Santo Domingo, 23 abr (EFE).- La afluencia de haitianos a los hospitales de Santo Domingo, y más en concreto a las maternidades, se ha reducido drásticamente desde que el lunes pasado se les comenzara a pedir documentos en centros sanitarios públicos como parte de las medidas para hacer frente a la inmigración irregular desde Haití, según pudo comprobar EFE este miércoles.

En la Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, en el centro de la capital y la principal del país, personal del área de consultas confirmó a EFE este descenso de la asistencia de haitianas, «hay menos que antes», y sin querer entrar en ningún tipo de valoración, se limitaron a señalar: «Estamos para dar el servicio».

En esa menor afluencia coincidieron también una médico del hospital y un miembro de las fuerzas del orden dominicanos, en la recepción del centro sanitario, en cuyas entradas hay también representantes -siempre mujeres- de la Dirección General de Migración (DGM).

A las puertas de la maternidad hay un autobús amarillo de tipo escolar para trasladar a las mujeres que no están en situación regular hasta el centro de recepción de migrantes de Haina, a unos 20 kilómetros de Santo Domingo, donde se les toman los datos biométricos y las huellas dactilares para fines de deportación, unas repatriaciones que, según insiste la DGM, solo se realizan después de confirmar que «no existen riesgos para la salud» de las pacientes.

A bordo del autobús, apostado allí desde las 6 de la mañana, habla con EFE, desde una ventanilla, una adolescente de 14 años embarazada de 23 semanas, pese a que, afirma, ha presentado la carta de nacimiento en la que asegura que consta que ella ya nació en República Dominicana, aunque es de ascendencia haitiana.

«Cuando llegué a la puerta, les di la carta del nacimiento mío, ellos la revisaron y después vino ese señor y me dijo ‘tienes que esperar’ para que me suban al sistema. Después me llevaron a la camioneta», relata esta madre primeriza que reitera que nació en Santiago (norte de República Dominicana).

No le dejaron ni llevarse siquiera el desayuno que llevaba: «Ellos me dijeron que lo dejara allá (…), pensé que me lo iban a entrar, pero me dijo que ‘de ahí no se hacen favores más'».

Tras ser llevada a la camioneta, «mi mamá vino y le dio la carta de nacimiento y lo están subiendo al sistema. Yo tengo mi carta de nacimiento», insiste, pese a lo cual finalmente partió el autobús con ella en su interior y otra adolescente embarazada que también asegura ser dominicana, aunque no presentó documentación, acompañada de su madre.

Críticas ante la polémica medida

Hace dos semanas, el presidente dominicano, Luis Abinader, anunció una serie de medidas ante la inmigración irregular desde Haití, entre ellas la implantación del protocolo de verificación migratoria en 33 hospitales públicos del país.

Eso supone que inspectores y agentes migratorios verifican que los pacientes tengan una identificación válida, carta de trabajo y prueba de domicilio en el país y cubran el costo de los servicios recibidos. En caso contrario, serán atendidos médicamente y, una vez recuperados, deportados.

Solo el primer día de implementación 87 embarazadas y parturientas haitianas fueron detenidas en hospitales dominicanos.

Ante ello, Amnistía Internacional (AI) pidió hoy al Gobierno dominicano poner fin «de inmediato» a las expulsiones colectivas de haitianos y derogar el protocolo que vincula el acceso a servicios de salud con la deportación.

En un comunicado, la directora de AI para las Américas, Ana Piquer, afirmó que la implementación de un sistema que expone a las personas migrantes a la deportación tras recibir atención médica «no solo viola el derecho a la salud, sino que deshumaniza a personas sin documentación y seguramente las disuadirá de acudir a hospitales, poniendo vidas en peligro».

En un mensaje a la nación en abril, el presidente Abinader recomendó a los miles de haitianos indocumentados que viven en República Dominicana «marcharse voluntariamente» o, de lo contrario, «serán buscados y repatriados».

