SANTO DOMINGO.- El consorcio Odebrecht -Estrella-Tecnimont insiste en que el Estado dominicano debe pagarle US$708 millones sobre el valor acordado cuando se inició la construcción de las plantas de Punta Catalina.

El Gobierno, de su lado, ha reiterado que no está dispuesto a pagar y se mantiene firme en que la obra sea concluida con el valor contractual de US$1,945 millones.

Las partes se reunieron este jueves en la sede de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) para debatir el tema, en donde hubo presentación de argumentos e interpretaciones de las condiciones del contrato de Ingeniería Construcción y Procura (EPC por sus siglas en inglés).

El punto coincidente fue que ambas partes tienen el interés de que la planta de 754 megavatios brutos sea terminada a finales del año 2018 como está previsto.

Los temas tratados giraron en torno a la naturaleza del contrato EPC, así como los reclamos sobre el difusor de descarga de agua de mar, la preparación de suelos y la altura del puerto.

Hablaron, además, del historial de pagos realizados con base a los hitos debidamente completados, los pedidos de aumentos de plazos, la fecha de terminación de la obra y la posible aplicación de penalidades establecidas en el contrato.

Rubén Jiménez Bichara, vicepresidente ejecutivo de al CDEEE, dijo que las disputas se han llevado a cabo con altura y que, independientemente de los puntos divergentes, está el interés común de concluir la obra energética para beneficio del país.

Agregó que la CDEEE agotará todos los procedimientos que establece el contrato en casos de divergencias, a los fines de lograr que la obra sea una realidad con lo originalmente presupuestado.

Dijo que aspiran a una sinergia que los lleve a mitigar los desafíos, y agregó que hay diferencias, pero que lo ideal es llegar a un punto de convergencia para la culminación del proyecto en el tiempo previsto.

De su lado, Jaime Aristy Escuder, administrador general de la Central Termoeléctrica Punta Catalina y quien fungió de moderador en el encuentro, señaló que la intención es mantenerse enfocados en dos puntos, que son: la continuación de las discusiones en procura de un acuerdo, y la firme determinación de terminar la planta.

Marcelo Hofke y Constantín Ciupuieru, representante del Consorcio, también expresaron sus deseos de que las partes se concentren en buscar el entendimiento que los lleve a alcanzar juntos el objetivo de que el próximo año Punta Catalina comience a aportar energía al país.

En el encuentro participaron, además, los ejecutivos de Odebrecht Pedro Schettino, ConstantinCiupuieru, Aldo Cocconi, David Di Biasi y Alberto Assanelli.

SANTO DOMINGO. El gobierno dominicano ha emitido un total de US$2,179.6 millones en nueva deuda durante los primeros ocho meses de este año, con lo que el nivel de endeudamiento del Sector Público No Financiero (SPNF) se ubicó en agosto pasado en US$28,937.5 millones, monto equivalente a 39% del Producto Interno Bruto (PIB).

De acuerdo con los datos publicados por la Dirección de Crédito Público, la mayor porción de ese impulso llegó por concepto de compromisos externos, los cuales pasaron de US$17,399.9 millones en diciembre del año pasado hasta los US$18,912.1 millones registrado en agosto.

Eso significó un aumento en ocho meses de US$1,512,2 millones de la deuda externa del SPNF.

En el primer semestre del año el gobierno hizo dos operaciones de bonos soberanos, una para financiamiento regular y otra por US$500 millones para cubrir los avances en la construcción de la planta eléctrica de Punta Catalina que, afectada por el escándalo de los sobornos de Odebrecht, tenía suspendida una línea de financiamiento a través de bancos europeos.

Entre tanto, la deuda emitida en el mercado doméstico subió desde US$9,358 millones al cierre de 2017 hasta US$10,025.4 millones, lo que se tradujo en un crecimiento de US$667.4 millones en los primeros ocho meses del año.

La deuda del SPNF no incluye la que contrata el Banco Central de la República Dominicana (BCRD) de la que no existen datos actualizados.

Recientemente, el gobernador del emisor, Héctor Valdez Albizu, reportó que para el mes de junio de este año la deuda pública consolidada —es decir, la que tienen el sector no financiero y el financiero— representaba 49.6% del PIB.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Comisión Clasificadora de Riesgos y Límites de Inversión de la Superintendencia de Pensiones , aprobó como alternativa la inversión de 2,500 millones de pesos para los Fondos de Pensiones en el Programa de Emisiones de Cuotas de Participación de Oferta Pública del Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Advanced Oportunidades.

El director general de Advanced Administradora de Fondos de Inversión, Felipe Amador,  dijo que la visión con este fondo es para contribuir con el desarrollo de empresas dominicanas que buscan una eficiente combinación de capital y deuda, para expandir su oferta de productos y servicios o lograr entrar en nuevos mercados.

Además informó, que con esta inversión han venido a abastecer a una porción del mercado que va creciendo cada vez más y que el fondo servirá como una fuente de financiamiento alterna, al pago bancario buscando brindar a las empresas selectas del país un espacio financiero que necesitan para poder crecer.

Felipe Amador participó en el programa “Econométrica” que conduce la economista Clara González.