He dicho que política y humor van de la mano, aunque el que ejerce la primera quiera presumir que ni siquiera ríe. Eso es mentira, pues no hay un ente social que haga más reír, maldecir u odiar que un político cuando trasciende el anonimato y se hace figura pública.

De esos comediantes-humoristas -buenos y malos- el país está repleto. Una prueba palpable de lo antes dicho, lo expresa, con nítida originalidad, el binomio de un ex presidente (lo hubo gallero-1848-Jimenes) y un sindicalista político-abogado.

El primero, es un repentista fuera de serie -que digo, ¡buenísimo!-; y el segundo, una caricatura fiel del político-comediante circunspecto que ni siquiera se ríe pero que él mismo, y su delirio grandilocuente de líder, hace reír cada vez que aparece en público pontificando sobre una redención social que, según él -¡quiera Dios!-, está a la vuelta de la esquina.

Sin embargo, la cima del político-humorista, en extremo circunspecto y académico, la encarna un vate. Su prédica-perorata ética-filosófica-periodística ya es cátedra pública-lapidaria que debería ir al Archivo General de la Nación como registro o crónica insobornable de una época putrefacta (la de hoy -según él-). 

El único problema es que el vate no se entera que él también –por ese dilatado ejercicio- es parte del folclor político nacional precisamente por sus posturas políticas-electorales, su rol –casi patriarcal- en el periodismo de oposición política (sin confesar bando o de la “secreta”); pero, sobre todo, por la cara dura de su crítica de una sola vía o de fijación -(¡L, y ahora D!)- que pone en entredicho sus dotes histriónicas y seriedad de comediante y proletario intelectual con énfasis en sus frases de conjuro: “¡Oh Dios..!” o “!Este país se jodió!” que, algunos leen-sintetizan, por maldad, diferencia o gana de molestar, como ¡Odio! E incluso, no niego que hasta yo mismo, una que otras veces, he caído rendido-convencido de la justeza de algunas de sus críticas e identificado con algunos de sus desengaños públicos (sobre todo, cuando escribe-polemiza, con rabia y encono, de -o sobre- ex amigos intelectuales).

No obstante, fue el inolvidable Freddy Beras Goico -de nuestros humoristas- el que mejor retrató, con agudeza sin igual, la conexión-relación política y humor al crear y darle vida al personaje Melesio Morrobel (que aún vive, hace bellaquerías y nos estruja el subdesarrollo político-cultural). 

Aquello, en la escenificación de Freddy, no tenía nombre, pues era la personificación cruda, chabacana y vivaracha del político exitoso -en su plano bajo-intermedio-, pero siempre listo y presto a ponerse la “ñoña”.

franciscocruz1959@yahoo.com

El día 21 de septiembre de 1965 fue escogido como rector provisional de la Universidad Autónoma de Santo Domingo el profesor Andrés María Aybar Nicolás, durante una asamblea celebrada en el aula magna, donde estuvieron presentes unos 70 profesores y más de 2 mil estudiantes que militaban en los tres grupos estudiantiles organizados entonces.

El destacado ingeniero civil y catedrático universitario era la figura principal de un proyecto político y académico que se gestó durante la Guerra de Abril, con el fin de desplazar  de la dirección de ese alto centro de estudios a  las autoridades conservadoras, tildadas de sumisas y pusilánimes por su actitud contemplativa frente al desembarco de soldados extranjeros en suelo dominicano el miércoles 28 de abril.

El referido acto era la continuidad de una denominada “Asamblea de la familia universitaria”, celebrada durante la mañana del martes 14 de septiembre en el paraninfo de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, que destituyó al rector ingeniero José Ramón Báez López-Penha y a los demás miembros del Consejo Universitario.

Se trató de una jornada unitaria dirigida por una mesa ejecutiva formada por los jóvenes economistas Bolívar Batista del Villar, Marcio Antonio Mejía-Ricart Guzmán, y el novel profesor  de medicina Bernardo Augusto Defilló Martínez.

También por los estudiantes Narciso González Medina y Alexis Licairac Díaz, delegados del grupo Fragua; Romeo Llinás, del Bloque Revolucionario Universitario Cristiano (BRUC), y Francisco José -Franklin- Almeyda Rancier, del Frente Universitario Revolucionario Radical (FURR).

Al estudiante Narcisazo González le correspondió dar lectura a la declaración de la Asamblea, explicando las razones que motivaron el increíble derrocamiento del rector y el Consejo Universitario, aunque sin poder despejar de inmediato la suspicacia engendrada por la presunta naturaleza golpista del abrupto relevo.

