Corrupción funcionarial: varios núcleos de funcionarios también pueden ser empleados por las organizaciones criminales para perseguir sus fines, de manera que actúen como protectores de su conducta delictiva, facilitando el ejercicio de sus actividades a cambio de un beneficio económico.

Son los tipos de corrupción provocados por organizaciones criminales para el desarrollo de sus actividades, pero no olvidar que la corrupción puede variar dependiendo de la realidad que viva.  Aunque podamos señalar semejanzas para los nexos que se dan entre corrupción y delincuencia organizada, no podemos olvidar que cada situación que se presente gozará de unas determinadas peculiaridades que habrá que tener en cuenta para enfrentar la misma.

Algunos ejemplos de criminalidad organizada que se comparan  a ungran número de delitos de corrupción a todo lo ancho del mundo y que podemos citar aquí a modo de reseña son: la Mafia siciliana )La Cosa Nostra),la Camorra napolitana, la N,dragueta o la Onotara Societá (Mafia calabresa) que es en nuestros días la principal organización criminal de Italia, la Sacra Corona Unita (muy unida a la mafia albanesa), las Triadas chinas, la Mafia  y la Yakuzas nipona, en la actualidad la organización criminal más importante del mundo.

También señalamos como las organizaciones criminales más peligrosas y con más presencia en estos territorios a las siguientes: los cárteles de la droga, sobre todo activos en Colombia y México (entre esos carteles se encuentran, el Cartel del Golfo, el cártel de Tijuana, el Cártel de Juárez y el Cártel de Sinaloa; y de los carteles Colombianos.

El cártel de Cali y los carteles del Norte del Valle), las pandillas y maras centroamericanas, con especial incidencia y peligrosidad en el Triángulo del Norte (El Salvador, Honduras y Guatemala)y en Estados Unidos (las más peligrosas son la Mara Salvatrucha y su principal rival conocida como el Barrio 18) y las bandas latinas en España (como es el caso de los Trinitarios y Dominican Don-Play , de origen dominicano.

Y los Ñetas y Latin Kings, de origen ecuatoriano, agregando la influencia en dicho territorio de cárteles colombianos y el intento por establecerse de ciertos cárteles mexicanos). De todos estos fenómenos hay que preguntarse ¿Cuáles son, en definitiva, las consecuencias de la conexión entre corrupción y delincuencia organizada?

Podemos señalar, que el trabajador público, de manera corrupta colabora con la delincuencia organizada, carcome el Estado de Derecho desde dentro y pone en auténtico peligro la estabilidad política, económica y social del país donde actúa e incluso del ámbito internacional. Las consecuencias de esta injerencia de las organizaciones criminales en los poderes públicos son bien distintas, dependiendo del tipo de corrupción con la que concurran.

Y es que, tanto en España como en Latinoamérica, en los últimos años, la corrupción se ha enquistado en el sistema y ha pasado a ser un modo de vida de muchos servidores públicos; y lo más grave aún, estos casos ocupan las portadas de los periódicos de mayor circulación y abren informativos a diario sin generar ya prácticamente ningún asombro en la población.

La corrupción se ha normalizado y la sociedad permanece impasible y aletargada, mientras día a día ve cómo las arcas públicas se ven y cómo sus derechos son vulnerados simplemente por satisfacer los intereses de unos cuantos “traidores” de la democracia.

En fin, este problema supone que un número muy alto de trabajadores públicos, persiguiendo sus intereses personales, consiguen dañar al Estado desde dentro, desde una posición que es igualmente privilegiada, tanto para defender el bienestar de los ciudadanos como para dinamitarlo.

El problema apache, por tanto y precisamente, cuando se elige por los citados servidores públicos  esta última opción y se institucionaliza cuando dicha elección es altamente pluralizada. Cuando la corrupción y delincuencia organizada se coluden, ponen al Estado de Derecho más en riesgo que nunca al representar dos armas que pueden ser letales para toda institución democrática.

Si a la corrupción señalada le agregamos el daño ocasionado por el crimen organizado, nos encontramos con una auténtica bomba de relojería que puede dar al traste con toda la estructura de una nación democrática.

En primer término, y para entender de manera adecuada el concepto de delincuencia organizada, debemos señalar que el crimen organizado no es exactamente un delito o un tipo delictivo en sí mismo, sino una forma de cometer delitos de manera organizada y estructurada, de ahí que la doctrina no haya conseguido encontrar una definición unánime para la misma.

