SANTIAGO.- El director general de Impuestos Internos, Magín J. Díaz, expuso ante el empresariado de esta ciudad los avances de la institución recaudadora para viabilizar la aplicación de la Ley contra el Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo, como la elaboración de cinco normas generales, la capacitación de 1,700 sujetos obligados y la realización de 400 inspecciones in situ.

Al disertar con el tema: “Avances Recientes en la Lucha contra la Evasión y Nuevo Rol en el Marco de la nueva Ley de Lavado 155-17”, Díaz cito como otro avance  importante el proyecto de depuración de los aproximadamente 16,000 sujetos obligados de la DGII. El funcionario fue el orador invitado del almuerzo empresarial de la Cámara Americana de Comercio en Santiago.

Agregó que se han realizado más de 40 reuniones/talleres con diferentes gremios y sujetos obligados, a los fines de retroalimentarles y socializar los avances de la Ley, su Reglamento de Aplicación y las normas sectoriales.

Destacó los acuerdos de cooperación interinstitucional entre la Procuraduría General de la Republica, el Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo, el Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Impuestos Internos, así como el acuerdo de cooperación entre la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Valores a los fines de coordinar la supervisión conjunta de las fiduciarias y sus fideicomisos

Al analizar las estadísticas sobre el tema reveló que se han recibido más de 410 solicitudes de información vía correo electrónico o Centro de Contacto; 12 informes de inteligencia financiera analizados y remitidos a la Gerencia de Fraude; 28 consultas vinculantes contestadas por correspondencia; 33 certificaciones de no sanciones administrativas y 24 amonestaciones escritas.

Dijo que la nueva la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo trae novedades como ampliación o definición precisa de los sujetos obligados, inclusión de nuevas autoridades competentes, nuevos delitos precedentes, aumento significativo de las multas y sanciones, novedosas tipificaciones del lavado de activos y financiamiento al terrorismo, nuevas modalidades para el envío de los reportes de operaciones sospechosas y transacciones en efectivo.

Otro de los aspectos más relevantes-dijo-es la inclusión del delito tributario como precedente de lavado de activos.

Por otro lado, declaró que la DGII ha tomado una serie de medidas para mejorar la Administración Tributaria y facilitar el cumplimiento de los contribuyentes y citó como ejemplo la reforma administrativa del esquema de comprobantes fiscales, “la cual ya está en marcha; y que se consolidará en el mes de mayo con el vencimiento de los actuales NCFs y vigencia de las nuevas secuencias de comprobantes”.

Díaz manifestó que su gestión ha enfrentado con decisión muchas malas prácticas de evasión, elusión, planificación fiscal y el fraude. “En los últimos meses hemos logrado condenas por defraudación en los Tribunales; y medidas de coerción con prisión preventiva en Najayo y La Victoria; presentación periódica e impedimento de salida. También se han logrado condenas contra personas que se hacían pasar por fiscalizadores de DGII”, manifestó.

Agregó que en la actualidad la DGII involucra no sólo a los asesores, sino a los contribuyentes, beneficiarios del esquema con dos objetivos: recuperar el impuesto evadido de aquellos contribuyentes que cooperan y rectifican y someter, junto al asesor, a aquellos que no rectifican ni se presentan ante la Administración Tributaria.

“La estrategia para enfrentar la evasión es integral y requiere colaboración de todos”, concluyó el director de Impuestos Internos.

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En la VIII Cumbre de las Américas de Lima se aprobaron dos documentos de incidencia gubernamental: El “Compromiso frente a la Corrupción” y la “Declaración sobre Venezuela”.

Además, en la parte privada, la III Cumbre Empresarial de las Américas “Hecho en las Américas”, patrocinada por el BID auspició un sustancioso reporte del “Diálogo Empresarial de las Américas”, (Americas Business Dialogue, ABD) titulado: “Acción para el Crecimiento. Recomendaciones de Políticas y Plan de Acción 2018-2021 para el Crecimiento en las Américas”. Sus 124 páginas y 42 recomendaciones “… se ofrecen con el objetivo de consolidar la gobernabilidad democrática frente a la corrupción y una mayor transparencia en la región”, y cubrieron 5 ejes: 1.-Fortalecimiento de la transparencia y la integridad. 2.-Digitalización del crecimiento. 3.-Comercio para el mañana. 4.- Energía para el desarrollo y 5.-Habilidades del Futuro. Al igual que en el “Compromiso”, la corrupción es un tema nodal del ABD.