Según su exposición, las autoridades sustituidas habían incurrido en numerosas violaciones  al estatuto orgánico, además de la grave falta de mostrar un silencio cómplice ante la grosera incursión de tropas extranjeras en el país.

Narcisazo criticó con aspereza al rector destituido por haber exhibido una postura complaciente durante la jefatura del Triunvirato, permitiendo sin el menor rubor que ese gobierno de facto despojara a la Universidad de su fuero, en franca violación a la Ley 5778, promulgada por el presidente Joaquín Balaguer el 31 de diciembre de 1961.

También deploró su intento de resucitar la vieja guardia trujillista, al conseguir que el Consejo Universitario le aprobara, durante una reunión celebrada en la primera semana de enero de 1965, la creación de un cuerpo de Policía escolar que -según su denuncia- utilizaría como un instrumento represivo de contención de la creciente repulsa al examen de admisión que por obligación debían tomar los nuevos estudiantes para poder ingresar al Centro Universitario de Estudios Generales (CUEG).

Cuando Narcisazo concluyó, algunos asambleístas rememoraron con breves y esporádicos murmullos la dramática huelga de hambre que se hizo en el perímetro universitario en el año 1964 en repudio de aquel examen de admisión y también la osada determinación de boicotearlo, por parte de la Federación de Estudiantes Dominicanos (FED); generando la desafortunada cancelación de la matrícula universitaria del brillante estudiante de ingeniería civil, Amín Abel Hasbún, secretario general del gremio proscrito, dispuesta por el referido Consejo.

Ese irreflexivo y dictatorial dictamen afectó por igual a 32 miembros de su comité ejecutivo central y varios dirigentes estudiantiles de las facultades de Derecho y Farmacia.

Por ello era nuevamente objeto de debate en esta “Asamblea de la familia universitaria” donde agotaban turnos los profesores Julio César Castaños Espaillat, Antonio Ballester Hernández, Francisco Antonio Avelino, Luis Almanzor González Canahuate, y los estudiantes Amín Abel Hasbún, por la FED; Narciso Isa Conde, por Fragua, y Romeo Llinás, por el BRUC.

También, el estudiante y representante de los empleados, Teobaldo Rodríguez y los moderadores mencionados, Mejía-Ricart, Batista del Villar y Defilló Martínez.

TOLENTINO DIPP

Cinco días más tarde, el 19 de septiembre de 1965, el doctor Hugo Tolentino Dipp -quien fuera junto a los doctores Rafael Kasse Acta, Jottin Cury y Castaños Espaillat, uno de los ideólogos del movimiento renovador en ciernes- publicó un artículo en uno de los diarios nacionales, titulado “El gobierno provisional y la crisis universitaria”, donde esclarecía con razonado rigor los motivos de ladestitución de las autoridades universitarias.

El reconocido académico señaló que aquel cuerpo directivo estaba “totalmente desacreditado, moribundo”, por el ejercicio de una autoridad donde primaba el despotismo, la incultura, la dilapidación económica, el amiguismo y la traición a la patria, entre otros rasgos negativos que mostraban a sus miembros como desconocedores de “las verdaderas aspiraciones y necesidades que surgen de la misión  cultural  y humanista que tiene la Universidad Autónoma de Santo Domingo frente a nuestro pueblo, frente a la cultura nacional”.

Tolentino Dipp negó tajantemente que dicha remoción se asemejara a una asonada golpista, porque -según indicó- sus gestores estaban propiciando “la formación de la debida conciencia democrática que determine en el futuro el respeto a toda  otra autoridad legítima y que no se repita el funesto mal ejemplo que frustró la  voluntad popular expresada el 20 de diciembre de 1962”.

Según el ilustre historiador, la llamada “Asamblea de la familia universitaria” había sido el vehículo pacífico y democrático escogido por la mayoría de la UASD para elegir un Consejo Universitario provisional, cuya misión sería impulsar la reforma y transformar las instituciones universitarias de modo que su sustancia fuese realmente democrática.

AYBAR NICOLAS

Este organismo estaba integrado por Aybar Nicolás, como rector; los profesores Rubén Suro García-Godoy y Fernando Morbán Laucer, vicerrectores; además de los académicos Hugo Tolentino Dipp y Antonio Ballester Hernández; más los estudiantes Virgilio Bello Rosa y Alexis Licairac, del grupo Fragua; Romeo Llinás, del BRUC, y Francisco José -Franklin-  Almeyda Rancier, del FURR.

La “Asamblea de la familia universitaria” aprobó nuevos reglamentos, como resultado de un estudio sobre las necesidades de reformas y para organizar la institución sobre principios de democracia y de eficiencia científica. En los mismos se indicaba que la tarea principal del Consejo provisional era defender la soberanía nacional y la autonomía de la UASD.

