines similares o colindantes a las atribuciones otorgadas por la ley de aviación civil a la Autoridad Aeronáutica nacional?

Sin lugar a dudas, resulta lógico suponer la buena fe y mejor intención del señor presidente de la República al querer potencializar los beneficios económicos y de otra naturaleza que se obtienen desde el sector aeronáutico nacional por la privilegiada posición geográfica del país en materia aérea y los avances alcanzados en los últimos años, pero la constitución de un Fideicomiso Público de Desarrollo Inmobiliario para el Desarrollo de la Industria Aeronáutica Nacional y Espacial a través del Decreto núm. 156-25, del 24 de marzo de 2025, no parece que sea la mejor opción para lograr este objetivo debido a que presenta contradicciones con la Ley núm. 491-06 de Aviación Civil, que a grosso modo expondremos.

De entrada conviene precisar que los conceptos de “aeronáutica civil” y “aviación civil” se utilizan indistintamente en el argot de la aviación para referirse a las actividades relacionadas con el transporte aéreo y la navegación aérea no militar; pero aviación civil es el de uso más generalizado y extendido para referirse a todas las actividades aéreas no militares, mientras que aeronáutica civil se usa habitualmente en un contexto más amplio que incluye la ingeniería, la investigación y el desarrollo de tecnología aérea.

Por esto vemos que la ley de aviación civil utiliza indistintamente tanto uno, como el otro de estos conceptos, en un contexto de similitud, al expresar  en los artículos 2 y 23 lo siguiente:

“Art. 2.- La aeronaìutica civil en la Repuìblica Dominicana se rige por la presente ley y por los reglamentos emitidos para la aplicacioìn de la misma y deberaì ser aplicada sin perjuicio de lo estipulado en tratados y convenios internacionales ratificados por la Repuìblica Dominicana. Sus disposiciones para fines de inspección, vigilancia y control, alcanzan a toda aeronave civil, nacional o extranjera, sus propietarios, operadores, su tripulacioìn, pasajeros y efectos transportados, asiì como cualquier persona que intervenga en la actividad aeronáutica que se encuentre en el territorio nacional, parta de eìl, aterrice, sobrevuele o de cualquier otra forma esteì bajo la jurisdicción de la soberanía nacional”;

“Art. 23. El Instituto Dominicano de Aviacioìn Civil estaraì a cargo de la supervisioìn y control de la aviacioìn civil en la Repuìblica Dominicana, excepto de las atribuciones conferidas por esta ley a la JAC y seraì responsable de ejercer las funciones que le son otorgadas por la presente ley, asiì como de la efectiva aplicacioìn de los reglamentos, oìrdenes, normas y reglas que sean de su competencia…”.

Si el Instituto Dominicano de Aviacioìn Civil (IDAC) fue creado por la referida ley en diciembre de 2006, en sustitución de la anterior Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), precisamente en relación con la distinción recién acotada, para regular, controlar, certificar, supervisar y fomentar la aeronáutica o aviación civil en el país, no resulta muy claro el hecho de que se constituya un Fideicomiso Público que tenga entre sus objetivos y fines el “…gestionar y desarrollar la industria aeronáutica y aeroespacial del país, favoreciendo el posicionamiento de la industria de la aeronáutica y espacial dominicana en los mercados internacionales (art. 3 del Dec.), y la adquisición de activos: bienes muebles e inmuebles y derechos aportados por el Fideicomitente (numeral 1 del Párrafo del art. 3), que también corresponden al IDAC.

Si le damos una lectura exhaustiva a los fines contenidos en el párrafo del art. 3 del decreto, más que coincidencias, encontraríamos semejanzas con las atribuciones o potestades asignadas al IDAC por la ley en los citados artículos.

Otra situación similar se presenta con respecto al patrimonio del propuesto Fideicomiso y de la propiedad final de sus activos para el Estado dominicano, contenida en los artículos 6 y 7 del decreto, puesto que la ley, de igual manera, en el artículo 41 faculta al IDAC con idénticos propósitos.

