POR LUIS M. GUZMAN

En mayo de 2025, el gobierno dominicano introdujo al Congreso un proyecto de Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales, con la finalidad de sustituir la antigua Ley 6132 de 1962.

El contexto digital y el ecosistema mediático actual exigen una reforma legal que aborde tanto los nuevos medios como los derechos fundamentales en un Estado democrático. Esta iniciativa, sin embargo, ha generado tanto expectativa como preocupación entre sectores de la sociedad civil y el periodismo.

El proyecto propone la creación del Instituto Nacional de Comunicación (INACOM), que regulará los contenidos difundidos en radio, televisión, redes sociales y plataformas digitales. Aunque el INACOM estaría adscrito al Ministerio de Cultura, se le otorga autonomía funcional, presupuestaria y personalidad jurídica. Sin embargo, el hecho de que sus directivos sean propuestos por el Poder Ejecutivo y ratificados por el Senado genera dudas sobre su independencia real.

El INACOM podrá imponer sanciones, suspender espectáculos y solicitar informaciones a los medios de comunicación. Si bien se estipula que la mayoría de estas medidas deben contar con orden judicial, se exceptúa esta exigencia en casos de «protección a la niñez» o vulneración a la «dignidad humana». El problema reside en que ambos conceptos carecen de definiciones precisas dentro del texto legal, abriendo la posibilidad a usos discrecionales y restrictivos.

El proyecto exige que plataformas digitales con más del 10% de usuarios dominicanos tengan representación legal en el país y revelen públicamente sus políticas de moderación de contenido. Esta disposición sigue modelos regulatorios internacionales, pero su aplicabilidad local plantea desafíos legales, técnicos y diplomáticos, especialmente con empresas tecnológicas extranjeras.

Una sección valiosa del proyecto es la despenalización de las expresiones y publicaciones, eliminando la posibilidad de que periodistas o ciudadanos vayan a prisión por sus opiniones. Las sanciones serán civiles, como multas o suspensiones temporales, lo que representa un avance frente a legislaciones pasadas que criminalizaban la crítica.

Además, se consagran derechos esenciales para el ejercicio del periodismo: el secreto profesional, la cláusula de conciencia y la objeción ética. Igualmente, se reafirma el derecho al acceso universal a Internet y se prohíbe toda forma de censura previa, lo que garantiza el principio de libertad de expresión ex ante.

El proceso de redacción contó con la participación de una comisión múltiple liderada por el jurista Namphi Rodríguez y figuras de peso en el periodismo nacional como Miguel Franjul, Inés Aizpún, Edith Febles y Huchi Lora. Asimismo, se realizaron consultas con organismos internacionales como la ONU, UNESCO, CIDH y la Sociedad Interamericana de Prensa, lo cual refuerza su legitimidad técnica y su alineación con estándares internacionales.

Temor

A pesar de estos logros, el temor generalizado es que esta ley pueda transformarse en un instrumento de censura si es manipulada por gobiernos autoritarios. La experiencia histórica dominicana demuestra que los mecanismos legales, aunque diseñados con buenas intenciones, pueden volverse herramientas de represión cuando no existen controles democráticos eficaces.

Por tanto, es urgente dotar al proyecto de definiciones jurídicamente estrictas y crear órganos independientes de fiscalización del INACOM. También se hace necesario que la sociedad civil, los gremios periodísticos y la academia participen de manera constante en la evaluación de su implementación.

La reforma legal de los medios no puede reducirse a controlar el contenido. Debe contribuir a consolidar una cultura democrática basada en la pluralidad, el respeto al disenso y la transparencia informativa. Una buena ley de expresión no es la que calla al crítico, sino la que protege su derecho a incomodar.

Finalmente, la eficacia de esta nueva legislación dependerá menos de su redacción inicial que de su aplicación concreta. En un país donde la institucionalidad es frágil, la vigilancia ciudadana y el escrutinio público serán fundamentales para evitar retrocesos democráticos.

El proyecto contiene avances relevantes, pero también zonas grises que deben afinarse. La República Dominicana está ante una oportunidad histórica de actualizar su legislación sin comprometer los valores esenciales de una sociedad libre y plural.

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POR ARLENE REYES SANCHEZ

En un país donde las grandes causas muchas veces luchan por tener voz, doña Mary Pérez Marranzini supo no solo hacerse escuchar, sino dejar una huella profunda, transformadora y duradera.

