Sobre la base de criterios de economía de mercado los críticos del cooperativismo lo consideran como una anomalía económica. Desde este ángulo se ha desarrollado un debate que centra su atención en el aspecto mercantil de la actividad. Pero hay que profundizar aún más con el fin de poder separar la paja del grano y llegar a conclusiones que nos permitan tener una visión de la totalidad que facilite la comprensión del sector.

El cooperativismo no es ajeno a la dinámica Estado, mercado y sociedad. Las cooperativas son agrupaciones de personas y como tal son expresión de la comunidad, las que se manejan tanto con un criterio de democracia participativa como de democracia representativa.

El cooperativismo debe funcionar bajo el principio de simplicidad y cercanía organizativa de los asociados. Este principio es propio del Derecho Administrativo y por ende de políticas públicas. Se manejan con un criterio de democracia participativa, ya que la Asamblea General, compuesta originalmente por todos los inscritos, es el organismo superior y sus acuerdos obligan a sus miembros, presentes o ausentes, siempre que los mismos se hubieren tomado de conformidad con el Estatuto Social y la Ley dominicana 127-64.

Pero igualmente se ejerce la democracia representativa, ya que se elige un Consejo de Administración que representa a la sociedad, un Consejo de Vigilancia con funciones bien definidas pudiendo ejercer el derecho al veto, así como el Comité de Crédito y otras comisiones, que le permitan desarrollar sus actividades administrativas con el objeto de lograr los fines programados.

Como se plasman en la realidad las normas morales, la idea de justicia y del bien es otro aspecto importante. Son aspectos que se tratan diariamente en las cooperativas al conocer temas que se relacionan con la solidaridad, tolerancia, equidad, usos y costumbres. Otra cuestión que a lo interno se debate es la libertad económica del asociado como un derecho individual y su relación con las normas compartidas por la asociación y por la comunidad toda, siempre en el marco del cooperativismo.

Esto puede suponer un tema altamente filosófico, pero se manifiesta en la toma de decisiones diarias, usualmente basada en los usos y costumbres de la cooperativa. Allí deben imponerse principios de racionalidad, eficacia, eficiencia y responsabilidad al decidir.

El párrafo anterior guarda relación con un debate iniciado en la segunda mitad del siglo XX y que aún no ha concluido: el Estado benefactor vs la economía de mercado o tesis neoliberales. El hecho de considerar la Ley 127-64 a las cooperativas como entes de utilidad pública, darle algunos beneficios en materia fiscal las coloca como beneficiarias de políticas públicas que le dan ciertas ventajas frente a la empresa mercantil, aunque de su lado, la precitada Ley limita el interés que devengará cada certificado de aportación o cuota parte de capital totalmente pagada y no retirada antes del cierre del ejercicio, que no excederá del 5% anual pagadero de los excedentes según el balance general del cierre de operación. Igualmente, la Ley es clara al establecer que las cooperativas no obtienen lucro.

Los excedentes que arroje el balance serán considerados como ahorros producidos por la gestión económica de la cooperativa. Igual la legislación obliga a las cooperativas a la creación de los siguientes fondos de reserva: a) Fondo de la Educación Cooperativa; b) Fondo General de Reserva, el cual no será dividido entre los socios aun en el caso de disolución de la cooperativa; c) otros fondos que considere la cooperativa para el logro de sus fines. Hay un punto importante es que los mencionados fondos de la Educación Cooperativa y Fondo General de Reserva, se reservarán con prioridad al pago de intereses sobre el capital o devolución de excedentes a los asociados.

Igualmente le prohíben pertenecer a cualquier tipo de asociaciones de comerciantes o productores Con lo anterior, sin excluir otras disposiciones establecidas en el Reglamento, así como del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP), se regula de tal forma el cooperativismo que difícilmente se puede posicionar como una organización que pueda competir en el libre mercado con las grandes empresas mercantiles.

Los defensores del libre mercado consideran que el potencial de crecimiento de la economía pareciera ser ilimitado. Pero observando el problema medioambiental que se nos viene encima, la crisis social mundial con la movilidad de inmensas masas humanas producto de la intolerancia causada por guerras, problemas étnicos, religiosos o la pobreza en que viven millones de seres humanos; se hace difícil minimizar al Estado como simple agente policial, renunciando a su responsabilidad con la sociedad toda. El enfoque de enfrentar a la sociedad con el Estado es equivocado. Ambos son parte integral de un todo y como tal no se pueden desafiar, sino actuar sobre la base de reglas claras con altura de miras teniendo como norte ideas de crecimiento sostenible y justicia social.

Solidaridad sin paternalismo

La oleada de neoliberalismo que permeo al mundo occidental en las últimas décadas del siglo XX y que aún persiste en muchos líderes políticos y sociales, así como en sectores del campo académico; se pronuncia a favor de una sociedad económica basada en el  laissez faire, laissez passer, en el dejar hacer, dejar pasar, altamente individualista; frente una sociedad económica basada en la solidaridad protegida por el Estado intervencionista. En medio de dichas posiciones polarizadas, el movimiento cooperativo encuentra espacio con su estandarte de libertad, tolerancia, equidad y solidaridad; entre la economía de mercado autoregulada y el Estado intervencionista.

El cooperativismo lo entendemos como un movimiento democratizador autolimitado, que procura extender y proteger espacios para la libertad, fomentando formas equitativas de solidaridad sin obstaculizar la autorregulación económica.

Tenemos presente el enfoque siempre vigente de Alexis de Tocqueville, quien argumentó que sin la participación activa por parte de los ciudadanos en instituciones igualitarias y en las asociaciones civiles, incluida las organizaciones políticas relevantes, no habría forma de conservar el carácter democrático de la cultura política o de las instituciones sociales o políticas. Precisamente, como el cooperativismo está basado en principios igualitarios y en la inclusión universal, la experiencia en la articulación de la voluntad política y de la toma de decisiones colectiva es de importancia fundamental tanto para la vigencia y el fortalecimiento del cooperativismo como para el vigor y perfección de la democracia.

El impulso que está recibiendo el cooperativismo en la República Dominicana mediante la promoción de las cooperativas agropecuaria por parte del Poder Ejecutivo, así como la revitalización del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP), es una oportunidad para conquistar éxitos parecidos a los que se han logrado en otras partes del mundo.

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