SANTO DOMINGO. — La Comisión Presidencial Ampliada del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) escogió a unanimidad a Héctor Guzmán como presidente ejecutivo de esta organización política, en el marco de una reunión encabezada por el presidente del partido, Miguel Vargas Maldonado, en la Casa Nacional.

Guzmán, quien hasta el momento se desempeñaba como vicepresidente, agradeció la confianza depositada en él y asumió el compromiso de continuar fortaleciendo al PRD.

“Asumo esta responsabilidad con sentido de deber y con el firme compromiso de seguir trabajando por la organización, el crecimiento y la proyección del PRD de cara a los retos del país y del 2028”, expresó.

En la misma reunión también fue escogido Henry Blanco como secretario nacional de Educación y Doctrina, y Juan Santos vicepresidente del partido, como parte del proceso de fortalecimiento institucional que impulsa la dirección perredeísta.

EVALUACION DEL TRABAJO POLITICO DE LOS ULTIMOS MESES

Asimismo, fue evaluado el trabajo político y organizativo desarrollado por el PRD en los últimos meses así como para reafirmar su estrategia de consolidación territorial, reorganización de estructuras y fortalecimiento del liderazgo partidario, con el objetivo de colocar a la organización en condiciones competitivas para las elecciones del año 2028.

Durante la reunión se destacó el avance sostenido en la organización municipal y distrital, el fortalecimiento del equipo de comunicaciones, el trabajo con los frentes de masas y la implementación de planes de reorganización que buscan cohesionar el partido y proyectarlo con mayor eficacia en el escenario nacional.

El presidente del PRD, Miguel Vargas Maldonado, reiteró que el año 2026 ha sido declarado como el Año del Fortalecimiento y Crecimiento del PRD, subrayando que la prioridad de la organización es consolidar sus estructuras, ampliar su presencia en todo el territorio nacional y prepararse para una participación efectiva en el próximo ciclo electoral.

La Comisión Presidencial Ampliada acordó continuar dando seguimiento a los trabajos organizativos y convocar una próxima reunión en enero, como parte de la agenda de consolidación y crecimiento del PRD.

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El primer ciudadano indignado por el espantoso desfalco al Seguro Nacional de Salud (SENASA) fue el presidente de la República, Luis Abinader, quien, profundamente decepcionado, dispuso que la referida ARS se constituya en actor civil, al tiempo de proclamar su firme voluntad de recuperar cada peso sustraído de la administradora de riesgo de salud del Estado.

Hace mucho tiempo que la ética ha sido parte del debate en la política dominicana. Desde la perspectiva de Byung-Chul Han, la ética frente a la corrupción y la impunidad se ve erosionada por una sociedad que normaliza el éxito sin responsabilidad moral. La impunidad, entonces, es además de jurídica cultural. Para el filósofo coreano, se trata de una forma de cansancio moral colectivo que debilita la conciencia y la exigencia de justicia.

Sin embargo, contrario a la anterior reflexión, el presidente Abinader fortaleció la conciencia y la exigencia de justicia al fijar temprano y con firmeza su decisión de apoyar, sin reservas, al ministerio público y al Poder Judicial, para hacer justicia en el caso SeNaSa.

Nunca un presidente dominicano había elevado tan alta la voz contra la impunidad en un caso de corrupción producido en su propio Gobierno. Todos recordamos el reino de la impunidad que prevaleció en los 20 años de gobiernos del PLD, encabezados por los expresidentes Leonel Fernández y Danilo Medina.

La decisión tomada por Luis Abinader fue fiel a sus valores y principios y a los de su Partido Revolucionario Moderno, que consagra la lucha contra la corrupción y la impunidad en el artículo 3 de sus Estatutos.  Se trata de una postura pocas veces vista en los gobiernos y los partidos políticos dominicanos.

No conforme con que la lucha contra el flagelo de la corrupción estuviera plasmada en los Estatutos, el presidente Luis Abinader y doña Raquel Arbaje, autores del himno del PRM, la incorporaron en el canto solemne del partido, como sigue: “Cuando un pueblo se unifica, se siente mucho más porque es su voz. Y saben todos en su corazón que la moral no se ha perdido que es el momento de enfrentar la corrupción”.

