En las décadas de 1970 y 1980, en la República Dominicana el anarcosindicalismo o la anarquía en el movimiento gremial hacía huelgas ante cualquier mueca inusual de un presidente o administrador empresarial, lo que condujo al desmoronamiento de los sindicatos más conspicuos y a la hoy exigua afiliación organizacional.

Y en los primeros decenios del siglo XXI, la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y el Colegio Médico Dominicano (CMD) reeditan ese perjudicial y traumático accionar, lesionando severamente a las poblaciones más vulnerables e inobservando la Constitución de la República.

Directivos de los sindicatos más fuertes se creían con más poder en las empresas que sus propios dueños por lo que, para evadir conflictividades e improductividades, estos despidan enseguida a quienes se proponen asociarse, quebrantando principios del Código Laboral.  Por ser vistos con malos ojos, los pocos sindicatos que existen en la actualidad son entelequias, y esa tendencia se ha prolongado en el anclaje social.

La Carta Magna establece claramente, en su artículo 61, -atención médicos- el derecho a la salud y la accesibilidad a la asistencia médica y hospitalización gratuita a quienes la requieran, en tanto que en su artículo 63 se refiere al derecho a la educación -observación para los profesores-, a su acceso permanente al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura.

Más. El artículo 147 de la Constitución dispone que los servicios públicos deben responder a los principios de accesibilidad y continuidad, mientras que el artículo 148 instituye la responsabilidad civil por daños y perjuicios por las personas físicas o jurídicas por una actuación u omisión.

Todavía más. Ya existe un precedente: la sentencia número 05-2017-0124 del Tribunal Constitucional, que confirma el dictamen de la Primera Sala de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de Barahona condenatoria de los paros de la ADP; juzga que el derecho a la educación está por encima del derecho a huelga, y que cuando los profesores no laboran privan a los niños de un derecho fundamental. Igual acontece con la salud.

El abandono y la inasistencia a clases o a los centros médicos y las huelgas recurrentes son una especie de anarcosindicalismo, que nació en Europa en la Primera Internacional de Trabajadores, liderada por Carlos Marx, Friedrich Engels y Mijaíl Bakunin.  Esta teorética sustenta, dogmáticamente, la toma del poder desde los sindicatos de obreros fabriles, durante la Revolución Industrial, en el ocaso del siglo XIX. En ese encuadre, el sindicalismo revolucionario rechaza la colaboración de clases y se inclina por el antiestatismo.

El sindicalismo

El sindicalismo ha sido hecho un guiñapo, y empezó con la politización y la división entre izquierda y derecha del Frente Único Pro Sindicatos Autónomas (Fousa), fundado el 17 de septiembre de 1961.  Después se fragmentaron la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC) y la Central General de Trabajadores (CGT).

En el tramo de 1970 y mediados de 1980, el Sindicato de Trabajadores de la Corporación Dominicana de Electricidad (Sitracode), el Sindicato Nacional de Trabajadores Telefónicos (SNTT), el Sindicato de Metaldom, el Sindicato de Trabajadores del Central Romana, el Sindicato de la Fábrica del Vidrio de San Cristóbal (Favidrio), el Sindicato de la Cervecería Nacional Dominicana y otros fueron destruidos y sus directivos cancelados en su intransigente lucha y en huelgas por los pactos colectivos, el fuero y la inamovilidad sindical, los aumentos salariales y los permisos para reuniones y asambleas en horas laborales. Como periodista cubrí esos acontecimientos, y reporté penurias.

A la fragmentación ideológico/política y el anarcosindicalismo se adicionan las irregularidades y la corrupción de los recursos financieros provenientes de Europa y Canadá, la utilización de los sindicatos por la izquierda como “correa de transmisión” para la transformación del capitalismo al socialismo, la represión política de la dictadura ilustrada de Joaquín Balaguer, el caudillismo autoritarista sin alternativa generacional, las disputas por mantener los cargos y el control de estos instrumentos para viajar al extranjero y devengar salarios y otros beneficios, las reformas económicas neoliberales y las nuevas tecnologías.