Aspecto destacado

Un aspecto que amerita ser destacado, contenido en las motivaciones del referido decreto, es el relativo a fomentar la formación, inclusión y desarrollo técnico continuo de profesionales dominicanos en las ciencias aeronáuticas, que, sin detrimento de las actividades que en este sentido desarrolla la Fuerza Aérea Dominicana a través de su Academia Aérea “General de Brigada Piloto Frank Andrés Féliz Miranda” en el ámbito militar, la ley, en sus artículos 56, 57 y 58, de igual modo faculta al IDAC para motivar y fomentar el desarrollo seguro de la aviación civil o aeronáutica en la República Dominicana y para propiciar la constitución de escuelas, asociaciones y clubes aéreos destinados a difundir el aprendizaje y la práctica de vuelo.

En este último sentido, desde hace varios años el IDAC cuenta con la “Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas (ASCA)”, certificada como instituto técnico de educación superior para la formación y capacitación en ciencias aeronáuticas conforme a la Ley núm. 139-01 de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y certificada como “Centro Regional de Excelencia en Instrucción (RTCE), por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

Como se puede apreciar, la ley de aviación civil o aeronáutica, acorde con las disposiciones del Convenio de Aviación Civil Internacional, firmado y ratificado por el Estado dominicano desde 1946, le otorga al IDAC y a su director general, como Autoridad Aeronáutica designada, plena autoridad y facultad para cumplir las responsabilidades asignadas como parte del sistema global de aviación organizado a través de este Convenio, que aglutina a 193 Estados miembros bajo la égida de la OACI.

Al contrastar el propuesto Fideicomiso con la reciente inauguración de una planta para el ensamblaje de vehículos y aviones en el ámbito militar, en San Cristóbal, consideramos que la intención del repetido decreto ameritaría de mayores precisiones y especificaciones de su alcance y objeto, que a nuestro modo de ver, se circunscribiría a los aspectos relativos a la Aeronáutica Militar y Espacial, para que no colide con la ley de aviación civil, y sus propósitos mejor alineados con aspectos constitucionales y legales relacionados con esos temas.

Preocupación

Estas puntualizaciones, enmarcadas en un genuino interés por la consolidación institucional de la aviación civil o aeronáutica nacional, alcanza niveles de preocupación e incertidumbre al leer la parte final del artículo 10 del aludido decreto, en el que se da una instrucción general a todas las instituciones gubernamentales para que realicen todos los trámites correspondientes para transferir los activos, bienes muebles e inmuebles y derechos afectados al referido Fideicomiso Público.

Finalmente, conforme a como está planteado, cabría preguntarse ¿Una eventual desarticulación de la ley de aviación civil y de la autoridad conferida a su director general, se podría considerar como la implementación o ejecución de obras o proyectos de interés colectivo?

jjvaldez-m@hotmail.com

JPM

Cuatro fueron lo esfuerzos del exilio anti trujillista para invadir y tumbar a Trujillo. El primero, del cual se sabe muy poco, tuvo lugar con motivo del derrocamiento del gobierno de Gerardo Machado en agosto de 1933 cuando un grupo de exilados, encabezados por Rafael Estrella Ureña, se reunieron en el puerto cubano de El Mariel, pero el esfuerzo duró poco.

Luego, en 1947 fracasó la expedición de Cayo Confites que contaba con cuatro barcos y una docena de aviones más unos dos mil expedicionarios, mayormente cubanos.

Dos años después tuvo lugar la expedición de Luperón, constituida por dos aviones, uno de los cuales aterrizaría en la finca de Juancito Rodríguez en La Vega, donde llegaría el propio Juancito Rodríguez, así como otro que llegaría al aeropuerto de San Juan de la Maguana, encabezado por Miguel Ángel Ramírez, oriundo de esa región. Pero ninguno de esos dos aviones llegó, tan solo un tercero, un Catalina, que amarizó en Luperón, cuyos tripulantes fueron rápidamente vencidos.

La cuarta expedición fue la de junio de 1959 donde se llegó en avión a Constanza y por lancha a Maimón y Estero Hondo y que, aunque fue derrotada militarmente, fue una victoria política, al estimular la creación del movimiento 14 de junio y la subsecuente actitud hostil por parte de la Iglesia Católica, que fortalecieron los planes del grupo del 30 de mayo.

Pero el único esfuerzo en el exilio que constituyó una victoria militar tuvo lugar con motivo del traslado de Juancito Rodríguez a Guatemala, dos meses después del fracaso de Cayo Confites, donde recibió el apoyo del presidente de ese país Juan José Arévalo.

