En mi opinión, el que diga que son legales todos los acuerdos (negocios) que haga el ministerio público con imputados, desconoce la teoría del proceso, en nuestro caso, el código procesal penal.

En los Estados Unidos, los fiscales tienen casi el 100% de discrecionalidad para hacer acuerdos con los imputados a través del Plea Bargaining (Criterio de Oportunidad al estilo anglosajón).

En Brasil la delación premiada también le da un gran margen para negociar.

Sin embargo, en República Dominicana, el Criterio de Oportunidad está reglado (en la ley), lo que quiere decir, que el legislador nacional ha colocado en la ley procesal varios supuestos, en los que el ministerio público no puede hacer arreglos, negociaciones o acuerdos con los imputados, salvo que sean para que se declaren culpables (admiten los hechos que se les imputan), devuelvan el dinero sustraído (no parte), y se beneficien de un juicio penal abreviado con el que se acuerda la pena y la multa.

Aún así, un juez tiene que homologar esos acuerdos (aprobarlos y validarlos).

En la práctica, y contraviniendo lo dispuesto por la ley procesal (CPP. art. 34), el ministerio público sigue haciendo acuerdos que están taxativamente dentro del ámbito de lo prohibido para el órgano acusador.

Esos acuerdos encubren su ineficiencia. Es más fácil negociar que recabar las pruebas que acrediten la culpabilidad de los imputados en casos complejos.

Parece que en este caso el ministerio público finalmente descontinuará su acostumbrada violación a la ley. La ley le prohíbe acuerdos con los imputados en los siguientes supuestos:

1. Cuando se trate de un hecho que no afecte significativamente el bien jurídico protegido ¿No ha sido afectada significativamente el bien jurídico SALUD?

2. O cuando no comprometa gravemente el interés público. ¿No ha comprometido gravemente el caso SENASA el interés público, es decir, a la sociedad en general, más allá de afectar solo a una persona o SENASA?

También les queda vedado al ministerio público hacer acuerdos con los imputados cuando el máximo de la pena imponible sea superior a dos años de privación de libertad o cuando lo haya cometido un funcionario público en el ejercicio del cargo o en ocasión de éste.

POR ANTONIO JOSE GOMEZ PEÑA

En los pasillos de las altas finanzas globales existe una variable que pesa tanto como el PIB: la seguridad jurídica. Durante décadas, República Dominicana cargó con el lastre de la incertidumbre institucional, un «impuesto invisible» que frenaba nuestro verdadero potencial.

Sin embargo, hoy los mercados perciben un cambio de frecuencia. Lo que antes era retórica de campaña, bajo la administración del presidente Luis Abinader, se ha convertido en hechos tangibles. Estableciendo así una nueva marca país,  La ética como responsabilidad social.

La reciente desvinculación y sometimiento a investigación de funcionarios de la actual gestión, incluso aquellos ligados a los orígenes del proyecto político gobernante, evidenciado en los hechos actuales una señal poderosa y disruptiva. No es solo un acto de justicia; se convierte en un poderoso mensaje para los  mercados e inversión de capitales extranjeros.

Al presidente Abinader no le ha temblado el pulso, su accionar valida en la práctica aquella sentencia que lanzó al inicio de su mandato ante su consejo de gobierno, y que muchos creyeron sería una frase más para la hemeroteca: «Yo tengo muchos amigos, pero no cómplices».

Para entender la magnitud de este giro, es necesario mirar por el retrovisor con honestidad, sin pasiones partidarias. Durante los gobiernos anteriores, la corrupción administrativa era a menudo un secreto vox populi. Sin embargo, la maquinaria estatal parecía diseñada para el blindaje, no para la rendición de cuentas. A pesar de las denuncias periodísticas y el clamor social, las detenciones o destituciones de altos jerarcas en pleno ejercicio del poder fueron, en el mejor de los casos, una anomalía estadística.

La diferencia

La diferencia hoy es estructural. La máxima de «el que la hace la paga» ha dejado de ser un eslogan para convertirse en riesgo real para quien se atreva a cruzar la línea. Ya no existen las vacas sagradas, se han acabado con la independencia otorgada al Ministerio Público, también se ha roto el ciclo de impunidad, permitiendo que el peso de la ley caiga sobre los actores indelicados, sin importar si visten el color del partido oficialista o el de la oposición.

Es propio de la democracia que la oposición política critique; es su rol fiscalizador. Sin embargo, resulta paradójico criticar el «ruido» que generan los escándalos cuando, precisamente, ese ruido es la prueba de que el régimen de consecuencias está funcionando. Antes el silencio solapaba culpables; hoy el ruido  los delata.

Criticar cada movimiento, incluso aquellos que representan un saneamiento institucional, puede ser una estrategia electoral, pero es una miopía de Estado. La persecución de la corrupción no debe verse como una debilidad del gobierno de turno, sino como una fortaleza de la nación.

