«Mediante la imposición de lineamientos políticos e institucionales es posible vencer pero no convencer, y quien incurre en ello, a la larga pierde, ya que siembra la semilla de la ingobernabilidad», manifestó el exmandatario en un encuentro con seguidores.

Explicó que «el empeño de algunos legisladores de introducir el modelo de primarias abiertas para la escogencia de los candidatos electorales viola la Constitución y cercena el espacio democrático de los partidos políticos».

Sobre el supuesto distanciamiento que según algunos evidencian sus seguidores y los del presidente Danilo Medina, Fernández dijo que «habrá sectores que buscarán crear cizañas y sembrar la división en el partido, pero se encontrarán con la muralla de amor y armonía que cultivan la mayoría de los peledeístas».

Al mismo tiempo, la oposición pidió a los legisladores dar prioridad al proyecto de ley de reforma electoral.

Los partidos entregaron a Maldonado un documento en el que expresan su oposición a que se les imponga a las entidades políticas un modelo de elecciones internas, según un comunicado de la Cámara de Diputados.

Al encuentro asistieron los máximos dirigentes de los partidos Revolucionario Moderno (PRM), Reformista Social Cristiano (PRSC), Revolucionario Social Demócrata (PRSD), Alianza por la Democracia (APD) y Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC).

Asimismo, Fuerza Nacional Progresista (FNP), Humanista Dominicano (PHD), Partido Socialista Cristiano (PSC), Alianza País, Frente Amplio, Opción Democrática y Dominicanos por el Cambio.

El presidente de la APD, Max Puig, quien sirvió de portavoz del grupo, dijo que lo ideal es que el proyecto de ley electoral sea discutido conjuntamente con el de partidos y agrupaciones políticas, ya que ambos constituyen necesidades muy urgentes para el país.

De igual manera, abogó por una discusión profunda de ambos proyectos, a fin de garantizar que las leyes que resulten finalmente se correspondan exactamente con las aspiraciones de la sociedad d.

En representación del PRM habló su presidente, Andrés Bautista, quien reiteró que cada partido debe hacer su proceso interno con su padrón.

En términos similares se pronunció Federico Antún Batlle, del PRSC, quien advirtió que el sistema de primarias abiertas y simultáneas podría propiciar el caos y ocasionar gastos innecesarios en los procesos electorales.

En una carta, dirigida al secretario general de la OEA, Luis Almagro, los dos legisladores de origen cubano le solicitan que «trabaje con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para llevar a cabo una investigación inmediata y completa».

«Elogiamos su voluntad para alzar la voz contra los abusos que están teniendo lugar en Nicaragua y le urgimos a trabajar con la CIDH para investigar estos incidentes inmediatamente y trabajar con socios internacionales para llevar justicia a esas familias y rendición de cuentas a las fuerzas policiales», indicaron.

«Esas fuerzas (policiales) deben entender que no pueden actuar con impunidad», agregó la misiva, enviada hoy a la prensa por Rubio (republicano) y Menéndez (demócrata).

La OEA no tiene prevista ninguna reunión de su Consejo Permanente esta semana, pese a la gravedad de los sucesos ocurridos en Nicaragua desde que comenzaron las protestas hace ocho días.

Almagro emitió un comunicado oficial el pasado domingo condenando «la violencia que ha causado más muertes en Nicaragua», pero evitó atribuirla a un actor o actores específicos.

Ayer martes, escribió un mensaje en Twitter celebrando el anuncio de la Conferencia Episcopal de Nicaragua sobre el inicio del diálogo convocado por el presidente, Daniel Ortega.

«Esperamos que genere resultados para resolver los temas institucionales que afectan al país», afirmó.

La CIDH, órgano autónomo de la OEA, condenó ayer las muertes en las protestas y anunció que pedirá a Ortega autorización para hacer una visita de trabajo al país.

En un comunicado, la Comisión exhortó al Estado a garantizar «el estricto apego a los principios generales de legalidad, excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad en el uso de la fuerza en contextos de protesta social».

Como resultado de los diferentes actos de violencia registrados en las protestas de Nicaragua, las organizaciones no gubernamentales y la Cruz Roja nicaragüense contaban hasta hoy al menos 30 muertos, entre ellos dos policías, un adolescente y un periodista, 428 heridos, y más de 200 manifestantes arrestados o desaparecidos.

Los exmandatarios instaron al secretario general del organismo, Luis Almagro, a impulsar la adopción de medidas que «permitan la normalización institucional de Nicaragua y aseguren una paz social duradera».

Los exmandatarios señalaron que las masivas protestas civiles tras una fallida reforma a la seguridad social reflejan el «malestar social y democrático incubado, producto de graves alteraciones en el régimen de libertades» en Nicaragua.

Este lunes, una multitudinaria manifestación pacífica exigió la salida del poder de Ortega, que lleva once años gobernando ininterrumpidamente, y de su vicepresidente y esposa, Rosario Murillo.

En una declaración enviada a Efe, IDEA demandó el «cese la represión gubernamental», el repliegue de las fuerzas y grupos armados represores y el «respeto por la libertad de manifestación, de expresión, y de prensa».

Para atajar las revueltas, en las que han muerto al menos 27 manifestantes, según cifras de organismos humanitarios, el Gobierno de Ortega derogó el domingo pasado una reforma a la seguridad social que subía las cotizaciones y bajaba las pensiones.

Entre los fallecidos por disparos de las fuerzas de seguridad, hay un periodista que transmitía en vivo los acontecimientos.

De igual forma, los expresidentes mostraron su solidaridad con «las víctimas de la represión por parte del régimen Ortega-Murillo».

IDEA rechazó los «actos de represión que autoridades del Gobierno de Nicaragua y grupos armados a su servicio han realizado contra jóvenes y estudiantes universitarios».

La proclamación difundida por IDEA está firmada, entre otros, por José María Aznar (España), Mireya Moscoso y Nicolás Ardito-Barletta (Panamá), Laura Chinchilla Miranda (Costa Rica), Alfredo Cristiani (El Salvador), Fernando de la Rúa (Argentina) y Vicente Fox (México).

Osvaldo Hurtado, Lucio Gutiérrez, Jorge Jamil Mahuad (Ecuador), Luis Alberto Lacalle (Uruguay), Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica), Belisario Betancur, Álvaro Uribe y César Gaviria (Colombia) y Juan Carlos Wasmosy (Paraguay) también pusieron su firma.

Los acontecimientos de los últimos días en el país centroamericano han dejado además casi 500 heridos y provocado la denuncia de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que considera que varias de las muertes podrían definirse como «asesinatos no justificados».