En octubre pasado, Abinader ordenó la deportación masiva de migrantes en situación irregular, unos 10.000 por semana, lo que afecta en su práctica totalidad a los haitianos.

Conforme a datos oficiales, desde que se tomó esta medida más de 180.000 haitianos en situación irregular han sido deportados a Haití, pese a los llamamientos de organizaciones y organismos internacionales para que no se lleven a cabo devoluciones a un país donde en 2024 más de 5.600 personas murieron a causa de la violencia.

Santo Domingo, 22 abr (EFE).- La Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) solicitó una sanción ante la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) por la presunta negación de atención médica en situación de emergencia a dos afiliados.

El organismo dijo este martes que Franklin Rodríguez y Luis Graveley no fueron atendidos en la clínica Abel González, de la avenida Abraham Lincoln, en el Distrito Nacional.

Rodríguez fue llevado al centro de salud tras sobrevivir al desplome del techo de la discoteca Jet Set el 8 de este abril que causó 232 muertes. Graveley fue conducido herido a la clínica por otra situación.

La DIDA aseguró que actúa en atención a sus atribuciones de tramitar denuncias, quejas y reclamaciones, así como de brindar acompañamiento legal a los afiliados y beneficiarios del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS).

La institución ha trabajado de la mano con la SISALRIL que, en su calidad de órgano supervisor del Seguro Familiar de Salud (SFS), realiza las investigaciones correspondientes y, de comprobarse faltas, aplicaría las sanciones que establecen la Ley 87-01, su modificación mediante la Ley 13-20, y el Reglamento de Infracciones y Sanciones al SFS.

Le rechazaron el seguro de SENASA

Según lo declarado por Franklin Rodríguez, según el documento de la DIDA, luego de ser rescatado del derrumbe de la discoteca Jet Set fue trasladado en silla de ruedas a la clínica Abel González. En el área de emergencias, le fue solicitado llenar un formulario extenso con más de 30 preguntas. Al indicar que contaba con cobertura del Seguro Nacional de Salud (Senasa), le informaron que dicho seguro no era aceptado y no le fue brindada atención médica.

En un caso separado, Luis Graveley relató que también acudió al mismo centro con heridas y sangrado, y que él y su acompañante fueron rechazados en el área de emergencias, lo que los obligó a trasladarse a otro centro asistencial para recibir atención.

La DIDA destacó que tiene la facultad dada por la ley, de acompañar al afiliado hasta la última instancia.

SISALRIL ABRE INVESTIGACION

La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) recibió las denuncias interpuestas por dos personas a través de la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA) sobre la supuesta negación de asistencia.

Informó que se encuentra en la etapa de levantamiento de informaciones relevantes al caso, y de confirmar la actuación irregular por parte del centro médico, tomará las medidas legales dispuestas en la ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS).

Recordó que tras el desplome del techo de la discoteca Jet Set, que cobró la vida de 232 personas y dejó más de 180 heridos, emitió un comunicado en el cual instruyó a las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) abrir la red de Prestadores de Servicios de Salud (PSS) para que los heridos pudieran recibir atenciones en centros de salud no contratados, con el objetivo de garantizar atención oportuna sin traslados ni movilizaciones en un momento de angustia e incertidumbre.

Esta disposición se sumó al mandato de la Ley General de Salud que establece que los centros de salud públicos o privados no pueden negar atención médica a una persona en situación de emergencia, ni tampoco condicionar la atención al pago previo.

La entidad reguladora y supervisora llamó a los afectados que hayan sufrido de una negación de cobertura o prestación de servicios por parte de una ARS o PSS a denunciarlo oportunamente a través de las instancias correspondientes como la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA), para el inicio de acciones legales.

Dijo que valora el cumplimiento de la DIDA con su misión de asesorar e informar a los afiliados del Seguro Familiar de Salud, organismo con el cual trabaja de la mano en la protección de los derechos de la población afiliada.