SANTO DOMINGO.- Las organizaciones que convocaron a la Marcha Fin de la Impunidad del pasado domingo solicitaron a la Procuraduría General de la República copia del acuerdo económico a que ella arribó con la empresa Odebrecht.

En una carta al procurador Jean Alain Rodríguez indican que «ese acuerdo debe ser hecho público, especialmente en esta coyuntura en la que se reclama transparencia y justicia».

Explican que «la información en el contrato será utilizada para completar los trabajos que realizamos para erradicar la corrupción y la impunidad en nuestro país».

Recuerdan que «según el artículo 8 de la Ley 200-04, la información requerida debe ser satisfecha en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles, con posibilidad de prórroga en caso excepcional».

«El Ministerio Público tiene la obligación de actuar conforme a lo establecido en la Constitución, las leyes y los tratados internacionales ratificados por la República Dominicana», expresan.

Agregan que «los funcionarios del Ministerio Público sujetarán sus actuaciones estrictamente a criterios de transparencia y desarrollarán sus potestades y atribuciones, adoptando las medidas administrativas que tiendan a asegurar el adecuado acceso a los funcionarios del Ministerio Público por cualquier interesado, de manera que permita y promueva el conocimiento de los procedimientos, contenidos y fundamentos que se adopten en el ejercicio de sus funciones, por cuanto, los actos y acuerdo, así como los documentos que le sirven de sustento o complemento son públicos».

El documento está firmado por Carlos Pimentel, de Participación Ciudadana, y Bartolomé Pujals, de Poder Ciudadano.

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SANTO DOMINGO.- La indemnización de 184 millones de dólares que pagará Odebrecht al Estado dominicano no detendrá las investigaciones sobre los sobornos por US$92 millones que presuntamente pagaron ejecutivos de esa empresa a funcionarios de la República Dominicana para garantizar la adjudicación de obras, aseguró el procurador general, Jean Alain Rodríguez.

«Bajo ninguna circunstancia se detendrá la investigación local abierta sobre este caso por el Ministerio Público», afirmó.

Explicó, asimismo, que las pesquisas se enfocan en identificar a través de diligencias puntuales y con el debido sustento probatorio a quienes recibieron soborno de la referida empresa.

Agregó en un comunicado enviado a ALMOMENTO.NET que «técnicos de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) realizan el análisis y las comprobaciones de rigor a informaciones recibidas mediante requerimientos a personas y entidades».

En otro orden, la Procuraduría informó que avanza en el proceso para estructurar la forma y tiempo en que Odebrecht deberá pagar al Estado dominicano la indemnización de US$184 millones.

Destacó la PGR que dicha indemnización «es la primera que nuestro país logra en un caso de este tipo».
Recordó que «ese monto equivale al duplo del soborno de US$92 MM que esa multinacional admitió en una corte de Nueva York que pagó para obtener contratos de obras del Estado dominicano desde 2001 hasta 2014».

Al menos 28 personas han muerto y más de 40 han resultado heridas en un asalto perpetrado por un comando del grupo yihadista Al Shabab en el hotel Dayah de Mogadiscio, donde se ha producido un intenso tiroteo, según fuentes médicas citadas por AFP.

Los terroristas han detonado un coche bomba a las puertas del hotel y han accedido al interior disparando indiscriminadamente. Minutos después, han detonado otra bomba en las inmediaciones del edificio, que ha dejado numerosas víctimas, entre ellas varios periodistas heridos.

La policía ha confirmado que el asalto ya ha finalizado, aunque el balance de víctimas es provisional y podría aumentar debido al gran número de heridos que están siendo atendidos en el hospital. En cualquier caso, el atentado es ya uno de los mas graves desde 2012 y el segundo contra un hotel en Somalia en lo que va de año.

Un ministro del Gobierno que en el momento del ataque se encontraba dentro del hotel ha relatado a Efe que, en el momento del ataque, había un gran número de parlamentarios reunidos en el interior debido al proceso electoral que se está desarrollando en el país. Asimismo, un parlamentario que se encontraba en el interior del edificio ha explicado durante el asalto que muchas personas permanecían escondidas para evitar los disparos de los terroristas.