Probablemente, el PRM es el único partido político en el mundo que ha llevado la lucha contra la corrupción al plano simbólico de su canto partidario, convirtiéndolo en un elemento de identidad colectiva. El himno no solo convoca a la militancia, sino que recuerda, cada vez que se entona, que el poder debe ser un instrumento al servicio del bien común y no un medio para el enriquecimiento ilícito.

Otro aspecto diferenciador ha sido el respeto del PRM al funcionamiento independiente de los tribunales judiciales y del Ministerio Público. Por el contrario, bajo los gobiernos del PLD se percibió siempre que las instituciones de justicia operaban con fuertes interferencias políticas, lo que alimentó la desconfianza ciudadana y la sensación de impunidad.

Nadie puede negar que el presidente, Luis Abinader, ha honrado su compromiso de no permitir la impunidad, garantizando que los casos de corrupción sean investigados y procesados sin interferencias políticas. Esta conducta, que marca una ruptura con prácticas del pasado, obliga a los perremeistas a honrar los principios éticos del partido y, como lo cantan en las reuniones, a luchar contra la corrupción.

JPM

El año 2026 no será un período cualquiera para la Junta Central Electoral (JCE). Será, más bien, una prueba de madurez institucional, en la que en el centro de ese desafío se encuentra la implementación de la nueva cédula de identidad y electoral, un proceso que trasciende lo administrativo y toca el corazón mismo de la democracia dominicana.

La nueva cédula no es solo un documento renovado; es la puerta de entrada a una relación distinta entre el Estado y la ciudadanía, la identidad es la llave para ejercer derechos civiles y políticos, acceder a servicios públicos y participar plenamente en la vida democrática, modernizar este instrumento implica asumir con responsabilidad temas tan sensibles como la seguridad de la información, la inclusión social y la confianza institucional.

En ese sentido, resultan alentadores los pasos que ha venido dando la JCE. La acreditación como autoridad certificadora de la firma digital, el inicio de la calibración y personalización de las primeras máquinas que imprimirán la nueva cédula y la alineación de este proyecto con el Plan Estratégico Institucional 2024–2028 evidencian que no se trata de una iniciativa improvisada. Hay planificación, visión de largo plazo y una clara apuesta por colocar la identidad ciudadana a la altura de los tiempos tecnológicos.

Lejos de partir desde cero, la JCE ha venido desarrollando un proceso activo de diálogo y socialización con los distintos sectores de la vida nacional. Reuniones con partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, líderes sociales y otros actores institucionales han permitido explicar con anticipación el alcance, las características y los beneficios de la nueva cédula. Este esfuerzo de apertura y escucha fortalece la legitimidad del proceso y demuestra que la modernización de la identidad se está construyendo con participación, transparencia y sentido democrático.

Más que un reto exclusivo de la JCE, la implementación de la nueva cédula debe asumirse como un proyecto país. La ciudadanía, los partidos políticos, la sociedad civil y el sector privado están llamados a respaldar este proceso con una actitud responsable y constructiva. Apoyar no significa renunciar al escrutinio, sino comprender que la modernización de la identidad es un compromiso colectivo que fortalece el sistema democrático en su conjunto. Cuando los actores políticos acompañan con madurez y la ciudadanía participa con confianza, el resultado trasciende a la institución ejecutora y se convierte en un logro de toda la sociedad dominicana.

De cara a 2026, la JCE tiene una oportunidad histórica de enviar un mensaje claro: que las instituciones dominicanas pueden modernizarse sin perder credibilidad, que la tecnología puede estar al servicio de la democracia y que la identidad ciudadana puede convertirse en una base sólida para un Estado más eficiente y confiable. Si este proceso se conduce con transparencia, planificación y sentido de Estado, la nueva cédula será recordada no solo como un avance administrativo, sino como un paso firme hacia una ciudadanía más segura, más integrada y confiada en sus instituciones.

La nueva cédula será, en definitiva, mucho más que un documento. Será el reflejo de la capacidad del país para asumir cambios complejos con responsabilidad colectiva y visión de futuro.

jpm-am