Por HANNA BUENO

Como activista social, conozco la crudeza del Estado en carne propia: he sentido los golpes de la macana, los efectos del gas lacrimógeno y el abuso de poder de la Policía Nacional al disolver protestas legítimas en nuestras calles. Sin embargo, mi visión no se nubla por el resentimiento.

También soy un ciudadano dominicano que ha sido asaltado cuatro veces a punta de pistola por delincuentes corrientes, que ha sufrido la vulneración de ver su hogar despojado de sus pertenencias y que ha recibido recurrentes amenazas de muerte por parte de ciudadanos cegados por la falta de educación y la intolerancia. He sido víctima de los dos males que desangran al país. Por eso, y solo por eso, puedo distinguir con absoluta claridad la profunda hipocresía que impregna el debate sobre la seguridad en nuestra nación.

El sociólogo Max Weber definió al Estado moderno como la institución que reclama, con éxito, el monopolio de la violencia legítima. Despojar a la uniformada de tal autoridad o demoler su credibilidad bajo el peso del linchamiento mediático no nos conducirá a una democracia idílica; nos empujará directo a la anarquía.

Sin una fuerza pública capaz de ejercer la coerción legítima, el ciudadano común quedará desamparado ante la ley del más fuerte, atrapado entre las redes del crimen organizado y la beligerancia vecinal. El orden público no surge por generación espontánea: es el resultado directo del control estatal.

Lamentablemente, la seguridad ciudadana se ha convertido en el botín favorito del debate electoral dominicano. Desde la oposición, cada hecho delictivo de impacto o cada baja civil en operativos se instrumentaliza con rapidez matemática para alimentar una campaña sistemática de desprestigio institucional.

Policía

La verdadera madurez democrática exige una virtud olvidada: blindar a la policía de las pasiones partidistas. La seguridad nacional debe tratarse como una política de Estado inamovible, jamás como un tablero de campaña. Desgastar la moral de los agentes para arrancar puntos electorales es un acto de canibalismo político que debilita la estructura misma que protege a los dominicanos, sin importar las siglas que gobiernen desde el Palacio Nacional.

Aunque la Policía Nacional ha mejorado notablemente desde las prácticas arbitrarias de los años 90 —con avances en profesionalización, transparencia y acercamiento comunitario—, la delincuencia y la violencia social han experimentado una evolución paralela. Esto subraya que los problemas actuales son de índole estructural y no exclusivos de la institución.

Las estadísticas oficiales de la Fuerza de Tarea Conjunta reflejan que contener la criminalidad en nuestras calles es una tarea titánica. Recientemente, las autoridades informaron que la tasa acumulada de homicidios por cada 100,000 habitantes experimentó un descenso técnico notable al corte del 22 de junio de 2026, situándose en un mínimo histórico de 6.98, lo que representa una reducción acumulada del 44.3% en comparación con el 12.54 registrado en el mismo período de 2023. No obstante, la paradoja habita en el trasfondo de los datos.

El reporte oficial derriba el mito urbano de que las bandas delictivas son el motor principal de la sangre en el país: el 59% de las muertes violentas se originan directamente por conflictos sociales entre particulares y problemas de convivencia ciudadana, dejando a los delitos asociados a la delincuencia común en un 15% y al crimen organizado en planos minoritarios.

Al desglosar este panorama de descomposición comunitaria, los datos de la Policía Nacional Dominicana revelan que el 73.4% de estos casos corresponden a riñas callejeras y de bares, el 19.2% a violencia intrafamiliar y un 7.8% a disputas diversas. Esta realidad histórica fue resumida por la Procuraduría General de la República (PGR) al advertir una preocupante tendencia: “Alrededor del 90 por ciento de las amenazas denunciadas en el país son de muerte y constituyen el principal detonante de los homicidios relacionados con conflictos sociales; disputas aparentemente menores por estacionamientos, ruidos o linderos terminan en tragedias fatales causadas por los propios ciudadanos”.

No estamos ante una crisis estrictamente policial, sino ante una epidemia de intolerancia civil. Los datos del Ministerio Público muestran que más del 70% de las personas identificadas en estas investigaciones penales tienen menos de 35 años, evidenciando un profundo fallo de fábrica en el relevo generacional de nuestro país.

Este escenario de beligerancia civil se agrava al mirar los delitos contra la propiedad y el tráfico de armas.

