El término y concepto “violencia obstétrica” me lo aportó mi hija Sary, una militante apasionada del trato humano a la mujer en su labor de pre-parto, parto postparto, lo que contrasta con el tratamiento de “animales” que muchos médicos y el personal de apoyo les dan a las parturientes.

Mi hija Sary me encuentra inmerso en la computadora, escribiendo algunas notas sobre la intervención que tendría ante el pleno de la Cámara de Diputados por encomienda de la Comisión de Género, por lo que de inmediato aprovecho para consultarle en relación a la parte que había escrito.

Tiempo después me encuentro con el libro “El Concepto de Violencia Obstétrica”, con el sugerente subtítulo… “y el Debate Actual Sobre la Atención al al Nacimiento”, y al adentrarme en sus páginas confirmo, que en algunos países “hay muchos delitos tipificados en sus Código Penal en los que protege la dignidad e integridad de las mujeres”.

Establece que esos delitos “encajan muchas de las prácticas enmarcadas en la violencia obstétrica”, que algunos entienden que podría incluirse “como una categoría especial” de violencia de género, que asume las más variadas y diversas manifestaciones, una de las cuales se materializan en la brutalidad del feminicidio, y las más sutiles como las que se inducen a través del lenguaje sexista.

“El nacimiento de los hijos es un momento altamente significativo en la trayectoria vital de las personas e intervenciones ofensivas o
innecesariamente doloras pueden acarrear consecuencia negativas en la salud física, psicológica y emocional. El respeto a la dignidad de las mujeres ha de brillar de manera especial en tan memorable acontecimiento”.

Muchos de los accidentes y tragedias que se producen frecuentemente  en el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo, en los que han fallecido trabajadores de empresas y residentes en nuestros barrios, obedecen a la falta de planificación y a la improvisación de las autoridades Municipales y los propietarios de empresas.

Los daños ocurridos con la explosión de un tanque de Gas ocurrido en Polyplas, que segó la vida a ocho personas, dejo decenas de niños huérfanos y causó destrozos en casas y centros educativos, que se encuentran en las inmediaciones del lugar, puso la tapa al pomo en la larga estela de hechos lamentables que se han producido en la ciudad primada de América.

Se trata de un hecho que debe mover a la reflexión de las autoridades y provocar una reacción que permita que de ahora en adelante el Estado se propaganda trazar políticas que garanticen que esos sucesos no continúen ocurriendo y cobrando vidas inocentes en nuestro país.

En el caso particular de las empresas que se encuentran inmersas en nuestros barrios y urbanizaciones del Distrito Nacional, y el Gran Santo Domingo, el gobierno cuenta con una herramienta legal  indispensable, que debería comenzar a implementar de inmediato para garantizar que los accidentes de trabajo se reduzcan al mínimo, como  es el reglamento 522-06, de Seguridad en el Trabajo, que se ha violado flagrantemente en la mayoría de las empresas dominicanas.

Estamos seguros que si en Polyplas, se hubiesen tomado en cuenta las previsiones que contempla el Reglamento 522-06, no hubiéramos estado lamentando la magnitud de la tragedia que ocurrió en esa empresa, porque se habrían manejado adecuadamente los protocolos que impedirían esos sucesos.

En tanto que otra medida que el gobierno debería tomar, y que en definitiva  es la más complicada, sería la de iniciar un proceso de traslado de las industrias que se encuentran en el corazón de los barrios y urbanizaciones del Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo, hacia una zona industrializada en coordinación con los Ayuntamientos periféricos en los que hayan terrenos disponibles para producir la reubicación de las mismas y así evitar que se sigan reeditando los hechos que han costado la vida a muchos dominicanos valiosos.

Contrario a lo que puedan entender algunos empresarios en torno a la protección de sus inversiones sobre toda cosa, el gobierno dominicano está obligado a garantizar la seguridad y tranquilidad, no solo de los que trabajan para esas empresas, sino para todos los ciudadanos que residen en los sectores que se encuentran en las inmediaciones de ellas,  y es  por esa razón que debe dar el paso hacia delante usando las herramientas que las leyes ponen en sus manos para que no volvamos a lamentar.

Luego de un proceso bien llevado en coordinación con los empresarios y los Ayuntamientos que participen en esa salvadora tarea, la misión del gobierno a través del Ministerio de Industria, Comercio y Mipyme, deberá ser la de tomar medidas con las envasadoras de Gas Licuado de Petrolero que se encuentran enclavadas en el corazón de nuestros barrios y urbanizaciones provocando tragedias y contaminaciones  que agreden la existencia de los residentes en esos lugares y que ameritan ser clausuradas y reguladas para que no continúen causando los daños que vienen produciendo a la salud humana.

Lo cierto es que las  experiencias de Polyplas, deben  servirnos para crear las bases de una política dirigida a prevenir la ocurrencia de tragedias fatales que continúen cobrando las vidas de personas inocentes por la carencia de inversiones en la Seguridad en los Centros de Trabajo y el hacinamiento en que se encuentran las industrias que nos rodean por todas partes en el Gran Santo Domingo.