Como empresario e inversionista, lo afirmo categóricamente, la honestidad es rentable. Un país donde el presidente declara que «quien roba tendrá que devolver lo robado» y actúa en consecuencia, se convierte automáticamente en un refugio de seguridad jurídica y capital de calidad.

República Dominicana está construyendo un activo más apreciable que sus playas: la confianza. Y en un mundo convulso, la confianza es la divisa más valiosa.

jpm-am

Cada 9 de diciembre, el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción nos recuerda una verdad incómoda: la corrupción no es un accidente, es un síndrome.

El síndrome de la corrupción incluye instituciones débiles, culturas políticas permisivas y sociedades que, por cansancio o resignación, terminan aceptando lo inaceptable y hasta entrando en ciertos niveles de complicidad.

Este síndrome tiene incidencia global. De manera casi simultánea, en China condenan a muerte a un exfuncionario por delitos de corrupción. En Bulgaria, protestas sostenidas derriban al Gobierno. En Bolivia, un expresidente enfrenta prisión preventiva. Aunque son contextos muy distintos, el mensaje que transmiten estos casos es claro: la corrupción tiene consecuencias visibles y disruptivas.

La pregunta incómoda surge cuando miramos hacia dentro. ¿Qué ocurre en República Dominicana cuando parece tan “cuesta arriba” castigar la corrupción? ¿Por qué casos emblemáticos se diluyen en tecnicismos procesales, cuando acciones penales se extinguen sin sanción ejemplar o cuando escándalos de gran magnitud ocupan titulares sin producir quiebres institucionales profundos? ¿Qué le queda a la ciudadanía cuando el sistema parece capaz de procesar el ruido, pero no de producir justicia?

Aquí el problema deja de ser exclusivamente legal y se vuelve cultural e institucional.

La corrupción no persiste solo porque alguien robe, sino porque el entorno lo permite, lo relativiza o lo administra. Como advertía Zygmunt Bauman, las sociedades contemporáneas corren el riesgo de normalizar aquello que debería indignarlas, convirtiendo la excepción en rutina y el escándalo en paisaje. Cuando esto ocurre, el castigo deja de ser disuasivo y la ética pública se debilita.

Desde una mirada institucional, la lucha contra la corrupción no se mide solo por la apertura de expedientes o la espectacularización mediática de los casos. Se mide por la coherencia del sistema: investigación rigurosa, procesos transparentes, sanciones proporcionales y real reparación del daño. Cuando alguna de estas piezas falla, el mensaje que se transmite es devastador: delinquir puede salir barato.

Jürgen Habermas advierte que la legitimidad democrática no descansa únicamente en el voto, sino en la confianza de que las normas se aplican de manera justa y universal. Sin esa confianza, la esfera pública se erosiona y la ciudadanía se distancia, no por apatía natural, sino por aprendizaje social: “nada cambia”.

Pero la corrupción también es un fenómeno cultural. Jesús Martín-Barbero insistía en que las prácticas sociales no se transforman solo con leyes, sino con narrativas. Y aquí radica uno de nuestros mayores desafíos: durante años hemos contado la corrupción como anécdota, como chisme político o como espectáculo judicial, más que como problema estructural que afecta servicios públicos, derechos sociales y oportunidades de desarrollo.

Amartya Sen lo plantea con claridad: instituciones corruptas reducen las libertades reales de las personas. La corrupción se traduce en hospitales que no funcionan, en educación desigual, en territorios abandonados y en desconfianza generalizada. Es, en esencia, una forma de violencia social.

Vías

Y entonces, ¿nos queda alguna salida? Aquí hay tres vías para echar a andar.

La primera es institucional. Fortalecer los sistemas de control, garantizar independencia judicial, cerrar brechas legales y asegurar que los procesos lleguen a conclusiones creíbles. No basta con iniciar casos; es imprescindible cerrarlos con consecuencias claras. La impunidad, incluso cuando es legalmente argumentada, tiene un costo político y moral enorme.

La segunda es ciudadana. Ninguna transformación sostenida ocurre sin presión social informada. No se trata solo de protestar, sino de vigilar, exigir rendición de cuentas y mantener el tema en la agenda pública más allá del ciclo noticioso. La corrupción se alimenta del olvido.

La tercera es cultural y ética. Necesitamos desmontar la idea de que “todo el mundo lo hace” o de que la corrupción es un mal inevitable. Esa narrativa incrementa el problema. Educar para la integridad, reconocer buenas prácticas y sancionar socialmente el abuso de poder son tareas de largo aliento, pero imprescindibles.

Está bien que sepamos lo que hacen con la corrupción en otros países. Pero lo determinante es precisar qué debemos y podemos hacer en República Dominicana con este síndrome. Y para comenzar, por ahora lo más aconsejable parece concentrarnos en el nivel de indignación que todavía somos capaces de sentir… y de sostener.

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JPM