Durante 44 días, entre el 12 de marzo y finales de abril de 1948, tuvo lugar una guerra en Costa Rica encabezada por José Figueres y que eliminó al régimen del presidente Teodoro Picado. En esa lucha no solo se utilizaron algunas de las armas de Cayo Confites, que habían sido enviadas por el presidente Grau San Martín al presidente Arévalo y que este a su vez pasó a Juancito Rodríguez, quien a su vez las envió a Costa Rica, sino que también jugaron un papel preponderante en la lucha los dominicanos Miguel Ángel Ramírez y Horacio Julio Ornes Coiscou. Este último tomaría el puerto de El Limón en el Caribe.

Legión del Caribe

En esos momentos Juancito Rodríguez era “presidente del Comité Supremo Revolucionario y comandante en jefe del ejército de liberación del Caribe” que luego se convertiría en la “Legión del Caribe”.

Durante el gobierno de Jacobo Árbenz (marzo 1951-junio 1954) los hermanos Dulles, en su afán anti comunista, lograron que se fotografiara el archivo de la Legión del Caribe, el cual nosotros encontramos en los Archivos Nacionales norteamericanos. En ese momento no teníamos tiempo para fotocopiar las más de cien páginas de texto, pero le solicitamos a Tulio Federico Arvelo Durán, quien residía en Washington, e hijo de Tulio Arvelo quien participó en la expedición de Luperón, que se ocupara de fotocopiarlas, compromiso que cumplió, enviándonos el archivo el cual entregamos al Archivo General de la Nación.

Para un libro que estamos en el proceso de escribir he hurgado en dicho archivo y encontramos, por ejemplo, una carta de José Figueres dirigida a Juancito Rodríguez a principios de la breve guerra donde le decía con relación a las armas de Cayo Confites y los luchadores dominicanos: “Mil gracias en nombre de América. Nos estamos batiendo como fieras. Este fuego no cesará hasta que liberemos al mundo americano de Trujillo. Su oficialidad magnífica. Nos hemos de ver pronto. Figueres”.

Pocos días después Juancito Rodríguez escribiría a Ornes Coiscou: “Las noticias que me dio Figueres sobre la forma cómo ustedes están luchando al lado de ellos me ha llenado de satisfacción”.

Miguel Ángel Ramírez ya era “jefe de Estado mayor y oficial ejecutivo de las fuerzas armadas del ejército de liberación de Costa Rica”. Juancito Rodríguez el día que se inició la guerra nombró a Figueres coronel del ejército y a Ornes delegado político del propio Rodríguez, quien le escribiría a Figueres: “Creo que nuestra ayuda a la causa de ustedes es efectiva y si no llegó antes fue porque era imposible”.

Rodríguez le escribió luego a Ornes: “Tenemos que vencer ahora porque el triunfo de estas operaciones iniciales implica no solamente el triunfo en Costa Rica, sino, además, el triunfo de todo el movimiento de liberación en el Caribe. Y todo ello depende del arrojo, valor y capacidad de ustedes… Nada ni nadie nos detendrá hasta alcanzar la victoria total”.

Figueres días después en su condición ya de “comandante en jefe” se dirigiría a Juancito Rodríguez agradeciéndole “su generosa y brillante actuación en esta guerra… sus oficiales siguen distinguiéndose por sus excelentes comportamientos… hasta ahora solo se ha visto nobleza y heroicidad en esta primera etapa de la guerra del Caribe… Fundaremos en Costa Rica la Segunda República y fundaremos en América la Confederación del Caribe. Ambas serán asilo de hombres libres”. El 3 de abril por medio de un decreto Juancito Rodríguez ascendía al coronel José Figueres a general de brigada.

Esas armas originalmente de Cayo Confites fueron devueltas a Juancito Rodríguez por Figueres tras su victoria y luego utilizadas en la expedición de Luperón.

jpm-am

José Francisco Peña Gómez fue mucho más que un líder político: fue un símbolo de resistencia, una figura clave en la lucha por la democracia dominicana y un defensor incansable de las grandes mayorías. Pero la historia reciente y la conducta de los partidos que dicen heredar su legado han sido severamente injustas con su memoria.

Durante su vida, Peña Gómez fue calumniado, perseguido, discriminado y encarcelado. Su origen humilde, su color de piel,  por su militancia incansable en favor de los pobres y excluidos su ascendencia haitiana lo convirtieron en blanco del racismo político y social.