Esa labor estaba enlazada con la firme voluntad de elaborar un nuevo estatuto orgánico, impulsar la reforma y derogar las diversas resoluciones tomadas por el Consejo depuesto que vulneraban los principios de democracia; es decir, la libertad de cátedra, la libre expresión de las ideas, el derecho de asociación y la libertad de reunión en la UASD.

Una aspiración colectiva era conseguir que todos los profesores formaran parte del Claustro Universitario –máxima autoridad interna-, y que la representación estudiantil fuese el 40 por ciento del total de miembros de este organismo.

Los nuevos funcionarios  se instalaron en sus respectivos puestos el  miércoles 22 de septiembre, luego de la ceremonia notariada efectuada en el salón de sesiones del Consejo Universitario, en la que recibieron formalmente las llaves de la rectoría y de todas las oficinas administrativas, de manos del licenciado Teobaldo Rodríguez, representante de la Asociación de Empleados Universitarios. El abogado y profesor Francisco Antonio Avelino, instrumentó el acta notarial para legalizar la toma de posesión.

Desde ese momento, el ingeniero Aybar Nicolás,  actuando como rector inició una campaña pública sobre  la orientación científica de la reforma universitaria y su implementación en consonancia con los cambios democráticos reclamados por el país luego de la Guerra de Abril.

Pero la situación se tornaría de nuevo confusa tres días más tarde, con la publicación de un aviso en los diarios nacionales firmado por el ingeniero José Ramón Báez López-Penha, en calidad de rector y en nombre del Consejo Universitario institucional, advirtiendo al comercio y al público en general que la UASD no reconocería acreencia a su cargo si su comprobante no estaba expresamente autorizado con su rúbrica.

También Báez López-Penha anunciaba la convocatoria del Claustro universitario para el sábado 2 de octubre, con el fin de restaurar el orden y la disciplina dentro de la UASD y reveló que había sometido a la justicia al ingeniero Andrés María Aybar Nicolás, acusado de usurpación de funciones.

SOMETIMIENTO 

Igualmente indicó que serían procesados por ante la Primera Cámara Penal del Distrito Nacional otros veinte profesores y estudiantes que  colaboraron con la acción de despojo de su cargo, y citó entre ellos a los miembros del llamado Consejo Universitario Provisional (CUP), a los profesores Bolívar Batista del Villar, Andrés Avelino hijo, Orlando Haza del Castillo, Elsa Vallejo de Saint Amand, Antonio Zaglul,  Gustavo A. de León M., Jesús María Álvarez Vicioso, Luis Sosa Baudré, Idelisa Bonnelly de Calventi, Pedro Hernández Fernández, Almanzor González Canahuate, y a los estudiantes Romeo Llinás, Alexis Licairac, Virgilio Bello Rosa y Franklin Almeyda.

Cinco dias más tarde, 30 de septiembre, Báez Lopez-Penha publicó un nuevo aviso, comunicando a los profesores que el Ministerio de Finanzas le habia hecho entrega del subsidio correspondiente al mes de agosto para pagar la mensualidad al personal docente, e indicando que los profesores debian procurar sus cheques en las residencias de los  señores decanos.

Luego se supo que para conseguir que les pagaran sus salarios, los profesores tuvieron que firmar un documento reconociendo al ingeniero Báez Lopez-Penha como auténtico rector; lo que fue razón para que una buena parte de los educadores universitarios prefiriera no cobrar en esas condiciones y denunciaran ese acto de coacción como una retranca que impediría la reintegración del profesorado a las labores docentes y el regreso de la armonía a la UASD.

Esa medida fue -sin duda- un grave error que suscitó un gran descontento en el profesorado e incrementò el nivel de rechazo al antiguo rector; ya que -por falta de quórum- fracasaría en su intento de reunir el Claustro el sábado 2 de octubre y también el sábado siguiente, aun contando con el amparo de la fuerza pública solicitada al gobierno.

Sin embargo, Báez López-Penha continuaría batallando frente a un adversario con mayor respaldo y de una ideología totalmente opuesta a la suya, aunque era casi imposible que  lograse el reconocimiento del gobierno provisional de García-Godoy, no obstante invocar una y otra vez el origen legal de su gestión universitaria.

Por ello, consciente de su debilitamiento en el interior de la UASD, trasladó su acción a los medios de comunicación y al Palacio Nacional, vendiendo la idea de que convenía a la academia y al país que el gobierno impusiera una solución.  