Las 8 primeras recomendaciones abarcan el “Fortalecimiento de la Transparencia y la Integridad”  fundamentadas en este análisis: “Evidencia empírica demuestra que la falta de transparencia e integridad puede afectar la productividad y el crecimiento económico de los países. Se estima que entre el 10% y el 25% del valor de las compras públicas se pierde por la corrupción. Según la ONU, las compras del sector público puede alcanzar en muchos países una suma equivalente al 15% y el 30% de su PIB, lo que demuestra que la pérdida económica resultante de la corrupción puede ser sustancial”. Un 25% de corrupción en las compras de un 30% del PIB equivalen a 7.5% del PIB, que es un valor varias veces superior al déficit fiscal dominicano. Con esos parámetros máximos de la ONU, controlando la corrupción, desaparecería el déficit fiscal en los países. Prosigue el reporte: “Las acciones y los efectos de la corrupción no se limitan únicamente al sector público o al privado; de hecho se trata de un tema de responsabilidad compartida, que exige una solución conjunta”. El CONEP, como miembro del ABD, que aglutina 300 empresas y organizaciones del Hemisferio cumplirá, por su parte, y dará seguimiento al cumplimiento del gobierno de las recomendaciones sobre Transparencia del Dialogo Empresarial.

Las recomendaciones del número 25 a la 38 se refieren a “Energía para el Desarrollo”. La 28 señala: “Desarrollar e implementar estrategias para modernizar las redes eléctricas, promoviendo la confiabilidad y la seguridad (incluida la ciberseguridad) y reduciendo costos a través de una mayor eficiencia”. El BID ha apoyado económicamente, a las EDES pero la semilla no fructificó. En Marzo, las pérdidas eléctricas fueron 29.5%, destacándose negativamente EDEESTE, con pérdidas de 36.5%. Danilo había prometido que las pérdidas bajarían a 25% en 2016.

La recomendación 27 reza: “Establecer un proceso transparente del marco institucional, que incorpore la experiencia del sector privado, para facilitar la planificación energética a largo plazo y el desarrollo sostenible del gas natural a fin de mejorar la diversificación y la resilencia de la producción energética. La 30 aconseja: “Incentivar la inversión transparente en infraestructura a través de alianzas público-privadas capaces de generar valor agregado y focalizadas en la energía, el transporte y la logística”. Las recomendaciones 27 y 30 se complementan y refuerzan entre sí. Siendo Punta Catalina estatal, no una alianza público-privada,  escribí al  BID, para que rechace que, sin su autorización, lo vinculen con ese cuestionado proyecto.

El ABD señala: “La región ya es líder en consumo de energía renovable “. Aquí, superando trámites burocráticos casi insalvables y afrontando  reducción de  incentivos, decretada por Danilo en 2012, el sector privado ha desarrollado, con fondos propios, múltiples proyectos de generación eólica, solar y con biomasa.  No ocurrió lo mismo con la hidroelectricidad, que debe desarrollarla el estado. Desafortunadamente Danilo terminará  8 años de gobierno en 2020 sin haber inaugurado ni siquiera una gran Presa. Sería ilusorio terminar Monte Grande antes del 2020.

Danilo debería interpretar los signos de los tiempos y admitir que la lucha contra la corrupción no corresponde a individuos aislados .Como pudo constatar por sí mismo en Lima, se trata de un grave asunto institucional con implicaciones internacionales. Recientemente también el FMI decidió incluir el análisis de la corrupción en la evaluación anual de cada país. Hablaremos del FMI el próximo viernes, si Dios quiere.

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SANTO DOMINGO.- La directora general de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), Sandy Lockward, calificó de improcedente e innecesario proponer el desmantelamiento del sistema de patentes o denostar sus virtudes en la promoción de la investigación.

En cuanto a las consideraciones de que las patentes son las culpables del encarecimiento de los tratamientos médicos, Lockward indicó que estas no fijan un precio en el mercado, ni están exenta de los mecanismos que los acuerdos sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) y las leyes de competencia, ofrecen para controlar los excesos de titulares en la fijación de precios o el abuso de la posición monopólica.

Lockward habló al participar en el seminario “Acceso a medicamentos y Propiedad Industrial”,  organizado por la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS) y auspiciado por ONAPI.

“Preservemos el  diseño original del sistema de patentes, un sistema justo y equilibrado y  entendamos todas sus herramientas para hacer el mejor uso de ellas.  Que no se bombardee el uso de las flexibilidades, pues están para corregir distorsiones y son parte del sistema”, puntualizó

Destacó que desde ONAPI no solo se trabaja  en acelerar  el conocimiento de las patentes, sino en fortalecer el examen de las mismas resaltando además la colaboración entre las oficinas latinoamericanas  de Propiedad Industrial, dentro del acuerdo PROSUR.

Informó que las denegaciones de patente de esa oficina  son recurridas ante la justicia y que tristemente ninguno de los actores de defensa del dominio público participa como interviniente.

Saludó la iniciativa del Ministerio de Salud Pública y la Dirección General de Medicamentos en aportar claridad al tema, que consideró complejo y necesario.

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