Mercurialistas

La ADP y el Colegio Médico se han inscrito como mercurialistas, anticonstitucionalistas y cómplices de la vagancia y las violaciones a los principios éticos, bajo el etiquetado de que entre bomberos no se pisan las mangueras. Veamos apenas tres titulares de Diario Libre y Hoy del 15 de noviembre de 2024: “Las huelgas de maestros cuestan al Estado 760 millones de pesos diarios”, según Educa, “Por no trabajar entre otras faltas maestros fueron destituidos” (348 solicitaron su cancelación y 279 separados), y el “CMD convoca a paro por 96 horas tras desacuerdo salarial”.

En esa estría delgada y engordada por el individualismo y la persistente interrupción de los servicios de salud y educación, ha empezado la cruzada de madres y padres de familias y otros ciudadanos pertenecientes a entidades representativas contra los que hacen sabotajes peores que a una línea eléctrica de alta tensión.

También reclamarán que se profundicen investigaciones sobre las denuncias de burdos enriquecimientos de viejos directivos grupales, para que sean sometidos a la justicia; realizarán piquetes en centros educativos y médicos para acabar con el chantaje del arma sin fuego y todo ese forúnculo o esputo en el alma y el cuerpo de la sociedad dominicana.

El exceso anarcosindicalista de estos dos gremios – que usan sus poderes organizacionales para obtener objetivos particulares en detrimento de los más desvalidos- por una tarea difícil para el Gobierno, anormalidad que no ocurre en ninguna parte del mundo. Nadie está contabilizando el número de personas que mueren por negligencias y culpas de médicos, ni la responsabilidad de la ADP en las graves deficiencias en la formación de los escolares.

Está llegando el instante en que los ciudadanos intensificarán sus actividades contra esos dirigentes, con movilizaciones y protestas frente a escuelas y hospitales, con pancartas en las redes, en los barrios y el vecindario. En parques quemarán sus figuras de cartón y trapos.

Los gremios citados no han aprendido de los movimientos sociales impulsados por las nuevas generaciones y la clase media, que no se han sobrepasado en la lucha, ni perjudicado a los más desamparados. Estas últimas consiguen mayor aceptación, en una sociedad eminentemente conservadora y empoderada. Ilustremos con solo tres ejemplos que han tenido éxitos con nuevos enfoques:

Primero, las protestas pacíficas en el 2009 de los moradores del distrito municipal de Gonzalo, en Sabana Grande de Boyá, Monte Plata, contra la instalación de una cementera en el parque nacional Los Haitises. Estos tuvieron un gran respaldo popular, y cosecharon un triunfo total, debido a que el Gobierno echó para atrás el proyecto.

Segundo, la Marcha Verde por el fin de la impunidad, convocada en el 2017 por organizaciones sociales, a raíz de la denuncia internacional de que funcionarios gubernamentales y legisladores habían recibido de la corporación brasileña Odebrecht aproximadamente 92 millones de dólares, en el período comprendido entre 2001 y 2014, para favorecerla con obras de construcciones estatales.

Las masivas caminatas, piquetes, las cadenas humanas, encendidos de velas y manifestaciones en la Plaza de la Bandera y distintas avenidas -yo participé en todas- motorizó para que el Ministerio Público arrestara y presentara cargos contra más de una docena de personas.

Tercero, el reclamo del 4% para la educación frente al Palacio Nacional, el Congreso y otros espacios públicos exhibiendo objetos amarillos, conquistó la más amplia simpatía de los últimos años, y se estampó como un triunfo educativo.

Ante el cúmulo de carencias, que dan puntillazos a la inmensa mayoría, los grupos populares y políticos deben ser más creativos en el empleo de métodos que surtan resultados positivos.

No sabemos a quién es que le conviene seguir efectuando huelgas, que muchas veces derivan en disturbios y solo sirven para empeorar la crisis, al margen de que individualmente consigan algunos chelitos, que poca cosa les van a resolver en comparación con el daño que hacen y que provocarían el rechazo incluso del alemán Rudolf Rocker, creador del anarcosindicalismo.