La mañana del 2 de noviembre de 1965 el presidente Héctor Rafael García-Godoy Cáceres hizo un intento de mediación durante la reunión que por más de dos horas sostuvo en su residencia con una comisión del Consejo Universitario Provisional, integrada por el rector Aybar Nicolás, los vicerrectores Rubén Suro García-Godoy y Fernando Morbán Laucer, y los profesores Hugo Tolentino Dipp y Antonio Ballester Hernández.

Más tarde, García-Godoy Cáceres también se reunió  con Báez López-Penha, Miguel Ángel Piantini, Bernardo Fernández Pichardo y J.A. Froilán Tavares, integrantes del Consejo depuesto.

El presidente García-Godoy era en principio partidario de la búsqueda de un acuerdo sin la intervención del gobierno; pues entendía que el problema universitario debía ser resuelto entre los propios miembros de la familia uasdiana, de una manera democrática y sin presiones políticas o ideológicas. Pero había mucha tensión generada por  las fuerzas que se disputaban el control de la Universidad, y esta institución fue colocada en el vórtice de una tormenta, pues su problema interno se estaba debatiendo con fervor en las calles, en la plaza pública, realizándose una serie de movilizaciones que finalmente provocaron varias muertes en las inmediaciones del Palacio Nacional.

VIOLENCIA

El primero en caer asesinado fue un estudiante de 17 años, llamado Pedro Tirado Calcaño, durante la mañana del lunes 27 de septiembre de 1965, en la misma puerta de la Casa Gobierno.

Ese joven  recibió un tiro de un fusil máuser por la espalda, disparado por un guardia que custodiaba el Palacio Nacional, en el curso de una manifestación de estudiantes de la escuela secundaria, que pedían al gobierno reconocer a las nuevas autoridades de la UASD y la desocupación de los liceos públicos que habían sido tomados por las tropas invasoras durante la Guerra de Abril.

Luego, en otra movilización similar, realizada  el 9 de febrero de 1966, fueron abatidos en el mismo lugar los estudiantes Miguel Tolentino, Antonio Santos Méndez, Luis Jiménez Mella y Altagracia Amelia Ricart Calventi.

Esos hechos sellaron la victoria del movimiento renovador universitario, de manera que el ingeniero Andrés María Aybar Nicolás conduciría la transición hasta el 28 de febrero de 1966 cuando es electo rector, por tercera vez, el doctor Julio César Castaños Espaillat; en esta ocasión acompañado por los doctores Fernando Morbán Laucer y José de Jesús Álvarez Vicioso, vicerrectores, con la misión de democratizar la UASD y abrir  sus puertas a los humildes hijos del pueblo.

sebastian_delpilar@yahoo.com

JPM

ej.olivares@hotmail.com

Es muy probable que de haber vivido en la República Dominicana de hoy, Henry David Thoreau, habría rechazado pagar los impuestos al fisco, argumentando: “Me niego a pagarle impuestos al gobierno, porque en lugar del bienestar del pueblo tendrán como destino las arcas de los corruptos”.

Nadie podría negar que el referido ciudadano tendría toda la razón, por tratarse de un Estado cuyo gobierno incumple, sin ninguna consecuencia, su obligación de prestarle satisfactoriamente los servicios básicos a la ciudadanía.

Como lo demuestran los hechos, el nuestro es un gobierno voraz que pretendiendo igualarse en la eficiencia del cobro de los impuestos a las administraciones de los países desarrollados, nos estafa con: a) un servicio de electricidad racionado que nos cobran como si fuera a tiempo completo, b) la falta de seguridad en las calles y plazas que han sido tomadas por la delincuencia, c) una educación deficiente y altamente costosa para los ciudadanos; d) un sistema de salud extremadamente ineficiente y excluyente, así como una seguridad social que, en lugar de beneficiar, perjudica a los ciudadanos, e) el desempleo que empuja a los jóvenes a la desesperación, la frustración y, consecuentemente, a la delincuencia, f) la pobreza que contradice el manipulado crecimiento sostenido de la economía, etc. Entonces, ¿qué hace el gobierno con los impuestos?

Por lo tanto, Henry David Thoreau, el creador de la expresión desobediencia civil, podríamos ser todos.

En su clásico ensayo, “Civil disobedience”, de 1849, el referido escritor norteamericano justificó su rechazo a pagarle impuestos al gobierno, en razón de que este los utilizaba para financiar una guerra injusta contra México.  Por tal motivo, sostuvo: “La única obligación que tengo el derecho de asumir es la de hacer a cada momento lo que considero justo”.  En ese mismo sentido, ante la posibilidad de ser apresado dijo: “Bajo un gobierno que encarcela a cualquiera injustamente, el verdadero lugar para un hombre justo es la prisión”.

