SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Partido Revolucionario Moderno (PRM) advirtió este miércoles al presidente Danilo Medina que la Constitución de la República le prohíbe «de la manera más absoluta y clara» presentarse a un nuevo período .

«La Constitución de 2015, que con tanto ímpetu proclamó el Partido de la Liberación Dominicana, establece en su artículo 124 cómo se elige al Presidente de la República:   Artículo 124.- Elección presidencial. El Poder Ejecutivo lo ejerce el Presidente o la Presidenta de la República, quien será elegido o elegida cada cuatro años por voto directo. El Presidente o la Presidenta de la República podrá optar por un segundo período constitucional consecutivo y no podrá postularse jamás al mismo cargo ni a la Vicepresidencia de la República.”

El documento fue leído por Orlando Jorge Mera, delegado político del PRM ante la Junta Central Electoral. El PRM entiende oportuno  recordar que en la reforma constitucional del 13 de junio del 2015, promovida y financiada por el presidente Medina, fue cuando se introdujo la VIGESIMA DISPOSICIÓN TRANSITORIA de la Constitución que reza: “Vigésima Disposición Transitoria: En el caso de que el Presidente de la República correspondiente al período constitucional 2012-2016 sea candidato al mismo cargo para el período constitucional 2016-2020, no podrá presentarse para el siguiente período ni a ningún otro período, así como tampoco a la Vicepresidencia de la República. “

“A la luz de estos motivos, el PRM le recuerda al licenciado Danilo Medina, que la única posición que el pueblo dominicano espera que fije es su respeto a lo que establece la Constitución. La sociedad dominicana no puede ser simple objeto de los caprichos de sus autoridades, ya que le asiste el sagrado e inalienable derecho a que se respeten sus instituciones, así como a elegir sus autoridades libremente, sin el uso abusivo de los recursos públicos desde el poder”, puntualiza la declaración.

Luchará para sacar al PLD del Palacio Nacional”

Por otra parte, el  PRM dice que asume ante la sociedad dominicana el compromiso solemne de realizar una oposición contundente, digna, transparente, firme y patriótica,

“La alta dirección del PRM, sus líderes nacionales, sus organismos, legisladores, alcaldes y regidores, seccionales del exterior, frentes de masas, dirigencia media y bases, reiteramos nuestro compromiso de trabajar unidos para desalojar al PLD del Palacio Nacional. Nadie nos apartará del cumplimiento de esta responsabilidad, a fin de garantizar que el PRM sea la más decidida y segura alternativa de poder de los dominicanos y dominicanas”, cita.

Unidad nacional 

La entidad invita a los partidos de oposición, a la sociedad civil, a los empresarios y comerciantes, a los intelectuales, organizaciones profesionales, al movimiento sindical, entidades comunitarias, a los meritorios dominicanos/as residentes en el exterior, a los medios de comunicación a unirse  sin protagonismos particulares, en un esfuerzo solidario y lleno de amor por el país para librar nuestra sociedad de esta dictadura con apariencia constitucional, a que nos tiene sometidos el Partido de la Liberación Dominicana.

Jorge Mera habló en la casa nacional del PRM, acompañado por los miembros de la dirección ejecutiva Eligio Jáquez y Rafael Santos, vicepresidentes, Geanilda Vásquez, secretaria de Frentes Sectoriales, y Fernando Durán, miembro.

Estados Unidos y China impusieron este jueves nuevos aranceles a una lista millonaria de importaciones, que incluye automóviles y maquinaria de fábrica entre otros bienes, en una nueva escalada en su batalla por la política tecnológica de Beijing, que las empresas temen que ralentice el crecimiento económico global.

La medida coincidió con una reunión de enviados de las dos naciones en Washington en sus primeras conversaciones de alto nivel en dos meses. No hubo indicios de avances hacia un acuerdo por las quejas de Estados Unidos de que Beijing roba tecnología y sus planes de desarrollo industrial violan los acuerdos de libre comercio.

El incremento del 25% en los aranceles, que ya se había anunciado previamente, se aplicó a 16.000 millones de dólares en bienes importados de cada una de las dos naciones, incluyendo automóviles y chatarra de Estados Unidos y maquinaria de fábrica y componentes electrónicos de China.

En la primera fase del conflicto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, subió un 25% los impuestos sobre 34.000 millones de dólares de importaciones chinas el pasado 6 de julio. Beijing respondió con una medida similar sobre la misma cantidad de productos estadounidenses.

El gobierno chino calificó la subida del jueves de violación de las normas de la Organización Mundial del Comercio y dijo que presentaría un recurso legal.

Beijing rechazó las demandas estadounidenses de reducir sus planes para un programa de desarrollo tecnológico liderado por el estado que, según sus socios comerciales, viola sus compromisos de apertura de mercado. Funcionarios estadounidenses temen que esta iniciativa pueda erosionar el liderazgo industrial de su país.