A pesar de que las denuncias por robos de motocicletas y teléfonos celulares registraron una reducción promedio del 27% en comparación con el año anterior, las patrullas operan en desventaja. El contrabando de armas de fuego —que ingresa camuflado en envíos marítimos comerciales desde Estados Unidos y rutas del Caribe— inunda los sectores vulnerables. La policía se ve obligada a imponer el orden desarmando a una población civil fuertemente armada.

Donde las fronteras del patrullaje se desvanecen por completo es detrás de las puertas del hogar dominicano. Al cierre del primer semestre de 2026, la Fundación Vida Sin Violencia encendió las alarmas al reportar 47 feminicidios íntimos: un repunte drástico del 74% frente al mismo periodo del año anterior.

La carga burocrática y judicial de este flagelo es masiva; de acuerdo con los registros de la PGR, los delitos de violencia de género, intrafamiliar y sexual acaparan más de 73,295 denuncias anuales, representando casi el 89% del volumen total de denuncias nacionales. Exigirle a la uniformada que prevenga mágicamente un crimen que se gesta en la intimidad de una habitación, detonado por celos y alcohol durante los fines de semana, desnuda una absoluta falta de prevención comunitaria y familiar, no una falla en el patrullaje de calles.

Como ha señalado puntualmente la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, “los conflictos sociales causan más muertes que la delincuencia”, lo que obliga al Estado a concentrar esfuerzos urgentes en fortalecer la convivencia y las herramientas de mediación ciudadana.

Es aquí donde emerge la gran hipocresía social y la abierta resistencia ciudadana al orden. Es un cuadro costumbrista en nuestros barrios ver llegar una patrulla para apagar un “teteo”, incautar bocinas o detener un desorden en la vía pública, solo para ser recibida a botellazos, pedradas y tiros por la propia vecindad. La comunidad suele defender al infractor y repeler con violencia a la autoridad encargada de pacificar su entorno.

Sufrimos de un doble rasero patológico: exigimos una policía omnipresente, rígida e implacable cuando el delincuente ataca nuestra propiedad, pero gritamos “abuso de poder” si esa misma patrulla nos fiscaliza por una infracción de tránsito. Queremos una fuerza pública a la carta: que elimine al atracador del barrio mediante el aplaudido y silencioso “intercambio de disparos”, pero que garantice el debido proceso si el implicado resulta ser un conocido o un familiar.

Los políticos actuales, tanto del oficialismo como de la oposición, y organizaciones internacionales que se han referido a estos temas deberían reflexionar profundamente sobre quiénes son sus asesores y qué intereses representan. Son ellos, en muchos casos, los verdaderos delincuentes cuando politizan de manera irresponsable casos como el de Herrera, convirtiendo tragedias en carnada electoral y erosionando aún más la confianza en las instituciones.

Reconocer este panorama obliga a abordar una verdad incómoda: es profundamente triste que el Estado deba luchar fuego contra fuego. En un entorno ideal, el peso de la ley bastaría; pero frente a delincuentes que portan armas de guerra y disparan a quemarropa, la policía está obligada a responder con la misma contundencia letal para preservar la paz. Por supuesto, esto no justifica los abusos. Los casos de brutalidad o corrupción deben castigarse con todo el peso de la ley. Separar las manzanas podridas y procesarlas judicialmente es vital para mantener la legitimidad del uniforme, pero las faltas individuales jamás deben utilizarse para desahuciar moralmente a toda la institución.

En medio de esta tormenta se encuentra la ministra Raful. Aunque una parte de la opinión pública difiera de sus posturas, estilo o filiación política, la honestidad intelectual exige admitir la magnitud de su cargo: dirigir esa cartera es sentarse en un sillón eléctrico institucional. No es una tarea fácil. Más allá de los feroces ataques de la oposición, la ministra está librando una batalla campal de frente, intentando empujar reformas estructurales profundas en una maquinaria viciada por décadas. Destruir su gestión desde la comodidad del análisis superficial es ignorar la complejidad del monstruo interno que intenta domar.

Las firmas de asesores internacionales y las inyecciones de presupuesto estatal pueden modernizar cuarteles, digitalizar procesos y mejorar salarios; sin embargo, la reforma policial será estéril si la sociedad misma no se reforma. La institución del orden es el termómetro, nunca la enfermedad. La policía es el espejo exacto que refleja nuestras peores miserias colectivas.

