SANTIAGO.- La Iglesia católica chilena sufrió ayer sábado un nuevo golpe luego de que el obispo de Rancagua, Alejandro Goic, presentara su renuncia a la presidencia del Consejo Nacional de Prevención de abusos sexuales de la Conferencia Episcopal, que investiga denuncias contra sacerdotes.

La Conferencia Episcopal de Chile «luego de deliberar sobre las razones aducidas y dialogar con él (Goic), ha procedido a aceptarla con fecha 26 de Mayo del presente año», indicó un comunicado del Comité Permanente del episcopado, difundido ayer sábado.

Sumida en una crisis por encubrimientos y denuncias de abusos sexuales, la jeraquía católica chilena recibió la renuncia de Goic al consejo, que fue creado en 2011 tras el escándalo provocado por el influyente cura Fernando Karadima, acusado de pederastia y suspendido de por vida por el Vaticano.

Siete años después, a Goic le explotó en la cara un nuevo escándalo en el que 13 sacerdotes y un diácono de Rancagua fueron acusados de delitos sexuales y onerosos gastos personales con dinero de la Iglesia, tras las denuncias de una feligresa, Elisa Fernández, realizadas al canal 13 hace una semana.

«Comprendemos que las actuales necesidades y dificultades que han ocurrido en la diócesis que pastorea han hecho necesaria esta determinación», agrega la nota episcopal.

Goic, quien presidió el consejo desde su creación, manifestó que su decisión de dimitir se debe a su necesidad de «concentrar sus esfuerzos para esclarecer» las denuncias en contra de los 14 religiosos, según una entrevista difundida por el diario La Tercera.

Los denunciados habrían creado una red denominada ‘La Familia’ en cuyo seno realizaron actos sexuales con personas de distintas edades, durante al menos una década, según las declaraciones de Fernández, excoordinadora de la pastoral juvenil de Rancagua.

«La comunidad nos mira a todos con desconfianza, a los cristianos, y nosotros estamos indignados, queremos cambiar eso», manifestó, por su parte, Gustavo Madrid, vocero de la red de Laicos de Chile, quien teme además que los casos de abusos puedan multiplicarse.

El Consejo de prevención de abusos está conformado por cuatro religiosos y cuatro profesionales. Ahora será presidido por Juan Ignacio González, obispo de San Bernardo, comuna del sur de Santiago.

– Investigación –

El obispo de 78 años anunció que se inició una investigación a los 13 sacerdotes «por uso de dinero parroquial en gastos personales o por conductas impropias en relación al celibato, que no corresponden con su misión sacerdotal».

«Les pido que recen por mí, para que no desfallezca en la búsqueda de la verdad, por muy dolorosa que sea», añadió.

Goic explicó que de los 13, el sacerdote Luis Rubio de la localidad de Paredones (242 km al sur de Santiago) es el único que fue denunciado por abusos sexuales a menores hace dos semanas tras lo cual fue suspendido y los antecedentes del caso fueron derivados al Vaticano y a la justicia civil.

Concluida la investigación, Goic determinará la gravedad de los delitos cometidos tras lo cual tomará la decisión si es necesario, de iniciar un proceso canónico en contra de presuntos responsables.

Tampoco descartó la posibilidad de acudir a la Congregación para la Doctrina de la Fe, órgano colegiado del Vaticano que investiga este tipo de hechos.

La Fiscalía de Rancagua, ante la cual Goic prestó declaraciones el miércoles, también abrió una investigación «por eventuales delitos sexuales contra menores» en base a las denuncias de Elisa Fernández.

– Iglesia en Crisis –

La renuncia de Goic al Consejo es un duro golpe a la Iglesia chilena, sumida en una profunda crisis por los abusos sexuales a menores y su posterior encubrimiento, cometidos por Karadima en los años 80 y 90 en la parroquia del exclusivo barrio de El Bosque en Santiago.

El obispo de Osorno (sur), Juan Barros, un acólito de Karadima, está acusado de haber encubierto los actos de Karadima, hecho que marcó la visita del papa Francisco a Chile en enero. El pontífice defendió a Barros en primera instancia, pero tras pedir una investigación al obispo de Malta Charles Scicluna y reunirse con víctimas de Karadima, su posición cambió.