Peña Gómez fue blanco constante de campañas de odio por parte de sectores conservadores, autoritarios y racistas. Medios manipulados por el régimen y hasta antiguos aliados, compañeros dentro de su propio partido lo atacaron sin piedad. Fue víctima de campañas de odio, de acoso judicial y de intentos sistemáticos por desacreditar su imagen.

Más dolorosa aún fue la traición silenciosa de muchos de sus seguidores y discípulos, quienes se formaron bajo su tutela, usaron su imagen como trampolín político y económico, se escondieron bajo su sombra, luego lo abandonaron, lo dejaron de lado una vez alcanzado  su objetivo o llegaron al poder.

La lealtad, en muchos casos, fue una promesa rota en el altar del clientelismo, la repartición de cuotas y el acomodo institucional. tan pronto ocurrió la muerte física.

Silencio institucional

Veintisiete años después de su muerte, el 10 de mayo de 1998, el silencio institucional se ha convertido en una segunda muerte para Peña Gómez. Ni el PRD, ni el BIS, ni siquiera el Partido Revolucionario Moderno (PRM) —que se presenta como su heredero natural— organizan actos conmemorativos a la altura de su figura.

Salvo el ex presidente Hipólito Mejía, el Foro Renovador, y un pequeño núcleo de viejos compañeros y simpatizantes, su memoria es apenas sostenida por la voluntad de unos pocos.

Ni siquiera su propia familia ha logrado cohesionar una fundación sólida, ni acuerdos permanentes para homenajearlo en fechas clave como su nacimiento (6 de marzo) o su muerte.

La fragmentación, la disputa y la falta de continuidad empañan el recuerdo de quien fuera el dominicano más votado en la historia del país, y posiblemente, el más querido por el pueblo llano.

Ese abandono se ha transformado en un plan tácito de invisibilidad, que parece ejecutarse desde las altas instancias de los propios partidos que solo invocan su nombre en ocasiones formales, sin verdadera convicción ni publicidad. Sus aniversarios pasan desapercibidos, sin eventos públicos, sin tributos significativos, sin siquiera el ya olvidado “minuto de aplausos” que antes abría las actividades partidarias.

Monumento

A todo esto se suma el estado deplorable del Monumento a Peña Gómez en la Loma del Flaco, su lugar natal, totalmente abandonado, con acceso vial destruido. El Aeropuerto Internacional de Las Américas, aunque oficialmente lleva su nombre, no tiene ningún letrero visible que lo indique, borrando así cualquier conexión del ciudadano común con su legado. El silencio es intencional. El olvido, programado.

Lo más grave es que los partidos que dicen continuar su legado han traicionado el proyecto político e ideológico que Peña Gómez representó: un socialismo democrático, moderno, humanista e inclusivo. Las ejecutorias actuales de esos liderazgos distan enormemente del programa que él defendía desde la Tribuna Democrática, con una visión internacionalista, progresista y profundamente ética.

No obstante, existen excepciones dignas de reconocimiento. El legislador Glovis Reyes Aglón, de la provincia Peravia, fue el autor de la ley que designó con el nombre de Peña Gómez el Aeropuerto Internacional de Las Américas. También el diputado Ramón Ceballos, representante de los dominicanos en el exterior, junto a la diputada Kenia Bidó, han impulsado iniciativas legislativas fundamentales en honor a Peña Gómez, entre ellas:

1. La Ley 46-23, que declara el 6 de marzo como Día de Peña Gómez,
2. La designación de la Circunvalación de Santo Domingo con su nombre,
3. Y una propuesta conjunta con el diputado del PLD Juan Julio Campos, de la provincia La Altagracia, para declarar a Juan Bosch y Peña Gómez Padres de la Democracia Dominicana.

Estas acciones legislativas, aunque loables, no bastan por sí solas para detener la tendencia institucional al olvido. Más que homenajes aislados, se necesita una reivindicación integral, pública, educativa y permanente de la figura de Peña Gómez, su obra, su pensamiento y su legado político.

Como escribió el historiador Frank Moya Pons, Peña Gómez representa “la mejor versión del PRD histórico, la del compromiso popular, la ética del servicio y la dignidad desde abajo”. El pueblo dominicano merece volver a conocerlo en profundidad. No hay democracia sólida sin memoria histórica.

jpm-am