Posiblemente con algodones en los oídos, el relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y acompañantes escucharon las explicaciones que   ofrecieron por separado  el consultor jurídico del Poder Ejecutivo y el Pleno de la Junta Central Electoral (JCE) sobre los conflictivos temas de apátrida y discriminación racial contra  ciudadanos haitianos.

Esa comisión de la CIDH, encabezada por Luis Ernesto Vargas Silva, a cargo del portafolio de República Dominicana, vino en función de  equipo interventor, con la expresa misión de interactuar principalmente con voceros de organizaciones  que forman parte del entramado que promueve infamia contra el gentilicio nacional.

El presidente de la JCE, doctor Julio Cesar Castaños Guzmán, revelo a los  comisionados que como consecuencia de la aplicación de la ley 169-14 sobre regularización de indocumentados, de 61,049, inscritos irregularmente en el Registro Civil, un 93% ha sido beneficiado con la legalización de su situación migratoria.

En esa gente no se puede creer ni en el saludo que ofrecen porque representan a un órgano de fisonomía imperial que de manera arbitraria y abusiva incluyó a República Dominicana en el Capítulo IV referido a países que promueve apatridia,  discriminación o exclusión racial o que violentan derechos humanos de manera sistemática y grave.

La sentencia del Tribunal Constitucional que estableció una correcta interpretación del Constituyente dominicano en relación al alcance de la nacionalidad,  no despojo a ningún ciudadano de  su gentilicio, sino que ordenó regularizar las inscripciones fraudulenta ante el Registro Civil, lo que acato el Poder Ejecutivo mediante una ley.

Lo que procura reparar ese edicto fue un mayúsculo desorden migratorio  alentado por potencias  extranjeras que  desean que se convierta en  insalvable y en fuente  de unión forzosa de Haití y República Dominicana, aun sea dentro de 50 años.

Ningún ciudadano ha sido despojado de su nacionalidad, ni aun en los casos de fraude en la inscripción con documentos falsos en el Registro Civil; lo que  se ha ordenado es que toda persona en situación migratoria irregular debe regularizarse, para lo cual el Estado puso al alcance de los afectados todas las posibilidades jurídicas y administrativas.

La condición de racista y  de promover apatridia debería ser aplicada por la CIDH al gobierno de Estados Unidos por  decretar la deportación  dentro de 18 meses a 59 mil  haitianos o  al de Las Bahamas por disponer  la repatriación de todos los niños haitianos en condición de indocumentados.

Hay que rogarle al Grupo Bono, que organizo el baile de gagá ante las tumbas de los forjadores de la nacionalidad, como recibimiento  a los procónsules de  la CIDH, que hable bien de nuestro país, aunque  se adelanta que  a los dominicanos  nos importa un comino lo que digan o hagan esa gente.

El periodista Tony Pina, con el respaldo del Colegio Dominicano de Periodistas, entregó al Senado anteproyecto de ley  destinado  a  la preservación de la memoria histórica de la República Dominicana. La ley obligaría a publicar los archivos militares y policiales en lo relativo a las investigaciones criminales.

En el primer considerando el documento señala que las investigaciones criminales que realizan el Ministerio de las Fuerzas Armadas a través de sus organismos de inteligencia, la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Departamento Nacional de Investigaciones (DNI) y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), constituyen parte esencial de la memoria histórica.

Otra consideración ha sido que las investigaciones, tan pronto concluyen,  con sus correspondientes juzgamientos o destinos penales de cada caso, son archivadas en sus respectivas dependencias, donde pasan al olvido y, en el peor de los casos, son destruidas por interesados para no dejar constancia o evidencia del hecho investigado.

Los senadores  Euclides Sánchez (La Vega) y Adriano Sánchez Roa (Elías Piña) recibieron la pieza y se comprometieron a asumirla como suya hasta convertirla en ley, en pro de incentivar  la investigación académica y científica mediante la elaboración de tesis de grado o de búsqueda bibliográfica de hechos históricos.

La parte dispositiva del anteproyecto de ley tiene cuatro artículos. Son los siguientes:

ART. UNO: A partir de la promulgación de la presente ley se desclasificarán cada 20 años (entendiéndose este período el tiempo lo suficientemente transcurrido para que la divulgación de contenidos no ponga en riesgo o peligro la seguridad pública) los archivos militares y policiales en lo relativo a las investigaciones criminales.