A propósito de la desobediencia civil, el filosofo italiano, Norberto Bobbio, sostiene en su “Diccionario de política”, lo siguiente: “La d. civil es una forma particular de desobediencia, en cuanto que se hace acto con el fin inmediato de demostrar públicamente la injusticia de la ley y con el fin mediato de inducir al legislador a cambiarla;… Se llama civil justamente porque quien la cumple considera no cometer un acto de transgresión de su propio deber de ciudadano sino que en todo caso considera comportarse como buen ciudadano en esa circunstancia particular más bien desobedeciendo que obedeciendo”.

Las jornadas de desobediencia civil más trascendentes del siglo XX fueron las encabezadas por Mahatma Gandhi y Martin Luther King, ambos fervientes seguidores de Thoreau, el primero por la liberación de la India del dominio británico y el segundo contra las injustas leyes raciales de los Estados Unidos.

Mientras era juzgado por un acto de desobediencia civil, Gandhi pronunció estas palabras que quedaron petrificadas en la historia: “Oso hacer esta declaración no ciertamente para evitar la pena que debería serme infligida sino para demostrar que he desobedecido a la orden que se me había dado no por falta de respeto a la legítima autoridad sino para obedecer a la ley más alta de nuestro ser, la voz de la conciencia”.

Una definición de penumbra es: la región débil entre la luz y la oscuridad;  por tanto, la idea, la intención, o el eventual proceso de unificar una serie de partidos o grupos políticos no coincidentes en su doctrina y plataforma política en un frente de oposición, lograría  meramente  un capricho, una quimera de una sombra difusa y pasajera.

Unificar partidos políticos en un frente de oposición con el único propósito de sacar el actual partido del gobierno, sería una difusa penumbra.

Unificar las fuerzas vivas de la nación para decidir en las elecciones del año 2020 es asunto prioritario y urgente que debe ser constituido con buena voluntad, compromiso, fortaleza,  integridad, debidamente  estructurado  con fundamento y columnas inconmovibles por los vaivenes de la política personalista o grupal.

La unión de partidos para desplazar al PLD del gobierno  sería una operación limitada en espacio y tiempo. Sería una acción sin firme consistencia,  capacidad, y permanencia para  dar los cambios y para cimentar el fundamento económico,  jurídico, e institucional, que el pueblo necesita para su continuo desarrollo y bienestar social con equidad y duradera paz.

Se debe ser cauto ante la opinión de unificar los grupos de izquierda y la derecha. Los primeros están agotados de sus ideas socialistas y no tienen vigencia por su fraccionada condición.  Los segundos solo son una rémora que desprestigia las probidades y los patrones democráticos, los sentimientos de los derechos humanos, y la dignidad propia de quien no coincide y apoya sus líneas.

Para mejor entender la accidentada andadura de un funesto pacto, hay  que recordar la alianza del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) de Joaquín Balaguer con el Partido de la Liberación (PLD) de Juan Bosch. Esa alianza resultó en el actual régimen gubernamental del que se quiere salir en el venidero año 2020.

El pueblo dominicano se mantendrá vigilante y no quisiera tener un régimen gubernamental producto de una conjunción de partidos en un pacto que resultaría con visos antidemocráticos. Los electores no están  en disposición de soportar un gobierno tiránico, ni tampoco toleraría un sistema político impuesto por un nuevo pacto que podría culminarse en un eventual estado que sea la continuidad con los estratos gubernamentales  concentrados  y en que las condiciones que imperen de manera tangible por la falta de transparencia y en que se denota  corrupción,  impunidad,  laissez faire, negligencia o carencia de equidad en las normas de juicios no equitativos.

Unificar los partidos debe ser para elaborar planes conjuntos y decididamente apoyados a fin de asentar políticas ineludibles de buen gobierno.  Esto es indispensable para el desarrollo continuado con equidad   de oportunidades, y así generar los recursos y tener los  servicios necesarios para implementar los medios indispensables facilitando la obtención de alimentación, saludad, educación, expansión cultural, disfrute de sanas actividades, y en fin alcanzar las condiciones  anheladas de toda persona humana. La unidad hace la fuerza, y esa fuerza debe ser usada para que la vida en el país sea mejor cada día.

Nuestra fe nos compele a pensar en las enseñanzas que orienta el pensamiento y la vida, a esto se debe este artículo y  la siguiente cita: ¿Oh qué bueno y agradable es convivir los hermanos en unidad! (Salmo 133: 1)

 ta_isaac@yahoo.com

JPM