SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El gobierno pasó balance este miércoles a las metas presidenciales, durante una reunión de ministros encabezada por el presidente Danilo Medina en el Palacio Nacional.

Analizaron los resultados de 285 metas presidenciales, que a su vez tienen 423 indicadores de seguimiento correspondientes a ministerios, direcciones generales, organismos centralizados y descentralizados, correspondientes al mes de mayo.

El ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, destacó que “hoy en día, un 86.3% de las metas se encuentran en ejecución normal, un 3.51% presentan alertas de posibles retrasos, un 9.47% están detenidas o atrasadas y un 0.7% han sido terminadas”.

“Este sistema, como ya es del conocimiento público, tiene como objetivo informar al Presidente de la República, en forma periódica y oportuna, los avances y alertas de la gestión institucional”, manifestó.

Destacó la importancia de identificar las metas que no avanzan y las causas de esta situación, ya que eso permite concentrarse en solucionar las restricciones lo antes posible.

Más de 1,600 obras

Las metas están clasificadas en 27 categorías diferentes que abarcan las áreas sociales y económicas de prioridad para el Gobierno y se monitorean más de 1,600 obras de infraestructura, entre ellas 847 escuelas y centros educativos; 54 estancias infantiles; 100 hospitales y centros de atención primaria.

También 199 puentes carreteras y caminos vecinales; 381 redes de agua y acueductos; dos centros de atención a la discapacidad, y 47 proyectos de viviendas.

En el seguimiento participan la Comisión de Ética, que mide el índice de transparencia; la Contraloría General de la República, que evalúa las normas de control interno de cada institución, y la OPTIC, que monitorea la aplicación de las nuevas tecnologías en los servicios.

En la reunión participaron los ministros de la Presidencia, Gustavo Montalvo; Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta; de Defensa, Rubén Paulino Sem; de Interior y Policía, Carlos Amarante Baret; de Hacienda, Donald Guerrero; de Agricultura, Angel Estévez; de Obras Públicas y Comunicaciones, Gonzalo Castillo; de Salud Pública y Asistencia Social, Altagracia Guzmán Marcelino.

Además, el de Trabajo, José Ramón Fadul; de Turismo, Francisco Javier García; de Educación, Andrés Navarro; de Deportes, Danilo Díaz; de la Mujer, Janet Camilo; de la Juventud, Robianny Balcácer; de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Francisco Domínguez Brito; de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Alejandrina Germán; de Economía, Planificación y Desarrollo, Isidoro Santana, y el de Administración Pública, Manuel Ramón Ventura Camejo y la Viceministra de la Presidencia, Zoraima Cuello.

También asistieron el Contralor General de la República, Omar Caamaño; el Director General de Presupuesto, Luis Reyes Santos; el Tesorero Nacional, Alberto Perdomo; el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal; el Director General de Ética e Integridad Gubernamental, Lidio Cadet; el Director de Tecnologías de la Información y Comunicación, Armando García Piña, y la Directora de Metas del Ministerio de la Presidencia, María Curiel.

RIO DE JANEIRO (EFE).- La Fiscalía brasileña comenzará a entregar este jueves las pruebas sobre sobornos pagados por la constructora Odebrecht a autoridades de otros ocho países de América Latina, pero exigirá que la documentación se mantenga bajo sigilo hasta nueva orden, informaron hoy fuentes oficiales.

«El 1 de junio vence el plazo de sigilo internacional previsto en la cláusula contractual del caso Odebrecht y podremos entregar las pruebas que tenemos y que nos han pedido los fiscales de otros países», dijo a Efe un vocero de la Procuraduría General de la República de Brasil.

La fuente agregó que hasta ahora ocho países presentaron 22 solicitudes de documentos y testimonios de ejecutivos de Odebrecht.

Las pruebas fueron solicitadas por las fiscalías de Argentina, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela.

De acuerdo con el portavoz de la Fiscalía brasileña, con excepción de República Dominicana, que ya recibió toda la información solicitada gracias a que llegó a un acuerdo de cooperación con Odebrecht, los otros países comenzarán a recibir las pruebas el jueves.

Brasil podrá presentar las pruebas en las embajadas de los países solicitantes, como lo hizo con República Dominicana; entregarlas directamente a fiscales enviados a Brasilia por sus respectivos países, como planea Argentina, o enviar la documentación por correo.

El secretario de cooperación internacional de la Procuraduría brasileña, Vladimir Aras, explicó que la información será entregada al interlocutor con Brasil que cada fiscalía escogió para abordar los asuntos de cooperación sobre Odebrecht.

Las pruebas constan en los acuerdos de cooperación que Odebrecht suscribió con la justicia brasileña a cambio de reducciones en las condenas de 77 de sus ejecutivos que aceptaron confesar sobre casos de corrupción en la constructora.

