La seguridad ciudadana es un tema que está presente en el debate público de América Latina, ya que la falta de ella es una de las principales preocupaciones de sus habitantes, que observan cómo la violencia y la inseguridad van en aumento en los diferentes países de la región.

Algunas investigaciones señalan que, con apenas el 8 por ciento de la población mundial, esta zona es la más desigual y violenta del planeta.

A esta grave situación  se agrega un elemento particular que es la contundente realidad de la violencia de género contra mujeres y niñas. De acuerdo con un informe de ONU Mujeres y el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el fenómeno de la agresión a mujeres es crítico y persiste, a pesar de que en la región se han tomado medidas para frenarlo.

En la República Dominicana los hechos violentos y la criminalidad son un motivo de preocupación de diferentes sectores sociales. En los últimos 5 años se han producido en el país 8,616 homicidios, de los cuales 437 son feminicidios. Asimismo, durante el año 2017 se recibieron 9,124 denuncias de violencia de género, 50,267 de violencia intrafamiliar y 5563 de delitos sexuales, según datos del Observatorio de Seguridad Ciudadana de la Republica Dominicana, organismo dependiente del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana.

Con el fin de enfrentar este fenómeno social complejo multidimensional y multicausal, las autoridades nacionales han adoptado medidas importantes entre las que cabe destacar la creación mediante el decreto 121-13, de la Mesa Nacional Sobre Seguridad, Ciudadanía y Género, con la misión fundamental de propiciar y gestionar la ejecución de políticas públicas y programas sobre prevención de violencia y criminalidad, fomentando la convivencia pacífica entre los moradores de las diferentes comunidades .

Este decreto del presidente Danilo Medina establece en su artículo 1 que, se instituye la Mesa Nacional sobre Seguridad, Ciudadanía y Género, compuesta por las instituciones del Gobierno Central, Gobiernos Intermedios (Gobernadores Provinciales), Gobiernos Locales y la Sociedad Civil Organizada, en general. De igual forma, se crean las Mesas Locales de Seguridad, Ciudadanía y Género, las cuales funcionarán en las municipalidades que sean conformadas.

El Ministerio de Interior y Policía es el organismo del Estado  encargado de coordinar la formación y seguimiento de estas mesas, que son una verdadera oportunidad para la participación conjunta de las autoridades, las organizaciones barriales, juntas de vecinos, organizaciones sectoriales, clubes deportivos y culturales etc. , mediante un diálogo constante que permita un trabajo que beneficie a las comunidades, combatiendo la violencia y la criminalidad e impulsando una cultura de paz.

En la actualidad operan 9 mesas de seguridad, ciudadanía y género en Jarabacoa, La Vega, Salcedo, Santiago, Sto. Dgo. Norte, Sto. Dgo. Este, Sto. Dgo. Oeste, Boca Chica y San Cristóbal y se trabaja en base a un programa en la formación de las restantes.

Este trabajo va dirigido, tal como lo ha proclamado el Ministro de Interior, Carlos Amarante Baret, “a la creación de una alianza estratégica  con la Policía Nacional, la dirección de Programas Especiales de la Presidencia (DIGEPEP), las Mesas Locales de Seguridad Ciudadanía y Genero y los consejos comunitarios, para un más efectivo combate a la delincuencia, el crimen y los feminicidios´´

Esta política de desarrollar estas mesas contribuye a enfrentar los hechos  violentos de una manera integral, no solamente aplicando criterios de seguridad del Estado, sino también políticas de seguridad ciudadana, que ponen la responsabilidad de la seguridad en la acción conjunta del Estado, sus organismos represivos, Policía y Ejército.

En cambio, las políticas de “seguridad ciudadana” combinan esos mecanismos tradicionales con  políticas alternativas como son las campañas educativas y el fomento de la cultura de paz en la ciudadana para realizar los objetivos de seguridad y de convivencia pacífica. Las políticas de seguridad ciudadana tienen como principio, que la seguridad es la responsabilidad de una pluralidad de actores y no sólo de las instituciones del Estado.

Las políticas contra la violencia y la criminalidad necesariamente pasan por el enfoque de género. La violencia contra las mujeres tiene lugar tanto en lo privado, así como en el ámbito de lo público. Las calles y plazas, las escuelas, los centros de trabajo, los autobuses y las plazas de recreación no son espacios necesariamente seguros para las mujeres y las niñas. Son espacios donde ellas encuentran violencia, desde el acoso  y la violencia sexual, hasta la máxima expresión de violencia contra la mujer: el  feminicidio.

