Recibí vía WhatApp de mi profesor, Lic. Andrés Julio Espinal, una idea que, a mi parecer, de ponerse en práctica, la educación pública corre el riesgo de ser privatizada mediante una alianza pública privada, alianza que supuestamente, tiene la finalidad de desarrollar, financiar, construir, operar, mantener un proyecto o servicio de interés público. Aunque el privado participe, el gobierno regula, vigila y asegura el cumplimiento.

La idea de Andrés Julio, de establecer un per cápita por estudiante y transferir la administración de las escuelas a manos privadas bajo supervisión estatal parece, a primera vista, una fórmula de modernización. Se habla de eficiencia, de reducir la injerencia política en la contratación de maestros; de multiplicar centros educativos en barrios y residenciales para disminuir costos de transporte. Invoca la excelencia medida por resultados de pruebas internacionales y se promete que la educación seguirá siendo gratuita.

Pero detrás de esta narrativa de innovación, se esconde una mutación peligrosa del concepto de educación pública. El Estado, en lugar de ser garante y proveedor del derecho fundamental a la educación, se convierte en un simple regulador, una “Superintendencia” que vigila desde la distancia. La escuela deja de ser un espacio de ciudadanía y se transforma en una empresa de servicios, donde los padres fungen como accionistas y los niños como beneficiarios de un contrato mercantil.

Derecho vs. servicio: La tensión ética y política

La educación deja de ser un derecho garantizado por la comunidad política y pasa a ser un servicio contratado a privados. -se busca la neutralización de la política vs. pérdida de control democrático, para eliminar el clientelismo y también reducir la capacidad del Estado de garantizar equidad y universalidad.

Excelencia vs. pertinencia 

Los estándares internacionales como: Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes. (PISA), pueden convertirse en dogma, invisibilizando las necesidades culturales y locales y la participación ciudadana vs. mercantilización: Los padres en consejos directivos parecen empoderados, pero en realidad se les asigna un rol de accionistas, trasladando la lógica del mercado al corazón de la educación; pero ¿Para qué sirve PISA? Comparar la calidad educativa entre países. Identificar fortalezas y debilidades de los sistemas educativos y ofrecer datos para diseñar políticas públicas y reformas en educación.

Lecciones de la historia

La privatización encubierta de servicios públicos no es nueva. En la electricidad, el agua o la salud, las alianzas público-privadas han prometido eficiencia y modernización, pero con frecuencia han terminado en segmentación social, desigualdad territorial y debilitamiento del control democrático. La educación, sin embargo, no es un servicio más: es el cimiento de la ciudadanía, el espacio donde se forman las conciencias críticas y se reproduce la cultura democrática.

Advertencia

Si aceptamos que la educación pública se convierta en un mercado regulado, corremos el riesgo de renunciar al principio de igualdad que la sostiene. La gratuidad puede mantenerse en el discurso, pero la esencia del derecho se erosiona cuando la lógica empresarial sustituye a la lógica ciudadana.

La pregunta no es si este modelo traerá más escuelas o mejores pruebas, sino qué tipo de sociedad estamos construyendo. Una sociedad de consumidores de servicios educativos o una comunidad de ciudadanos que reconocen la educación como un derecho inalienable.

La advertencia es clara: cuando la educación se privatiza, aunque sea encubiertamente, no solo se vende un servicio, se hipoteca el futuro democrático de la nación

jpm-am

Según nuestras fuentes norteamericanas es un hecho que el presidente Donald Trump sostuvo recientemente una conversación telefónica muy interesante con el gobernante venezolano Nicolás Maduro, donde se conversó sobre negociaciones a todos los niveles y salidas distintas, hasta un ultimátum para dejar el poder e iniciar una transición pacífica y democrática, por las buenas o por las malas. Durante ese intercambio, Trump habría dado un paso tan audaz como inesperado: invitar a Maduro a la Casa Blanca. De concretarse, estaríamos ante un acontecimiento que marcaría un antes y un después en la historia política de Estados Unidos y Venezuela.

No es un secreto que la relación entre Trump y Maduro ha sido una de las más tensas de la región en los últimos años. Trump ha llamado a Maduro dictador y narcotraficante además de acusarlo de dirigir la organización criminal de los Soles en múltiples ocasiones, mientras que el líder venezolano ha acusado a Washington de intentar desestabilizar su gobierno. Sin embargo, el poder estatal y más aún la política global, suele dar giros sorprendentes cuando los intereses estratégicos entran en juego.

Una invitación a la Casa Blanca no solo sería un gesto diplomático de alto calibre, sino también una jugada que podría redefinir el tablero del poder político regional. ¿Busca Trump abrir una nueva vía de influencia en América Latina? ¿Intenta Maduro romper su aislamiento internacional? ¿O ambos están visualizando beneficios mutuos en un escenario global cada vez más complejo?

Más allá de las interpretaciones, lo cierto es que un encuentro entre estos dos líderes tendría repercusiones profundas. Podría abrir puertas a pactos inéditos, modificar y retomar alianzas tradicionales, y provocar fuertes debates tanto en la comunidad internacional como en sus propios países.

Por ahora, ninguna de las partes ha confirmado o desmentido oficialmente la conversación ni la invitación a la Casa Blanca. Pero si este acercamiento se materializa, será sin duda uno de los capítulos más llamativos, impactantes y estratégicos de la geopolítica hemisférica contemporánea.

Como periodista, observo con atención. Y como analista, advierto que cuando dos actores están opuestos y deciden conversar, es porque algo grande se está moviendo detrás del telón.

jpm-am