El procurador general de Brasil, Rodrigo Janot, envió un oficio el lunes a los jefes de las fiscalías de los otros países para aclararles que las pruebas tendrán que permanecer bajo sigilo para no perjudicar las investigaciones contra las autoridades citadas por ejecutivos de Odebrecht.

Janot explicó que le pidió a la Corte Suprema de Brasil que mantenga el sigilo por «el posible interés de autoridades extranjeras en adoptar medidas para investigar los hechos denunciados por los colaboradores que pueden ser perjudicados si hay publicidad del material antes de que sea posible entregarlo a las autoridades respectivas».

El acuerdo de cooperación que Brasil firmó con Odebrecht el 1 de diciembre preveía un plazo de sigilo de seis meses sobre la información relacionada con la actuación de la empresa en otros países.

Para el procurador brasileño, «el fin de ese plazo no retira, automáticamente, la necesidad de sigilo de las informaciones, principalmente de las que serán enviadas al exterior mediante cooperación internacional».

La Corte Suprema brasileña ya retiró el sigilo sobre prácticamente toda la información suministrada por Odebrecht respecto a operaciones ilegales en Brasil.

Las confesiones permitieron a Brasil abrir decenas de investigaciones sobre la participación de Odebrecht en la financiación ilegal de campañas electorales, en el pago de sobornos a autoridades para obtener contratos de obras públicas y en operaciones financieras irregulares.

La dimensión internacional del escándalo se conoció a fines del 2016, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos, con el que Odebrecht también suscribió un acuerdo de cooperación, reveló que la constructora había admitido que pagó unos 788 millones de dólares en sobornos en doce países de Latinoamérica y África, incluido Brasil.

Las investigaciones iniciadas a raíz de esas informaciones han salpicado, entre otros, a los actuales mandatarios de Panamá, Juan Carlos Varela, y Colombia, Juan Manuel Santos, así como al expresidente peruano Alejandro Toledo.

En febrero pasado, en una reunión en Brasilia, diez países de América Latina y Portugal se comprometieron a colaborar en las investigaciones sobre la corrupción en Odebrecht.

SANTO DOMINGO.- El procurador general de Brasil, Rodrigo Janot, solicitó al Tribunal Supremo Federal de ese país que no divulgue las pruebas aportadas por ejecutivos de la constructora Odebrecht en las investigaciones por el escandalo de sobornos.

Janot también envió un oficio-circular a los jefes de los ministerios públicos de los países donde se han abierto investigaciones contra la empresa brasileña informándoles de la solicitud que hizo al Tribunal Supremo Federal de Brasil.

Alega que las investigaciones en esos países podrían verse perjudicadas si las declaraciones de dichos ejecutivos se divulgan antes de que sean dirigidas a las autoridades solicitantes.

Advierte que las solicitudes de cooperación que ha recibido Brasil solo pueden ser respondidas después de cumplido el plazo establecido en la clausula contractual de confidencialidad del caso Odebrecht, que tiene vigencia por seis meses, desde el 1 de diciembre de 2016, cuando los acuerdos fueron firmados.

Explica que el hecho de que haya terminado el plazo, no significa que automáticamente desaparezca la necesidad de mantener en secreto la información, en especial aquella que debe ser enviada al exterior.

La petición de Janot se basa en la convención de Mérida, que establece que “el Estado Parte requirente podrá exigir que el Estado Parte requerido mantenga sigilo acerca de la exigencia y del contenido de la solicitud, salvo en la medida necesaria para darle cumplimiento”.

Conforme el diario panameño La Prensa, este 1 de junio “no habrá divulgación pública del contenido de esa parte de la colaboración y consecuentemente se evitarán eventuales perjuicios a la investigación que se realiza actualmente”.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El senador Amable Aristy Castro dijo hoy que acudió a visitar a los detenidos por el caso Odebrecht porque todos son sus amigos.  «Yo vengo a ver a mis amigos. Todos son mis amigos. Soy amigo de todos los que están ahí».

Al referirse a la forma en que el Ministerio Público ha manejado el caso y sobre los arrestos de los imputados, dijo que «el aparataje, incluso cuando los llevaban de aquí al tribunal para la Suprema Corte de Justicia, tomando vías contrarias, son algunas veces espectáculos que el pueblo dominicano cree muchas veces, que por eso existe la desconfianza».

Explicó que el procedimiento a seguir para conocer la solicitud que hiciera el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, de despojar de su inmunidad parlamentaria a los senadores Julio César Valentín y a Tommy Galán, ambos del PLD, se le dará entrada hoy, por lo que habría que esperar la decisión del Pleno del Senado.