Sin un acuerdo a la vista, los economistas advirtieron que el conflicto podría extenderse y reducir en 0,5 puntos el crecimiento económico mundial hasta 2020.

Trump propuso otra posible subida de impuestos del 25% sobre otros 200.000 millones de dólares en importaciones chinas. Beijing hizo pública una lista de productos valorados en 60.000 millones de dólares que gravaría si Washington sigue adelante con su plan.

El menor tamaño de su listado de sanciones supone Beijing se está quedando sin bienes estadounidenses sobre los que actuar por el desequilibrio de su balanza comercial.

SAN JOSÉ. El expresidente y nobel de la Paz Óscar Arias, una de las figuras políticas más importantes de Costa Rica, fue acusado ayer por la Fiscalía por la firma en 2008 de decretos supuestamente irregulares a favor de un fallido proyecto de minería de oro a cielo abierto.

Arias, quien gobernó Costa Rica en dos periodos (1986-1990 y 2006-2010), enfrenta cargos por prevaricato (emisión de resoluciones contrarias a la ley o basadas en hechos falsos), delito que estipula penas de cárcel de entre dos y seis años.

La fiscal general, Emilia Navas, confirmó que firmó la acusación el martes y que ayer la trasladó a la Procuraduría General de la República para que ese ente decida si participa como querellante y presenta una acción civil para resarcir al Estado.

La Procuraduría tendrá 13 días para tomar una decisión y vencido ese plazo la Fiscalía presentará la acusación formal ante al Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública, en San José.

El caso se remonta al año 2008, cuando Arias, durante su segundo mandato, y su entonces ministro de Ambiente y Energía, Roberto Dobles, firmaron decretos para declarar de interés y conveniencia nacional el proyecto de minería de oro Las Crucitas, en la zona norte del país.

Los decretos habrían facilitado y agilizado una serie de permisos y trámites, principalmente ambientales y de uso de suelo, a la empresa Industrias Infinito, de la canadiense Infinito Gold, que fueron denunciados por grupos ambientalistas.

El proyecto nunca llegó a construirse por completo ni a explotar oro, pues fue anulado por instancias judiciales en 2010 por irregularidades en el proceso de concesión y daños ambientales como tala de bosque y remoción de tierras.

La empresa minera esperaba explotar al menos 19,8 toneladas de oro con una concesión por 10 años.

Este caso fue reabierto el 2 de noviembre de 2017 por la fiscal general, Emilia Navas, quien siete días después llamó a declarar al expresidente Arias como parte de la etapa de investigación.

El nobel de la Paz defendió hoy su inocencia y expresó a los periodistas su confianza en los jueces del país, a los que calificó de “honorables e imparciales”.

“Cualquier presidente de este país y de cualquier país del mundo les va a poder decir lo mismo: uno tiene plena confianza en los técnicos de los ministerios y en los departamentos legales, que son los que redactan un decreto”, declaró.

El abogado de Arias, Rodolfo Brenes, declaró que la hipótesis de la Fiscalía será “destrozada en el juicio” y que existe “plena confianza en que don Óscar no cometió ningún delito de prevaricato”.

BUENOS AIRES. El Senado argentino autorizó este miércoles por unanimidad el allanamiento de las tres residencias de la expresidenta Cristina Kirchner, un paso más en la causa judicial que investiga millonarios sobornos para adjudicar contratos de obra pública.

La votación fue afirmativa por parte de los 67 senadores presentes en la sesión, incluida la propia Cristina Kirchner. No hubo abstenciones.

El pedido de allanamiento había sido solicitado por el juez Claudio Bonadio y requería la votación en el Congreso, pues la exmandataria (2007-2015), elegida senadora en 2017, está amparada por fueros parlamentarios.

La sesión se prolongó durante seis horas, con intervenciones de 24 senadores.

“La comunicación (sobre la autorización) al juez Bonadío -que ya firmé- será entregada a primera hora de mañana (jueves)”, tuiteó tras la votación la vicepresidenta y titular del Senado, Gabriela Michetti.

En su discurso, Kirchner reiteró que el proceso en su contra tiene como motivación apartarla de la política.

“Si algo faltaba para consagrar la persecución política en Argentina era esta causa. Voy a ser la primera senadora allanada”, aseveró.

Debido a sus fueros, Kirchner no puede ser detenida, pero se la puede imputar y condenar.

La semana pasada, una sesión en el Senado para evaluar el pedido de Bonadio había fracasado por falta de quórum.

– Resguardo de intimidad –

Como antesala, en una carta a los distintos bloques del Senado difundida el martes, Kirchner se declaró dispuesta a que se allanaran sus domicilios de Buenos Aires, Río Gallegos y El Calafate, estos dos últimos en el sur del país, aunque pidió que se prohíba la presencia de cámaras durante los procedimientos.

También solicitó la presencia de sus abogados y un senador durante los allanamientos.