Francisco admitió haber «incurrido en graves equivocaciones de valoración y percepción de la situación» tras conocido el resultado de la investigación de Scicluna.

Hace dos semanas convocó a todos los obispos chilenos a Roma a quienes recriminó por su manejo de las denuncias de abusos, ante lo cual, los prelados le presentaron su renuncia, aunque aún se mantienen en sus puestos a la espera de la decisión del pontífice.

Nueve víctimas de Karadima, siete curas y dos laicos, se reunirán en junio con el Papa, quien ajusta una profunda reestructura en la Iglesia chilena.

CARACAS.- Veinte presos políticos que permanecían detenidos desde abril pasado fueron liberados en Venezuela.

Las excarcelaciones “solo han ocurrido en el estado Zulia (noroeste)”, señaló en Twitter Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal, que cifra en unos 350 los presos políticos en el país.

“No son de manifestaciones del año 2014 ni de manifestaciones del año 2017. Son protestas sociales que pasaron a ser presos políticos precisamente porque el objeto es intimidar, es evitar que protesten”, añadió Romero al tiempo que denunciaba que mientras se anuncia la liberación de algunos, se arresta a otros, pues según dijo, este viernes hubo dos detenciones.

Una primera avanzada de liberaciones en horas de la mañana, según Romero, tuvo como beneficiarias a 14 personas aprehendidas durante protestas por los continuos cortes de electricidad en Zulia. Otras seis quedaron en libertad en la tarde.

El jueves, tras jurar como presidente reelecto ante la oficialista Asamblea Constituyente que rige el país, Maduro ofreció la liberación de opositores presos para “superar las heridas que dejaron las guarimbas (protestas violentas)”.

WASHINGTON.- El presidente Donald Trump recibió por lo alto a Joshua Holt, el ciudadano estadounidense que fue liberado hoy por Venezuela tras casi dos años encarcelado, aunque evitó dar las gracias al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

“Quiero darte la bienvenida al Despacho Oval y a la Casa Blanca.

Es muy especial tenerte aquí. Tú has pasado por muchas cosas, más que la mayoría de la gente. Luchaste cada día”, dijo Trump a Holt en el despacho presidencial, en el que también se encontraban la esposa de Holt, Thamy, liberada hoy también, y sus padres.

Trump agradeció el trabajo en equipo de las autoridades estadounidenses, incluyendo el Departamento de Estado y los senadores republicanos Ornin Hatch y Bob Corker, principalmente, pero evitó mencionar a Maduro o cualquier cargo venezolano.

Quién sí quiso agradecer a Maduro la liberación de Holt fue su madre, Laurie Moon Holt, que ha sido la cara visible de la lucha por el regreso de su hijo desde que fuera detenido en junio de 2016.

“También quiero dar las gracias al presidente Maduro por liberar a Josh”, dijo la madre del preso liberado después de que Trump le diera la palabra.

“Eso es muy amable”, comentó el presidente estadounidense al respecto.

SANTO DOMINGO.- El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) sometió a la Justicia a cinco funcionarias de la Oficina Nacional de la Defensa Pública (ONDP)  tras acusarlas de cometer «acciones fuera de la ley».

Las sometidas son Laura Hernández Durán, directora de la Oficina Nacional de la Defensa Pública; Ángela Ramírez Cepeda, directora técnica; Esmeralda Rodríguez Peguero, encargada jurídica; Lissy Méndez Alcántara, directora de Compras, y Virginia Ramírez Albilla, directora técnica.

Miguel Surun Hernández, presidente del CARD, depositó la querella contra el grupo  por ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción (PEPCA).  Dijo que las imputadas han incurrido en prevaricación, coalición de funcionarios, falsedad en escritura pública y asociación de malhechores, infracciones sancionadas por los artículos 112, 114, 123, 124, 125 y otros del Código Penal; así como por la Ley 311-14 sobre Declaraciones Juradas de Bienes.

Dijo que solicitó al PEPCA una investigación sobre el manejo irregular en dicha oficina de más de 3,000 millones de pesos.

“Acudimos al PEPCA porque tenemos pruebas de todas las situaciones irregulares en gestión humana y financiera que se registran a lo interno de la Oficina Nacional de la Defensa Pública, las cuales han sido ignoradas por las actuales autoridades”, expresó.

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