Ya son dos los dirigentes del Partido Reformistas Social Cristiano que han visitado a los apresados en el palacio de justicia de Ciudad Nueva, ayer lo hizo Ramón Rogelio Genao.

BERLÍN.- Un tribunal de Berlín negó a una madre el acceso a la cuenta en Facebook de su hija fallecida, argumentando que las leyes de privacidad superan a los derechos paternales, se conoció el miércoles.

La madre presentó una demanda para poder ingresar a la cuenta de su hija en la red social después de que la menor, de 15 años, murió por el golpe de un tren en 2012. La mujer desea averiguar si fue un accidente o si su hija se suicidó.

El tribunal regional dijo el miércoles que el deseo de la madre era comprensible, pero que concederlo constituiría un peligroso precedente.

Facebook aceptó la decisión y dijo que tratará de encontrar una solución “que ayude a la familia y al mismo tiempo proteja la privacidad de terceros”.

La madre puede apelar.

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(EFE).- El escándalo del caso Odebrecht golpea a los dos principales partidos políticos de República Dominicana, después de que varios de sus dirigentes hayan sido imputados por su presunta implicación en los sobornos que la empresa brasileña pagó para lograr obras públicas.

La acusación contra cinco dirigentes de la máxima dirección del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD), así como contra el presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM, principal de la oposición), el portavoz de la bancada de diputados de esa formación y otros dirigentes coloca a estas agrupaciones ante una difícil tesitura.

Cinco meses después de que estallará el escándalo de Odebrecht, que admitió haber pagado 92 millones de dólares en sobornos entre 2001 y 2014, período que abarca los Gobiernos de Hipólito Mejía (2000-2004), del PRM, así como los de Leonel Fernández (2004-2008 y 2008-2012) y del actual mandatario, Danilo Medina, ambos del PLD, la Procuraduría ordenó esta semana el arresto de 14 personas.

Del total de 14 involucrados, una decena de políticos y empresarios fueron detenidos el lunes, y en el caso de los tres legisladores, dos del PLD y uno del PRM, se ha pedido que se levante la inmunidad parlamentaria.

Al grupo se le acusa de los delitos de sobornos, asociación de malhechores, coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco, asuntos incompatibles con la calidad de funcionario público, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Entre los imputados figura el ministro de Industria y Comercio, Temístocles Montás, quien en una carta dirigida ayer al presidente Danilo Medina puso su cargo a disposición y defendió su inocencia, y posteriormente, en otra misiva, solicitó su suspensión temporal del principal organismo de dirección del oficialista PLD.

Hasta el momento, ni el Gobierno ni el PLD se han pronunciado sobre las peticiones de Montás, un veterano político dominicano que ha ocupado cargos en todos los gobiernos de la citada organización política, entre ellos ministro de Economía (2007-2016).

Todos los políticos imputados han defendido su inocencia y desde sus respectivos partidos políticos han puesto a su disposición sus equipos de abogados.

Las detenciones se produjeron poco después de que la República Dominicana recibiera de Brasil los datos sobre los sobornos pagados por Odebrecht en el país, gracias a un acuerdo entre el Ministerio Público y la multinacional, que deberá pagar 184 millones de dólares, el doble de lo que entregó en sobornos para hacerse con contratos de obras públicas entre 2001 y 2014.

Con este acuerdo, Odebrecht se comprometió a revelar los nombres de los beneficiados, a cambio de que sus empleados no sean enjuiciados en este país caribeño.

El principal partido opositor dominicano ha condenado el arresto de su presidente, Andrés Bautista, y de otros de sus dirigentes, y ha acusado al presidente del país, Danilo Medina, de encubrir a los verdaderos culpables de recibir los sobornos que pagó Odebrecht.

En una nota, el PRM denunció que «al grupo en el poder lo mueve la malsana intención de destruir a la principal fuerza política de la oposición y a la vez enlodar a los distintos sectores de la nación», para luego propiciar que permanezca igual el manto de impunidad que cubre a los grandes desfalcadores del erario.

Tras meses de movilizaciones en las calles de diferentes ciudades del país, grupos sociales como «Marcha Verde», consideraron que estas imputaciones son una conquista de la presión sostenida y contundente de la ciudadanía.

No obstante, creen que no habrá justicia plena hasta que no sean condenados todos los responsables de los delitos de sobornos, sobreevaluaciones de obras, lavado de activos y financiación ilícita de campañas electorales, así como devuelto el dinero robado y cancelados los contratos vigentes con Odebrecht.

Mientras la justicia dominicana decide si aplica prisión preventiva a los imputados, grupos como «Marcha Verde» ya han anunciado que continuarán con las movilizaciones al considerar que es el único camino que podrá garantizar que éste sea verdaderamente el inicio del fin de la impunidad en República Dominicana.