ART. DOS: Los archivos desclasificados serán remitidos al Archivo General de la Nación para los fines de preservación y conservación de la memoria histórica y de consultas académicas y científicas.

ART. TRES: Las instituciones militares y policiales, así como todos los organismos de investigación criminal descritos en la presente ley, los cuales  tengan por naturaleza realizar investigaciones, deberán cada 20 años, automáticamente, desclasificar sus documentos mediante el envío de éstos al Archivo General de la Nación tan pronto transcurra el período de tiempo antecedentemente indicado.

ART. CUATRO: El Archivo General de la Nacional podrá informar al Poder Ejecutivo, en caso de inobservancia, sobre el organismo o ministerio que incumpla la disposición con la finalidad de que se le requiera a éste el envío de los documentos dejados de remitir, so pena de sanciones disciplinarias y penales.

Hay que desear que este proyecto se convierta en realidad.

JPM

Tengo un amigo -de mucho aprecio- que tiene una filosofía de vida, y entre los postulados de su filosofía hay uno que he hecho mío: “Lo que está tranquilo, se deja tranquilo”.

En inobservancia de esa filosofía –que nadie, mucho menos una institución pública, está obligado a observar-, la JCE al presentar y traer, al menos en la forma, un tema, si se quiere, ya superado: los escáneres que no funcionaron, en algunos colegios electorales; y, de paso –por inferencia o extrapolación (en algunas cabezas calenturientas del sindicalismo político, al estilo Max Puig y comparsa)-, unos comicios -2016- que ninguna misión de observación electoral nacional o internacional puso en entredicho, a menos que no hablemos de una que otras fallas técnicas u observaciones para mejorar nuestro sistema electoral.

Y si no me equivoco, con el ex titular (y con el actual -2006-2010-) de la JCE, Roberto Rosario Márquez –a quien solo he visto, y ni siquiera hablado-, esa institución rectora de todo el andamiaje técnico y organizacional de las elecciones nacionales y de ultramar, nuestro país superó los famosos fraudes electorales, los conteos interrumpidos –con apagones de luz, incluido- y las recurrentes o inevitables comisiones de “Notables” (tras cada elecciones) para apaciguar o atenuar dos falencias históricas de nuestros actores políticos: a) la falta de un código del perdedor; y b) el creer –por el “galloloquismo” político-cultural- que el país se acaba en cada elecciones.

Pero algo más, con la pasada gerencia de la JCE –a pesar de la  supuesta, o real,  tozudez que se le adjudicaba al presidente de ese organismo- el país también logró crédito internacional, pues, en múltiples ocasiones, esa institución nuestra, dio asistencia técnica a varios países hermanos del hemisferio –entre ellos, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Paraguay y Honduras- en materia de “…transmisión y cómputo electoral y elecciones municipales”. Entonces, de por Dios, dejemos el obsoleto complejo de Guacanagarix -a la inversa- y valoremos y acojamos, de buena ganas, lo que de afuera se nos reconoce –o se nos reconoció en su momento-.

Y con lo que estoy diciendo, no quiero -¡Dios me libre!- que nadie vaya a pensar que estoy defendiendo al Dr. Roberto Rosario Márquez ni al anterior pleno de la JCE –incluido el ex miembro titular y ahora actual vocero del ex presidente Hipólito Mejía-, o que me opongo a que los escáneres esos sean auditados, verificados o investigados (incluso, lo de su compra-licitación). ¡No! A mí me da –como dice otro caro amigo- “Tres pitos y la flauta de Bartolo” que se bata -hasta que hieda- el tema de los escáneres. Total, yo “no tengo vela en ese entierro”, como dice el refrán.

Lo que está fuera de discusión, es, que tenemos un presidente -Danilo Medina- legítimo, elegido en buena lid y que obtuvo una votación histórica: ¡casi el 62%! Y esa proeza, donde no hay un código del perdedor, es de difícil aceptación-asimilación en el horizonte mental de una oposición política-electoral –e intelectual- que no fue capaz de unificarse-aliarse –ni antes ni durante las elecciones de 2016-, pero que, una vez derrotada, se pusieron de acuerdo (¡igualito que en el 2012!) para dizque la levantar la tesis de “gobierno ilegitimo”, “dictadura de partido único” y que ochocuánto más…

JPM