Por  ARISMENDY RODRIGUEZ

Cada año, desde 2005, la Fundación por la Paz (Fund for Peace) presenta el Índice de Estados Fallidos o Frágiles (Failed States Index/Fragile States Index) publicado en la revista Foreign Policy. En dicho informe se evalúan por lo general 178 Estados, en base a doce indicadores, a saber: desigualdad, crisis económica aguda o grave, deterioro progresivo de los servicios públicos, criminalización o deslegitimación del Estado, presión demográfica creciente, movimientos masivos de refugiados y desplazados internos; descontento grupal y búsqueda de venganza, huida crónica y constante de población,   violación extendida de los Derechos Humanos; aparato de seguridad que supone un ‘Estado dentro del Estado’; ascenso de élites faccionalizadas e intervención, de otros Estados o factores externos.

Desde que se conoce el informe, los primeros lugares son ocupados por países del África. Haití se ha mantenido siempre entre los primeros 15 puestos.

El Índice de Estados Fallidos o Frágiles 2017 sitúa a República Dominicana como un Estado en alerta. Aunque ha ido levemente de menos a más, experimentando mejoras continuas en el índice, cae en el rango de países en alerta, si bien no es un Estado fallido o frágil propiamente dicho, sus fallas son tan profundas en algunos de los indicadores evaluados que pudiéramos acuñar el término de “Estado Fallando”.

En nuestro país quizás no se pueda hablar de crisis económica aguda, pero los niveles inflacionarios, el costo de la canasta familiar, un mercado laboral mayormente informal y una alta tasa de desempleo dan cuenta de un Estado Fallando.

La criminalidad y delincuencia exhiben niveles alarmantes. Nadie anda seguro, en cualquier momento y lugar usted puede ser víctima de algún antisocial, sin que las autoridades puedan encontrar la fórmula para enfrentar dicho mal de una forma eficaz. Al analizar el rol del Estado en cuanto garante de la seguridad de los ciudadanos, sin dudas que estamos ante un Estado Fallando.

El tema de la desigualdad también es una cuestión que nos coloca como un Estado Fallando. Existe una brecha gigante entre unos pocos que lo acaparan todo y los muchos que no tienen nada. Los niveles de pobreza son crecientes (casi la mitad de los dominicanos está en el límite de la pobreza).

La corrupción estatal parece incontenible, ha desbordado todos los límites. La corrupción y su hermana siamés, la impunidad, profundizan la desigualdad y la pobreza. La impunidad funciona como un elemento motivador para que los niveles de corrupción continúen y se extiendan. Pues, el funcionario público que roba el dinero del erario público y no recibe la consiguiente sanción, seguirá robando e incentivando a otros a hacer lo propio. De manera que se necesita la puesta en práctica de un régimen de consecuencias que funcione y reforzar los mecanismos de transparencia en el manejo de la cosa pública.

Nuestro país también exhibe un sistema de servicios públicos deficiente, cuando no inexistente. Servicio de agua y electricidad deficiente, a muchos dominicanos ni siquiera llegan estos servicios. El sistema de salud al borde del colapso, el dominicano que tenga como única opción recurrir a los hospitales públicos parece estar condenado a la muerte.

Son estas fallas y otras que, por cuestión de espacio no analizamos aquí, las que nos permiten admitir que la República Dominicana es un Estado Fallando. No hemos fracasado del todo, pero si no reaccionamos y como ciudadanos nos empoderamos la marcha hacia el colapso total será inevitable.

JPM

En una acción que pudiera calificarse de patriótica y apegada al más elemental raciocinio de la mentalidad humana, el Senado de la República aprobó recientemente un proyecto de Ley y una resolución que ameritan contar con el respaldo unánime de la Cámara de Diputados y la atención especial del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones.

Se trata nada más y nada menos que del proyecto de Ley que busca obligar a las empresas prestadoras de servicios de Telecomunicaciones a reponerle a los usuarios de teléfonos los minutos contratados, dejados de usar,  por el periodo de un año a beneficio de los clientes.

Esa iniciativa del vicepresidente del Senado Dionis Sánchez, fue alimentada con un proyecto de resolución de la autoría de varios legisladores que busca también regular el servicio de roaming que las empresas Telefónicas ofrecen a los usuarios, debido a lo costoso que resulta en un mundo globalizado en el que esa oferta ha disminuido extremadamente su precio en los países de la región.

Ambas iniciativas, van orientadas a resolver un problema que pudiera solucionarse de manera administrativa por parte del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, ya que la Ley 153-98, facultad al INDOTEL a tomar medidas de esa naturaleza cuando los usuarios son afectados de manera evidente por las empresas de Telecomunicaciones.

Es lamentable que en nuestro país, cuando suceden situaciones como las que en estos momentos afectan a la mayoría de los  consumidores, las Agencias encargadas de velar por la regulación de los servicios, no sean las primeras en tomar las iniciativas para corregir esas  distorsiones, y que siempre  tengan que ser organismos, que nada tienen que ver con la materia, como en éste caso lo ha hecho el Senado de la Republica, los que tengan que hacerlo para motorizar una buena acción.

Saludamos y felicitamos las medidas que en aras de buscarle una rápida salida a las injusticias que se cometen contra los usuarios de los servicios de Telecomunicaciones, han querido tomar los Senadores de la Republica, tanto con el proyecto de Ley, como con la resolución en cuestión en cuestión, ya que eso permitirá que los clientes de esas empresas se ahorren una fuerte suma de dinero que pierden por esa distorsión.

En lo que concierne a la resolución, todo el mundo sabe que más que fuerza de Ley, la misma lo que hace es una recomendación que puede ser acatada a no, por el INDOTEL, pero consideramos que por la justeza de su contenido el organismo regulador de las Telecomunicaciones debe aplicarla lo antes posible, porque son muchos los usuarios de las Telecomunicaciones que han sido estafados con altas sumas de dinero mediante el servicio de roaming, sin tener conciencia de lo que significa el mismo.

Estas iniciativas representan la gran oportunidad para que el INDOTEL termine casándose con la gloria, porque con su aplicación no solamente demostrara que está en condiciones de adoptar medidas administrativas que beneficien a todos los usuarios de los servicios de Telecomunicaciones del país, sino de que está en capacidad de hacer justicia con otras distorsiones que se presenten en el sector.

Tan pronto como la población dominicana se enteró de estas medidas para corregir esa iniquidad que se ha venido dando contra los usuarios de los servicios de Telecomunicaciones, se sintió la esperanza de que ese problema que está a la vista de todo el mundo y que de acuerdo al criterio generalizado de la sociedad constituye ser un robo vulgar, finalmente se solucionara porque a alguien que paga un bien no se le debe quitar por más que lo deje de usar.

Ese tipo de injusticias, robo o iniquidad, como se le pueda llamar, es muy común verlo en la sociedad dominicana, porque de igual ocurre con los clientes o pacientes del Sistema Dominicano de Seguridad Social, los cuales acumulan cada año unos 8 mil pesos para consumo de medicamentos y si por cualquier situación no logran consumir esa cantidad de dinero las ARS se quedan con esos recursos sin darle ninguna explicación a nadie.

Ojala que el proyecto de Ley del Senador de Pedernales Dionis Sánchez, sea el inicio de una nueva era encaminada a acabar todas esas distorsiones que se cometen en contra de la población dominicana que injustamente se ha visto obligada por décadas a pagar varias veces el mismo servicio que recibe en perjuicio de sí mismo y en beneficio de quienes más tienen.

agendasemanal@hotmail.conm