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Lo público y lo privado son categorías que se utilizan constantemente en nuestro diario vivir, y sin embargo, es difícil encontrar un análisis básico de las diferencias entre la vida pública y la vida privada. Y cuando se lo hace, con sentido reflexivo, uno toma conciencia de que no hay nada mejor ni nada peor en cada una de estas formas de experiencia humana.

En verdad, ambas realidades son interdependientes y bastante dinámicas en la vida social y también en el ámbito jurídico, político y cultural que conforman la sociedad.

La diferencia entre lo público y lo privado suele analizarse, más bien, desde una perspectiva política o jurídica. Sin embargo, ambos espacios de interacción tienen fundamentos sociales y culturales que son previos a la política y al derecho positivo.

Pero, ¿qué significa público y qué significa privado?

Antes de definir los términos, es necesario decir que no es posible dar una definición por separada de cualquiera de los dos. Público y privado son dimensiones de una experiencia que es continua e interdependiente.

Además de esta interdependencia semántica entre los dos conceptos, poseen ambos dos significados, que se vienen desarrollando y evolucionando desde hace siglos, tanto en el ámbito del derecho, como en el aspecto político.

El primer significado se orienta a definir la distribución de derechos y obligaciones que tienen las personas, los grupos sociales y las organizaciones sociales. Esto significa que lo público señala aquello que es común o compartido por una sociedad. Desde la perspectiva de la propiedad, algo que sea público por ser común es algo que “no es de nadie”, y a la vez, “es de todos».

En tal sentido, lo público adquiere un significado de impersonalidad, porque señala un sujeto colectivo, comunitario, grupal con un rol o papel determinado, con derechos y obligaciones en relación con algo.

En este mismo campo semántico, privado significa particular, algo que “es de alguien” y que “no es de todos». Esto significa que un cierto sujeto (individual, aunque personal u organizacional) tiene cierto derecho de decisión sobre cierta parte o sobre la totalidad de un objeto (físico o simbólico).

Así pues, decir privado es decir referencia al individuo; decir público es referirse a lo colectivo; por un lado, lo particular, por otro lo general.

En lo que tiene que ver con el Derecho público, éste regula las relaciones del Estado y las administraciones públicas con los ciudadanos.

Es un tipo de derecho en el que las normas se ejercen en representación de los intereses estatales. Este ordena las relaciones por subordinación, es decir, exige el cumplimiento de órdenes, imponiendo reglamentos, sin que afecte a la dignidad y a los derechos mínimos de la persona.

El Derecho privado, por el contrario, reúne el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones y actividades entre los individuos. En esta rama de la justicia la regulación de normas entre los sujetos, parte de la igualdad de condiciones, y sin interferencia de los intereses del Estado.

El derecho de carácter privado se rige por dos órdenes elementales, unas son las de autonomía de voluntad de los particulares, en las que la imposición no es unilateral, sino que, si hay una obligación es porque la persona la asume voluntariamente. Por otra parte, las de Igualdad ante la ley, es decir, las personas implicadas se someten en un punto igual ante la ley bajo el mismo marco jurídico.

En resumen, en el Derecho público los ciudadanos, desde cualquier esfera de la sociedad que se manifiesten, están en la obligación de hacer lo que la ley manda; mientras que, en el derecho privado, se está en libertad de hacer todo lo que la ley no prohíbe.

Con relación al aspecto político administrativo, cabe decir que, en una organización del sector público, empleados, supervisores y administradores son todos trabajadores del Estado, mientras que, en las empresas del sector privado, éstos responden a una sociedad corporativa o a un propietario único.

Los grupos del sector público tienen el deber de servir al ciudadano, además de que no están orientados al beneficio económico; mientras que las compañías privadas se rigen por objetivos de beneficio económico y compiten para superar a otras empresas que ofrecen bienes y servicios similares.