Si la familia dominicana sigue criando hombres machistas, ciudadanos intolerantes que solucionan desacuerdos a tiros y personas que buscan burlar las normas mediante el “amiguismo” o el soborno, la policía solo seguirá extrayendo su recurso humano de esa misma cantera deformada. No se puede exigir una fuerza pública pulcra cuando la materia prima proviene de una sociedad en franca descomposición moral.

Antes de sumarse al coro del linchamiento mediático, cada ciudadano debería mirar fijamente al abismo y responder con honestidad: ¿Qué sería de este país sin esos miles de hombres y mujeres policías que, día tras día, salen a arriesgar la vida por un salario modesto y el desprecio público?

Destruir la credibilidad de la Policía Nacional por conveniencia política o falsa moral es empujarnos voluntariamente hacia el caos. Al final del día, con todas sus imperfecciones y heridas, el uniforme de la policía es la última línea de defensa que se interpone entre nuestra frágil civilización y la jungla.

jpm-am

Desde el momento mismo en que inició su gestión el presente gobierno, la reforma policial se ha querido presentar como uno de sus grandes logros y principal estandarte.

Se han anunciado transformaciones profundas, se han contratado asesores nacionales e internacionales, se crearon comisiones, se celebraron foros y se destinaron miles de millones de pesos del presupuesto nacional con la promesa de construir una Policía Nacional moderna, profesional, eficiente y respetuosa de los derechos ciudadanos.

Sin embargo, la realidad que viven los dominicanos cuenta una historia muy distinta.

La reciente muerte del joven Darlin Mercado en Herrera ha vuelto a sacudir la conciencia nacional y a desnudar una verdad que el Gobierno intenta ocultar bajo una intensa campaña de comunicación: la reforma policial no ha producido los resultados prometidos, a pesar de los miles de millones ($) destinados para tales fines.

Cuando después de tantos recursos invertidos continúan ocurriendo hechos que cuestionan el uso de la fuerza, el respeto al debido proceso y la capacidad institucional para garantizar la seguridad ciudadana, es evidente que el problema no es de percepción, es un problema de gestión, de ejecución y de liderazgo.

El Gobierno ha preferido vender una imagen de transformación antes que presentar resultados medibles. Ha invertido más tiempo en construir un relato que en garantizar que los cambios lleguen a las calles, donde los ciudadanos siguen sintiendo miedo, incertidumbre y desconfianza.

No podemos, bajo ningún concepto, pretender sustituir los procedimientos policiales por procesos de ejecución. Este principio no admite matices ni justificaciones.

La Policía Nacional existe para prevenir el delito, proteger a la ciudadanía, capturar a quienes infringen la ley y ponerlos a disposición de la justicia. Cuando un Estado permite que ese límite se desdibuje, también pone en riesgo los fundamentos del Estado de derecho y de la democracia.

Combatir la delincuencia exige firmeza, pero nunca al margen de la Constitución ni de las leyes. Un gobierno responsable no puede medir el éxito de su política de seguridad por la cantidad de operativos o por las estadísticas que presenta semanalmente.

Debe hacerlo por la confianza que inspire en la población, por la profesionalización de sus agentes y por el respeto irrestricto a los derechos fundamentales.

La muerte del joven Darlin Mercado no puede convertirse en una estadística más ni en un episodio pasajero. Debe servir para evaluar con objetividad una reforma policial que, pese a los recursos invertidos, continúa sin ofrecer las garantías que demanda la sociedad dominicana.

El país merece mucho más que discursos optimistas y campañas publicitarias.

Los dominicanos necesitan una reforma policial que produzca resultados reales; instituciones que funcionen con eficiencia y transparencia; agentes comprometidos con el cumplimiento de la ley y un Gobierno que entienda que la confianza ciudadana no se compra con propaganda, sino que se conquista con hechos.

Después de miles de millones invertidos, la pregunta sigue siendo la misma: ¿dónde están los resultados?

Esa es la interrogante que el Gobierno aún no ha podido responder de manera convincente. Y mientras no pueda hacerlo con hechos verificables y no con discursos, la reforma policial continuará siendo el ejemplo más evidente de una promesa que consumió enormes recursos públicos sin traducirse en la transformación que esperaba el pueblo dominicano.