Lo que ha ocurrido en las Industrias y las Envasadoras de GLP, en la ciudad de Santo Domingo, no es ajeno a otras áreas de la producción nacional, tales como la Agricultura y la Construcción, donde también hemos perdido muchos trabajadores por la falta de la aplicación del Reglamento 522-06, pese al afán que han mantenido sectores sindicales que han reclamado al Ministerio de Trabajo la aplicación del mismo para evitar la ocurrencia de accidentes prevenibles en esos centros de trabajo.

Las muertes de obreros agrícolas por el manejo  inadecuado de plaguicidas en los cultivos y la ausencia de equipos de seguridad en el uso de los Trabajadores de la Construcción, le han costado a este país muchas vidas de criollos  y extranjeros que laboran en esas áreas de producción nacional, que hasta el momento nadie se ha decidido a cuantificar, pero que resultan tan preocupantes como los que han fallecido en los siniestros que se han producido en las empresas y envasadoras de la capital, razón por la cual consideramos que se deben adoptar políticas globales de prevención por la vida de nuestros trabajadores en cualquier parte del país.

agendasemanal@hotmail.com

Se ha querido comercializar la idea de que el Ministro de Educación, Arq. Andrés Inocencio Navarro, ha resultado egregio en sus actividades al frente del gabinete que tiene bajo su mando (aparentemente) la mayor cantidad de dinero de todas las carteras estatales. El despliegue de publicidad que sustenta dicha autoridad es ingente, al punto de llegar a lo extremo. Algunos especulan que se llega a gastar cerca de un millón (RD$1,000,000) de pesos diarios para la famosa Revolución Educativa.

Como docente del sistema público, se podría argumentar que las discrepancias tienen su esencia en factores de índole gremial o personal; sin embargo las reflexiones que haré a continuación desmontan esa idea y sirven de plataforma para administrar las articulaciones escritas y verbales que se deriven del tema. La sociedad dominicana en su conjunto observó con ojos de complacencia la aplicación del 4% del PIB, pero no así el destino que ha tomado el mismo.

Actualmente el Ministerio de Educación tiene bajo su control más dinero  (en materia de presupuesto anual) que la cantidad que manejó el último gobierno del Dr. Joaquín Balaguer. ¡Claro! Las circunstancias son totalmente diferentes y las exigencias sociales son cuantiosas. En tal sentido es menester referir que una de las máculas que tiene al gasto del 4% del PIB en educación es la gran cuantía de empleados (injustificables) y las denuncias de obras sobrevaluadas (cuando las escuelas las construía la OISOE).

Actualmente se vende, me parece a espalda y engañando al Presidente, la idea de que las escuelas públicas gozan de niveles de tranquilidad y abundancia tanto así que son las envidias de los centros educativos privados. Es una total falacia. Las escuelas todavía, en pleno siglo XXI, imparten sus docencias con tizas y pizarras antiguas. Es cierto que no podemos prescindir de estas herramientas, pero si podemos combinarlas con las Tecnologías de la Información y la Comunicación, cosa esta que no se ha hecho.

La mayoría de los centros no posee computadoras ni internet, a pesar de que se está implementando la Republica Digital. Para la práctica deportiva no se cuenta con utilería adecuada, ni siquiera con canchas decentes. Para probar lo que expreso en éste escrito, simplemente hagan una auditoria visual a los centros educativos de sus zonas amigos lectores, y se percatarán de la veracidad de mis argumentos.

En el plano laborar se ejerce (desde la cabeza del Ministerio) una gazmoña. El clientelismo no ha dejado de ser en este caso, al contrario se ha incrementado. Tenemos escuelas con una sola puerta y diez (10) porteros nombrados para esa portezuela. ¿Cómo se le llama a esa práctica?  Hace falta de todo incluyendo buenos, más y mejores docentes.

Para subsanar la carencia de docentes es lógico pensar que se debe establecer un filtro para seleccionar, mediante concursos de oposición, a los que presenten las mejores calificaciones y cualidades para tan digna labor. Se ha efectuado todo lo opuesto, el Ministro Navarro, violando La Ley 66-97 y el Código Laboral Dominicano (CLD) ha contratado a miles de docentes, que si bien pueden cumplir la labor educativa, nunca han sido evaluados correctamente.

A éstos se le paga menos de la mitad del salario establecido para un educador fijo, no se le paga seguro médico, ni prestaciones laborales ni cotizan para una AFP. Violentado sus derechos el Ministro Navarro pregona democracia, cuando estas acciones sólo se observan en regímenes dictatoriales. Añado además que los salarios de estos docentes contratados se pagan de forma tardía, inclusive tardando hasta once meses para pagarle sus sueldos.

Se dice que el educador dominicano devenga un salario muy atractivo, pero lo que no se dice es que de los salarios de los educadores se descuentan casi RD20,000 (veinte mil pesos dominicanos) en impuestos y supuestos beneficios que nunca serán vistos por los preceptores.-