Garantizar el fortalecimiento de la seguridad ciudadana es uno de los retos que tienen las mesas de Seguridad Ciudadanía y Genero, que deben impulsar políticas de seguridad ciudadana que se orienten a soluciones integrales, que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población, a fortalecer la confianza de la población en las instituciones públicas, promoviendo los valores nacionales, la cultura de paz y acciones para la prevención del delito y la violencia.

La violencia, la criminalidad y  la inseguridad son un serio obstáculo  para la gobernabilidad democrática, por lo que se impone seguir aplicando medidas que reduzcan la exclusión social y la falta de oportunidades, restableciendo la confianza de la población en las instituciones oficiales encargadas de combatir el crimen y la delincuencia, reduciendo los niveles del delito y fortaleciendo el Estado de Derecho, todos son desafíos que debemos enfrentar con fuerte voluntad política.

POR  JUAN RADDAMÉS DE LA ROSA HIDALGO

La sociedad dominicana, principalmente como consecuencia de su  anacrónica política,  continúa a merced del abuso  de drogas,  legales e ilegales. Ahora  aparece un nuevo motivo de alerta y preocupación. Ya es conocido que se está usando en nuestro país con fines delictivos una sustancia, o coctel de sustancias,  que en otras latitudes ha sido bautizada como  “droga zombi”, “burundanga”, “beso del sueño”, o el “aliento del diablo”. Localmente se le llama el “polvillo”. Se trata de una sustancia que no tiene sabor, ni color,  ni olores reconocibles, pero que tiene la capacidad de anular la voluntad de la persona sometida a sus efectos.

En Casa Abierta ya conocemos de varias personas, mujeres específicamente, que han sido asaltadas usando esta sustancia. Para algunos se trata de la escopolamina, sin embargo, no tenemos ninguna evidencia de lo que realmente es esta sustancia. Sí sabemos  que es una droga que en cuestión de escasos minutos deja a la persona totalmente a merced de su agresor, al grado que la voluntad de la persona queda totalmente anulada. Esta indefensión hace que la persona entregue sus bienes a la persona que la ha drogado. Se conocen casos de robo de  dinero, retiros de cuentas bancarias,  joyas, celulares, equipos informáticos…  Evidentemente que también se usa para agresiones sexuales, aunque  estas últimas generalmente no se denuncian. Puede ser que incluso esta droga se esté usando  para cometer delitos mayores, como asesinatos.

Experiencias con  esta sustancia en otras naciones, España, Colombia, Estados Unidos…, evidencian la peligrosidad de este nuevo método delincuencial. Las  personas sometidas a esta droga no muestran ninguna conducta extraña. Las víctimas aparentemente no parecen drogadas,  ni somnolientas, por lo que  las personas a su alrededor no perciben nada anormal, pero su voluntad ha sido robada por su victimario, que aprovecha para violentarla de diversas formas. Se ha encontrado además que  la salud y comportamiento de las personas que han sido intoxicadas  con estas sustancias se afecta de forma permanente y  muy seriamente. Una persona afectada puede  sufrir  depresión, paranoia, pérdida de memoria permanente y problemas emocionales de todo tipo como trastorno por estrés postraumático. La forma de administración es por inhalación o mezclada con alcohol u otra bebida.

Las autoridades, policía, DNCD, Consejo de Drogas, Ministerio de Salud, tienen un gran desafío para detener el uso de esta sustancia. El hecho de que no se vincule a hechos de sangre, no la hace menos peligrosa para la  salud y la seguridad ciudadana. No podemos seguir con una política equivocada que solo persigue el uso y tráfico de las sustancias tradicionales, como marihuana, cocaína, heroína. Los daños que esta droga está causando obligan a ponerle atención.

Pero también la ciudadanía debe hacer conciencia de los riesgos a que está expuesta. Se deben tomar medidas como: fijarse  que las bebidas que compren estén siempre sin abrir. No aceptar vasos de personas desconocidas o que acaba de conocer. No dejar su comida o bebida sin vigilar.  Evitar a grupos de personas desconocidas en la calle. Evitar a personas  que se acerquen con la excusa de preguntar por una dirección o pidiendo caridad para que le lean un papel. Evitar conversaciones con extraños en la cola del banco. No aceptar demostraciones de perfumes. Tener cuidado cuando una persona desconocida sacude un papel o pañuelo enfrente suyo. Cuidado en taxis y transporte público en general.  En la casa evitar abrir la puerta a personas desconocidas: supuestos empleados públicos, vendedores ambulantes, predicadores religiosos…

Sin embargo, mientras el Estado dominicano continúe  con una mirada equivocada acerca del fenómeno de las drogas, nuestra sociedad seguirá siendo muy vulnerable. Siempre habrá  personas que aprovechan la indefensión que genera una política de drogas que no investiga, no educa, no atiende a las personas.