El asesinato de tres políticos esta semana en los estados de Jalisco y Guerrero marcó de nuevo la trascendencia del mal endémico de la violencia que sufre el país al registrarse en los primeros 11 meses del año un total de 23.101 homicidios, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

A falta de las cifras de diciembre del Sistema, el 2017 se ha confirmado ya como el año más violento en México en las últimas dos décadas al superarse los 22.409 asesinados ocurridos en 2011.

Con estas estadísticas, México se sitúa apenas por debajo de Siria, un país que tiene un conflicto interno, criticó el aspirante presidencial izquierdista Andrés Manuel López Obrador, que atribuye la violencia a la corrupción del gobierno federal.

El número de asesinatos disminuyó en los dos primeros años de la Administración del presidente Enrique Peña Nieto, para repuntar de nuevo en 2017.

No obstante, la tasa de homicidios por cada 100.000 ha disminuido, de 18,70 en 2017, comparada con el 19,37 con el que cerró el 2011, en el Gobierno del presidente Felipe Calderón (2006-2012).

El Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, aseguró en entrevista con el diario mexicano El Universal que la situación de violencia que se vive en 2017 es diferente al contexto que había en 2011.

«Recordamos muy bien cómo estábamos en esas fechas y la situación de ahora no tiene nada que ver. Probablemente el número sea superior o igual, pero la situación es diferente», apuntó Sales al afirmar que la tendencia de homicidios «se prevé a la baja».

Entre las víctimas más recientes de la violencia están un coordinador del centroizquierdista Movimiento Ciudadano en el estado de Jalisco, un diputado de la misma entidad del izquierdista, y el alcalde de Petatlán, estado de Guerrero, asesinados a balazos esta semana.

En este clima de violencia, la inseguridad ha marcado el inicio oficial de la campaña de las elecciones presidenciales del próximo 1 de julio de 2018 en las que se renovará también un total de 3.407 puestos en 30 de los 32 estados del país, incluido el Congreso de la Nación.

Actualmente el proceso se encuentra en una fase de precampaña en la que los aspirantes presidenciales formalizarán el respaldo de sus partidos políticos, para después preparar la campaña electoral que transcurrirá del 30 de marzo al 27 de junio de 208.

El precandidato del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Antonio Meade, abrió el debate sobre la responsabilidad política del aumento de la violencia al afirmar que la oposición gobierna cuatro de los cincos estados con mayor violencia y que en cambio su formación tiene el poder en cuatro de las cinco entidades con menor crecimiento de la violencia.

«De los cinco estados donde menos ha crecido la violencia, de hecho donde ha caído, cuatro de los cinco están gobernados por el PRI», declaró Meade en un mitin con miembros de su partido en Guadalajara, occidente del país.

Ricardo Anaya, aspirante presidencial de la coalición Por México al Frente formada por el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Movimiento Ciudadano (MC), respondió que en México la inseguridad tiene como punto de origen la «ineficacia del PRI» para gobernar y su estrategia de seguridad.

«Le digo al PRI y le digo a su candidato que por una vez en su vida tengan vergüenza y que por una vez en su vida asuman su responsabilidad: el país tiene un problema de violencia y el gobierno federal tiene que asumir su responsabilidad», acusó Anaya.

López Obrador, candidato del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), del Partido del Trabajo y del Partido Encuentro Social, destacó que la corrupción es una de las principales causas de la violencia que ha hecho de México el segundo más inseguro después de Siria.

Además de la inseguridad y las elecciones presidenciales del 2018, durante este año México tiene como retos la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), vigente con Estados Unidos y Canadá desde 1994.

of-am

Dos de los asesinatos en cuestión ocurrieron en el Centro de Detención Preventiva para Hombres de la Zona 18 de la ciudad de Guatemala y el otro en el Centro Juvenil «Gaviotas», al que la CIDH otorgó medidas cautelares en julio de este año.

Los tres asesinatos se cometieron el 6 de diciembre y los internos murieron por «asfixia».

La Comisión advirtió de que la violencia está enquistada en las cárceles guatemaltecas por los «conflictos entre grupos de reos contrarios entre sí, y la falta de control efectivo de las autoridades al interior de los centros de reclusión».

Entre 2010 y 2014 hubo 23 asesinatos, mientras que en 2015 fueron 59 y en 2016 hubo 57.

La CIDH recordó a Guatemala que «tiene el deber jurídico ineludible de adoptar acciones concretas para garantizar los derechos a la vida, integridad personal y seguridad de los reclusos».

También «la obligación de investigar de oficio y con la debida diligencia todas aquellas muertes de personas que se encuentran bajo su custodia».

Respecto a los centros de detención juvenil, la CIDH dijo que las situaciones de «hacinamiento, insalubridad, violencia, inseguridad, motines y fugas (…) no suponen hechos aislados sino situaciones estructurales y endémicas».

Asimismo, recordó al Gobierno de Guatemala que las medidas cautelares otorgadas al centro «Gaviotas» por «motines, fugas y actos de violencia con resultado de muerte» tienen como objetivo «proteger la vida y la integridad personal de los internos».

Con respecto a estos jóvenes detenidos, la Comisión comentó que Guatemala «debe asumir una posición especial de garante con mayor cuidado y responsabilidad». 

of-am

El sondeo, llevada a cabo a por la aseguradora MassMutual, afirma que en lo referente a las prioridades financieras de los hispanos, sólo el 50 % cree importante depositar dinero en una cuenta de ahorro para la jubilación y sólo el 51 % ve prioritario alimentar un fondo de emergencia.

Sin embargo, un 63 % de los hispanos considera importante poner dinero en una cuenta de ahorro a corto plazo, al igual que desarrollar o revisar un presupuesto.

Entre las prioridades financieras más destacadas de los hispanos, según el sondeo, están revisar el saldo de la cuenta corriente (89%), monitorear los gastos (87%) y hacer un seguimiento de los objetivos financieros ( 68%).

Además, los latinos consultados también revelaron que apoyan financieramente o administran las finanzas de otros miembros familiares en comparación con la población en general.

Así, los hispanos que dijeron administrar las finanzas de más de una persona de su familia, incluido su cónyuge o pareja, ascendió a un 61%, frente al 50% de los no hispanos, mientras que un 46% dijo hacerlo a sus padres o suegros, comparado con el 33% del resto de la población, y un 40 % a los hijos (33% de los no hispanos).

Según los responsables de la encuesta, estos resultados no son sorprendentes dado el fuerte enfoque cultural en la familia y una mayor probabilidad de vivir en un hogar constituido por varias generaciones.

La encuesta la llevó a cabo la empresa PSB entre el 7 y el 28 de septiembre pasado entre 10.000 estadounidenses mayores de 18 años, entre los cuales 1.077 se identificaron como hispanos. 

of-am