Esos pedidos, especialmente el de impedir la divulgación de imágenes, fue apoyado por varios congresistas con el argumento del resguardo de la intimidad.

Kirchner “merece respeto. Allanen, busquen las pruebas, pero con respeto. Respeten la dignidad humana”, enfatizó el senador Adolfo Rodríguez Saa, de la Unidad Justicialista (peronista).

Sin embargo, una moción específica para garantizar esas condiciones no tuvo la aprobación de la mayoría de los senadores, que consideró que la propia justicia asegurará el buen procedimiento.

Al anochecer, algunos de sus partidarios se congregaron a las puertas del edificio donde vive la expresidenta en Buenos Aires, para expresarle su apoyo. “Cristina es del pueblo y no la toca nadie”, gritaban.

El martes, miles de personas se habían manifestado frente al Congreso, horas antes del debate parlamentario, para reclamar la autorización de los allanamientos y que se levante la inmunidad parlamentaria a la senadora.

“¡Cárcel a Cristina!”, “¡que devuelvan la plata!”, fueron algunas de las consignas de los manifestantes.

– En busca del dinero –

Kirchner, de la corriente de centro-izquierda peronista y quien sucedió a su esposo Néstor Kirchner en la presidencia en 2007, es la persona de más alto rango involucrada en el escándalo conocido como “los cuadernos de la corrupción”, que indaga presuntos sobornos de importantes empresarios entre 2005 y 2015 para obtener contratos de obra pública.

Según los cálculos iniciales, la trama de sobornos podría implicar alrededor de 160 millones de dólares.

La causa judicial se inició hace un mes sobre la base de apuntes tomados por un exchofer del ministerio de Planificación, Oscar Centeno, quien supuestamente hizo durante esos diez años recorridos por Buenos Aires para llevar y traer bolsos cargados de millones de dólares.

El departamento de Kirchner en Buenos Aires, así como la residencia presidencial de Olivos y la Casa Rosada, sede del gobierno, figuran en esos cuadernos como puntos de entrega de los bolsos.

El juez busca pistas sobre dónde podría haber quedado el dinero, que habría sido recibido siempre en efectivo.

QUITO.- El presidente ecuatoriano anunció una serie de recortes en el gasto público reducir el déficit del Estado. Se eliminarán una veintena de instituciones públicas y se aumentará el precio de la gasolina súper. El gobierno anunció una reforma de los subsidios a los combustibles.

El precio del combustible y varias entidades públicas son los principales afectados por las medidas anunciadas por el presidente ecuatoriano Lenín Moreno. El precio de la gasolina súper, la más cara del mercado, pasará de 2,48 a 2,98 dólares el galón.

«Los subsidios en combustibles le cuestan al Ecuador más de 3.000 millones de dólares» por lo que el gobierno convocará a un «diálogo nacional» para «encontrar los mejores mecanismos de focalización» de estas subvenciones, expresó Eduardo Jurado, secretario general de la Presidencia.

El gobierno ecuatoriano también modificará el subsidio al diésel para el sector empresarial, aunque el ajuste no afectaría a los transportistas.

Para el analista económico Alberto Acosta Burneo subir el precio de la súper tendrá un «efecto de sustitución». Es decir que los consumidores de este combustible evitarán el pago al reemplazarlo por la gasolina extra, que tiene un subsidio mayor que alcanza los 0,89 centavos por galón.

«Esa sustitución hace que suba el gasto para el gobierno (que seguirá subsidiando la gasolina extra). Realmente el efecto final puede no necesariamente ser significativo», comentó Acosta a la Agencia France Presse.

Recortes en 20 entidades públicas

Con este nuevo plan de ajuste, Moreno busca  reducir el déficit público al 1% para el 2021, cuando terminará su mandato. En un mensaje a la nación, el presidente ecuatoriano justificó los recortes para obtener liquidez y sostener la economía del país, que sigue dependiendo de una economía extractivista que lo hace vulnerable a las necesidades de los mercados globales. Una situación que Moreno atribuyó a una mala gestión de las finanzas y a un excesivo endeudamiento por parte de su antecesor, Rafael Correa.

Por otro lado, en su voluntad de reducir el tamaño del Estado, la administración de Moreno eliminará 20 instituciones, incluyendo el Ministerio de Justicia y la Secretaría Nacional de Comunicación. También fusionará otros órganos como el Ministerio de Comercio Exterior con el de Industrias y suprimirá instituciones como el Instituto Espacial Ecuatoriano, además tres embajadas y ocho consulados.

Según el ministro de Finanzas, Richard Martínez, el ajuste en el gasto corriente del Ejecutivo propuesto por Moreno permitirá ahorrar 1.000 millones de dólares anuales en medio de una crisis económica.

Se trata del segundo ajuste económico que presenta Moreno este año, tras anunciar en abril un alza temporal de aranceles a las importaciones y la eliminación de ministerios y empresas públicas no rentables.