La filial de Al Qaeda reivindica el ataque

El ataque ha sido reivindicado a través de la emisora de radio Andalus por Al Shabab, filial de Al Qaeda en Somalia, que lucha por instaurar un Estado islámico de corte wahabí en Somalia, donde controla grandes extensiones de territorio en el sur y el centro del país, y que en los últimos meses ha llevado a cabo numerosos atentados que han causado la muerte de decenas de civiles.

Un hombre herido recibe ayuda tras el atentado en el Hotel Dayah, cerca del Parlamento somalí

Los hoteles y restaurantes de la capital han sido objetivo constantes del grupo terrorista, que amenazó con intensificar los ataques en el país durante la celebración de las elecciones, pospuestas en numerosas ocasiones y que todavía no se han podido llevar a cabo.

Además, en los últimos meses, los terroristas han optado por una estrategia de confrontación directa y han lanzado varios ataques contra bases militares de la misión de la Unión Africana en Somalia (AMISOM), matando a centenares de soldados

La Misión de la ONU en Somalia (UNSOM) ha condenado «enérgicamente» el atentado en su cuenta oficial de Twitter, donde asegura que «los extremistas violentos nunca triunfarán en Somalia».

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SANTO DOMINGO, .- Al menos tres prominentes dirigentes del opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM) aparecen en la nómina de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), destacándose el caso de César Sánchez, quien es parte de una comisión que investiga posibles irregularidades en la contratación del proyecto Punta Catalina.

De acuerdo con la nómina de noviembre del 2016, la última colgada por la CDEEE en internet, además de Sánchez, con un salario de 350,000 pesos, figuran en el documento Martín Robles, líder de la Comisión de Energía del PRM, y nada más y nada menos que el expresidente del Senado, Ramón Alburquerque, estos dos últimos con salarios de 250,000 pesos.

Los tres dirigentes opositores figuran en la “Nómina de empleados contratados” de la Unidad Corporativa, el Departamento de “Unidad Ejecutora Proy. Generación”, y con “servicios profesionales” como función.

GINEBRA.- Expertos en derechos humanos de la ONU instó este miércoles a los legisladores dominicanos a proteger los derechos de las mujeres y las niñas a la salud sexual y reproductiva en el país, al apoyar la posición del presidente del país, Danilo Medina, contra las enmiendas “regresivas” al Código Penal relativas al aborto.

El llamamiento de los expertos se produce en momentos en que la Comisión designada para revisar las observaciones presidenciales a las modificaciones propuestas por el Congreso se prepara para emitir su informe, el cual será seguidamente votado por el Senado.

El pasado 19 de diciembre el presidente dominicano, Danilo Medina, vetó la nueva versión del Código Penal que “representa una grave regresión del derecho de la mujer a la salud”, sostienen los relatores de la ONU en un comunicado.

“Esperamos sinceramente que el Congreso dominicano aproveche este momento histórico para demostrar su compromiso de eliminar la discriminación de género en la legislación y promover los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de los adolescentes, de conformidad con sus obligaciones internacionales de derechos humanos”, señalaron.

Bajo la enmienda propuesta por el Congreso, la terminación de un embarazo sólo estaría disponible en un caso- cuando existe un riesgo para la vida de la mujer o la niña embarazada.

Sin embargo, la versión de 2014 despenalizaba parcialmente el acceso a los servicios de aborto en tres circunstancias- cuando la vida de una mujer o niña embarazada estaba en riesgo, cuando el feto no podía sobrevivir fuera del útero y cuando el embarazo era resultado de una violación o incesto.

“Negar el acceso de mujeres y niñas a servicios de aborto seguros por razones de riesgo a la salud, inviabilidad del feto y embarazo resultante de incesto y violación, ciertamente causará un prolongado y excesivo sufrimiento físico y psicológico a muchas mujeres”, subrayaron los expertos.

“Reducir el acceso a estos servicios de salud viola el derecho de las mujeres y niñas a ser protegidas contra la discriminación basada en género y tratos inhumanos, crueles y degradantes”, añadieron.

Los relatores de la ONU también advirtieron que las leyes restrictivas del aborto exacerban los riesgos para la salud y la seguridad de las mujeres afectadas, llevándolas a someterse a soluciones desesperadas que amenazan su vida.

jt/am