Más que una filántropa social, fue una pionera de la solidaridad organizada y una visionaria que abrió camino en la comunicación corporativa y la responsabilidad social mucho antes de que estos términos existieran formalmente en República Dominicana.

Cuando aún no se concebían campañas de recaudación estructuradas ni departamentos de comunicación en las instituciones sin fines de lucro, doña Mary y su inseparable compañera Vicenta de Peignand ya recorrían medios de comunicación y escuelas repartiendo sobrecitos con llamados a la colaboración. Era una forma primitiva pero efectiva de movilizar conciencias y recursos. Recuerdo con nitidez cómo cada fin de año esos sobres llegaban a nuestros colegios, y cómo, como niños, comprendíamos mejor su labor porque muchos usábamos esas boticas que «servían para enderezar los pies».

Doña Mary entendía la fuerza de la comunicación cuando todavía era vista como un accesorio y no como una herramienta estratégica. Aparecía en radio, televisión, ruedas de prensa, charlas… no para figurar, sino para educar, sensibilizar, humanizar. Con ella, la responsabilidad social no era una moda, era una forma de vida.

Tuve el inmenso privilegio de conocerla de cerca. Como periodista y comunicadora me desempeñé como directora de Comunicación de la Asociación Dominicana de Rehabilitación entre 2016 y 2019. Fueron años de aprendizaje profundo, no solo profesional, sino humano.

Ver hoy en los medios las fotografías de aquellas últimas sesiones públicas que compartimos me conmueve; evocar los desayunos y encuentros con periodistas que marcaron sus apariciones finales me llena de gratitud. Acompañarla en ese cierre de su ejemplar labor es uno de los más grandes honores que la vida me ha concedido.

En septiembre de 2019 decidí asumir nuevos retos profesionales. Lo que más me dolió fue separarme de quien me enseñó, como nadie más, lo que significa el amor desinteresado al prójimo. Mucha gente no sabe que doña Mary nunca aceptó un salario. Ni quincenas ni contratos. Su único deseo era devolver al mundo la gratitud que sentía por la vida de su hijo Celso, quien logró sobrevivir a la poliomielitis.

Historia

Nacida en Santo Domingo, fruto del amor entre el español Celso Pérez y la puertorriqueña Carmen Pintado, doña Mary construyó una vida familiar sólida al lado de su esposo Constantino Marranzini (fallecido en 1993), con quien tuvo cuatro hijos y 14 nietos. Pero más allá de su familia, construyó una nación más humana.

Fundadora del Colegio Santa Teresita y luego bachiller en Filosofía y Letras en 1944, doña Mary ya en 1959 era la dominicana con mayor experiencia en fisioterapia de miembros inferiores. Esa preparación, nacida del dolor y la necesidad, se transformó en liderazgo cuando fundó la Asociación Dominicana de Rehabilitación, institución que hoy lleva más de cuatro décadas atendiendo a personas con discapacidad física y mental.

Ella fue mucho más que una fundadora. Fue gestora, articuladora, redactora de estatutos, diseñadora de procedimientos, y creadora de una cultura de servicio que todavía se respira en cada rincón de la institución.

Su vinculación con organismos como el Consejo Nacional de Seguridad Social, la Comisión Nacional de Salud, el CONAPREM y muchas otras, refleja su rol activo en políticas públicas, salud y derechos humanos.

Fue también pionera del voluntariado estructurado, del activismo social con rostro humano, y de la formación ética como base de cualquier proyecto solidario. Presentó ponencias, promovió cambios legislativos, levantó la voz por quienes no podían hacerlo.

A lo largo de su trayectoria fue merecedora de numerosos reconocimientos, entre ellos: la Orden Duarte, Sánchez y Mella; la Orden San Silvestre Papa, otorgada por el Papa Juan Pablo II; y diversos doctorados Honoris Causa. Cada uno de esos galardones confirma lo que quienes trabajamos con ella siempre supimos: que estábamos ante una mujer excepcional.

Hoy, al recordarla, lo hago no solo como excolaboradora, sino como discípula. La comunicadora que soy le debe mucho a la pionera que ella fue. Porque antes de que en este país se hablara de responsabilidad social, doña Mary ya la practicaba con rigor. Antes de que se estructuraran departamentos de comunicación institucional, ella ya sabía cómo hablarle al corazón del pueblo.

Su memoria seguirá viva en cada niño que reciba una botica, en cada familia que encuentre esperanza en la rehabilitación, y en cada persona que entienda que comunicar bien también es una forma de sanar.

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