En fin, aunque algunos consideren que esta dicotomía es inoperante y que restringe y confunde el conocimiento sobre las sociedades, la distinción entre lo público y lo privado ha permitido organizar los sistemas sociales que imperan hoy en día, definir espacios de competencia y formular normativas que ha contribuido considerablemente a la buena convivencia humana.

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POR ROBERTO VERAS

En el inicio del segundo periodo de seis años del alcalde Juan de los Santos, los regidores Rodríguez Solís y Daneris Santana presentaron una iniciativa histórica.

Sometieron una pieza municipal que proponía cambiar el nombre de la Carretera de San Isidro por el de Coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, en honor al ideólogo de la Revolución de Abril de 1965.

Tuve el privilegio, como relacionista público honorífico de la Fundación Fernández Domínguez, de concertar una reunión clave para este proyecto. En ella participaron los regidores proponentes y doña Arlette Fernández, a quien siempre consideré «la novia de la patria» por su inquebrantable compromiso con los ideales de su esposo.

Durante este encuentro, se debatieron diversos tópicos históricos y la importancia de preservar el legado del coronel.

Posteriormente, la pieza fue sometida al Concejo de Regidores del ASDE, logrando una aprobación unánime. Este logro marcó el primer paso para rendir tributo a uno de los héroes más emblemáticos de nuestra historia reciente.

El proyecto evolucionó gracias al esfuerzo del presidente de la fundación, Ludovino Fernández, quien, junto con los regidores, identificó un lugar adecuado en la avenida para erigir un busto en honor al coronel.

Sin embargo, años después, bajo la gestión del alcalde Manuel Jiménez, el homenaje alcanzó nuevas dimensiones. Con un enfoque renovado, se construyó un monumento más detallado que incluye un tanque de guerra, simbólico de la época de la revolución, y la figura de un niño mirando al coronel, representando el impacto generacional de su lucha.

En un futuro artículo, detallaremos estos elementos añadidos a la propuesta original, destacando cómo el esfuerzo colectivo de ciudadanos y autoridades ha permitido que el Coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez ocupe un lugar más visible y merecido en la memoria histórica de nuestro país.

Su legado vive, no solo en las páginas de la historia, sino también en los monumentos que nos recuerdan que su lucha fue por un futuro más justo para todos.

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El régimen de Trujillo comenzó en 1930 con el asesinato de una mujer embarazada, Altagracia Almánzar, esposa del poeta y munícipe distinguido Virgilio Martínez Reyna (también ejecutado); visionario antitrujillista de San José de las Matas (Santiago) que enfrentó al emergente dictador desde sus inicios.

Después siguió la muerte de muchos otros dominicanos, haitianos, españoles (as) hasta llegar al asesinato de las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, el 25 de noviembre de 1960. Y continuó con la ejecución de otros dominicanos, incluyendo los que ajusticiaron al tirano, prisioneros de su hijo Ramfis Trujillo; siendo Joaquín Balaguer presidente de la República.

Los que evocan el antiguo desorden dominicano (que es el trujillismo), como lo hacen integrantes de un grupo que ataca cobardemente a mujeres indefensas, son continuadores de ese régimen (de los paleros de Balá, los miembros del SIM -servicio de “inteligencia” militar-, los “cocuyos” de la cordillera de Petán Trujillo y los miembros de la “banda colorá”, en los tiempos de Balaguer).

En el contexto dominicano, enfrentar la violencia contra la mujer es, en gran medida, enfrentar las prácticas represivas neotrujillistas. Por ello es importante recordar esta fecha, 25 de noviembre de 1960, cuando esas valientes hermanas iban a visitar a sus maridos presos, precisamente porque también estaban en contra del dictador como lo hizo 30 años antes Martínez Reyna.

Y recordar también que esta fecha se proyectó internacionalmente, por resolución de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), como repudio a la violencia contra la mujer, gracias al trabajo tesonero de otras muchas mujeres dominicanas, opositoras al régimen neotrujillista de Balaguer; entre ellas Magaly Pineda, fundadora del Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF) .

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