POR MARINO BAEZ

“La complicidad entre el presidente y otros sectores puede ser la chispa que encienda la inestabilidad. La alianza para el beneficio personal podría llevar a la ruina a una nación”.

Los principios que nos legaron nuestros padres fundadores, Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella, se encuentran en un momento crítico e inalienable, ya que están poniendo en entredicho la dominicanidad, con el cuestionamiento a los símbolos nacionales, llámese el Himno y nuestra enseña tricolor, mancillados bajo el irrespeto del actual gobernante y los empresarios del turismo y la construcción.

Nuestra nación ha sido puesta en peligro para que una cúpula rancia de poder económico e influencia política, violadora de los derechos sustantivos del dominicano, promotora del oportunismo, los antivalores, el irrespeto de las Leyes y el lavado de dinero, se ensañen contra la dominicanidad.

La conducta de estos antipatriotas es sumamente cuestionable, ya que están dispuestos a violar los derechos de los dominicanos y promover la injusticia. Somos un país valorado por el encanto debido a la cortesía que le impregnan sus habitantes a los cientos de miles de turistas que semanalmente visitan nuestra geografía territorial, sin embargo, hoy estamos sumergidos en el peligro vista la sinrazón de dos sectores (empresarial y de la construcción) que por lo visto están por encima de las leyes y las disposiciones de un gobierno que se podría calificar como indolente ante los reclamos y necesidades de la población.

Fallo

Existe un fallo en el fondo y la forma de gobernar la República Dominicana. Ese fallido problema de ingobernabilidad se estila en los partidos tradicionales, aupados por un sistema que siempre los ha favorecido a ellos, familiares y seguidores, aplicando como siempre el principio de Nicolás Maquiavelo de que “la política es el arte de lo conveniente”.

Si Juan Pablo Duarte se despierta querría volver a morir al percibir el dolor que le embarga tanta iniquidad, tanto oportunismo político, económico, sin virtud, sin ética y sin principio. Aún así, su legado en defensa de la nacionalidad permanecerá por encima de cualquier interés pecuniario y aunque los “DEMÓCRATAS”, si entre comillas, nos quieran imponer las cargas del sistema que han creado a su justa medida, seguiremos exigiendo respeto a la dominicanidad.

Duarte predicó con su palabra y vida ejemplar para que fuéramos justos, honestos, laboriosos y unidos, en aras de que pudiéramos lograr un país libre e independiente, ya que “nunca le fue tan necesario como hoy el tener salud, corazón y juicio, hoy que hombres sin juicio y sin corazón, conspiran contra la salud de la Patria”. Bajo estos preceptos, es oportuno destacar, que hoy el gobierno y los empresarios conspiran contra la nacionalidad porque no conocen ni les importan los principios duartianos.

El poder que no se ejerce con moral y apego a la verdad es más doloroso cuando es víctima de  un golpe de estado, en ese momento, se siente con mucho más profundidad, aunque “el dolor ajeno se torna más sentimental cuando el paciente muere inesperadamente”.

El presidente Luis Abinader es criticado por centralizar el poder en favor de su partido y en beneficio de ciertos sectores económicos, por lo que; debido a su ineptitud y falta de gerencia para gobernar, dicho mandatario se encuentra en el umbral de provocar un colapso social en el país. «Nuestra voz debe ser más fuerte que la ambición de aquellos que buscan arrebatarnos nuestros derechos».

La honestidad es el principio sine que non que debe tener un presidente para gobernar un país. Luego, es preciso que sea un promotor de la lealtad. El presidente Abinader ni es honesto, ni ha sido leal al pueblo dominicano, porque su forma de gobierno se cobija bajo el reinado de una democracia oportunista y centralista, dirigida a sectores de su conveniencia, que influyen en el poder a través del dinero turbio.

Los dominicanos debemos unirnos para enfrentar la alianza Gobierno-Empresarios contra nuestra nacionalidad y nuestra dominicanidad. La Patria peligra y no podemos permitir que grupos de poder sigan conspirando contra el país.

Unidos podemos enfrentar a los haitianos en las diferentes provincias, lograr un cambio positivo y construir un futuro mejor. No más oportunismo. ¡Es hora de actuar!.

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Por JUAN PABLO BOURDIERD

Cuando en enero de 2025, Donald Trump, el primer mandatario de Estados Unidos, ratificó la Orden Ejecutiva 14176, denominada «Desclasificación de documentos vinculados a los homicidios del presidente John F. Kennedy, el senador Robert F. Kennedy y el reverendo Dr. Martin Luther King Jr.», historia y relatos contados por expertos se sumergieron en un nuevo episodio. Desde aquel momento, miles de libros se volvieron anticuados y numerosas verdades oficiales empezaron a caer.

La publicación de más de 80,000 documentos previamente clasificados sobre el asesinato de John F. Kennedy no solo reavivó teorías conspirativas, sino que expuso con crudeza los entresijos del espionaje internacional en plena Guerra Fría. Entre ellos, destacan archivos que vinculan a Lee Harvey Oswald con Moscú y con amenazas provenientes del gobierno cubano.

Aunque estos documentos no revelan un “secreto final” sobre el magnicidio, ofrecen una mirada detallada sobre el clima geopolítico de la época. Las tensiones entre potencias, la paranoia nuclear y la infiltración de agentes encubiertos se entrelazan en un relato que mezcla política exterior con estrategia militar.

Uno de los archivos más intrigantes es una carta enviada desde Barcelona, que ha captado la atención de historiadores por su posible conexión con el asesinato de Kennedy. Aun así, la mayoría de los documentos desclasificados se centran en vigilancia diplomática, transcripciones de llamadas y perfiles psicológicos de líderes cubanos, sin ofrecer pruebas concluyentes.

Antes y después

Esta apertura documental, más allá de lo estadounidense, marca un antes y un después para todos los países que alguna vez interactuaron con la hegemonía de Washington. La desclasificación de archivos se convierte en una herramienta de revisión histórica global, que puede reconfigurar narrativas nacionales y derribar mitos largamente sostenidos.

En el caso de República Dominicana, podrían citarse archivos altamente sensibles. Por ejemplo, los documentos del régimen de Rafael Leónidas Trujillo (1930–1961), que incluyen operaciones del SIM, persecuciones a opositores y atentados internacionales, como el fallido asesinato a Rómulo Betancourt en Venezuela.

Asimismo, hay registros relacionados con la intervención militar estadounidense de 1965: informes de la CIA, actas del Consejo de Estado y documentos que explican el respaldo de EE.UU. al gobierno provisional de Joaquín Balaguer. Todo ello forma parte de una historia compartida que aún busca justicia y verdad.

También podrían emerger archivos sobre violaciones a derechos humanos durante los “Doce Años” de Balaguer (1966–1978), casos de corrupción político-empresarial, represión a movimientos estudiantiles o sindicales, e incluso documentos relacionados con el fallo del Tribunal Constitucional dominicano (TC/0168/13) sobre la nacionalidad de descendientes haitianos.

Tras esta liberación masiva de información, muchas figuras históricas se ven revalorizadas o cuestionadas. Algunos intelectuales reafirman la culpabilidad de actores previamente absueltos por la historia, mientras otros defienden su inocencia, respaldados ahora por nuevas evidencias documentales.

Lo que ha hecho Donald Trump con la Orden Ejecutiva 14176 no es solo un acto de gobierno: es una patada a la historia tal como la conocíamos. Su decisión obliga a repensar lo que creemos saber, y plantea una incómoda pero necesaria pregunta: ¿cuántas verdades ocultas aún duermen en los archivos del poder?

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