Si se quiere obtener una línea general o esbozo de lo que constituye ese tipo de delincuencia podemos recurrir a la Convención de Bacines Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional del año 2000 Convención de Palermo.

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A partir de este año 2026 hay que extremar la vigilancia ciudadana y el peritaje de expertos en todo lo que se refiere al macro sistema de la administración pública.

Igualmente, el Estado tiene como exordio activar sus alertas, remover y actualizar sus protocolos de controles, vigilancia y salvamentos ante cualquier potencial depredación de recursos que estén bajo la gestión de los funcionarios públicos. Sin importar distinción de su estatus social, empresarial o político.

– ¿Por qué?

Porque se hace imperativo salvar la estabilidad democrática y garantizar el bienestar general de la población. ¿Está en juego el sistema democrático a causa de la corrupción?, nos preguntamos. Y señalamos al respecto:  

Existen razones que a algunos nos parecen obvias. En el país se da inicio a una especie de cuenta regresiva, con miras al proceso electoral del 2028. Este año será muy reñido, electoralmente hablando, y se puede prestar, asimismo, para despertar no solo pasiones, sino también ambiciones, ansias de riquezas rápidas, fáciles y desmedidas.

Sin dudas comienza una etapa preelectoral y eso implica mayores gastos de recursos en proselitismo. En tanto, aparecen por ahí los espurios, se abandonan los cánones éticos y los formalismos de la buena práctica administrativa.

Personas con visiones radicales de la realidad nacional, plantean ante esta situación, la necesidad de acorazar la gestión administrativa del Estado a través de la movilización de todos los mecanismos preventivos y de control, como son:

-Cámara de Cuentas de la República Dominicana;

-Ministerio de la Administración Pública;

-Contraloría General de la República;

-Ministerio de Hacienda;

-Dirección General de Contrataciones Públicas;

-Dirección Nacional de Investigaciones (DNI).

Abogan igualmente porque el Gobierno central active los mecanismos de fiscalización de las instituciones autónomas del Estado, como la Liga Municipal Dominicana (LMD) y de las entidades de ayuda y asistencia social, las cuales ahora, más que en ningún otro momento, deberán conducirse con mayor apego a los principios éticos que rigen las operaciones del Estado.

Según la Ley número 247-12 de la Administración Pública, corresponde al presidente de la República regir las competencias de la Administración central y del gobierno del Estado que, según el artículo 13 de dicha ley, éste maneja un conjunto de órganos cuyas competencias se extienden en todo el territorio nacional, y cuyos actos se imputan al Estado como persona jurídica.

Eso implica que corresponde al presidente de la República Luis Abinader, adoptar una serie de medidas preventivas, las cuales garanticen al pueblo dominicano el manejo ético a nivel nacional de los recursos del Estado, -como afirman sus seguidores que éste lo hace- en el marco de un mar de aspiraciones a la Presidencia de la República, a posiciones congresuales y municipales en los próximos dos años.

El mandatario se ve compelido, y ahora más que nunca, a garantizar el accionar ético en la administración de los recursos del Estado, no solo por el bienestar de la nación, sino con mayor razón, por su propio bienestar, está llamado a completar sus dos periodos presidenciales con la mayor pulcritud, en marcos históricos que trasciendan los tiempos y sirva de referencia para nuestros futuros gobernantes.

Específicamente, el actual gobierno debe redoblar su vigilancia en la administración de los recursos del Estado.

¿Razones? 

Hay sectores insertos en la administración pública que tratarán de conseguir allí parte o todos los recursos que necesitarán, no solo para aupar sus postulaciones, sino también para enriquecerse en lo personal. No es una práctica del actual gobierno, sino que se trata de un mal endémico que ha afectado la economía nacional durante muchos años y muchos gobiernos.

Se dice con frecuencia que este es “un país rico, pobremente administrado” (frase del expresidente Jacobo Majluta) que uno siente que, en cierto sentido, es verdad, porque con ella se retrata “la paradoja de un país con grandes recursos naturales”, pero pobre de solemnidad. Eso se explica cuando los gobernantes, el Banco Central y los economistas han pregonado en los últimos años un crecimiento positivo de la economía, pero ocurre que esa bonanza, aunque se manifiesta en avances en infraestructura y desarrollo de sectores económicos y financieros, no se reflejan en la reducción de la pobreza.

La corrupción se lo lleva todo

La corrupción ha campeado en el país en los últimos “gobiernos democráticos” que registra la nación, desde el propio gobierno de Joaquín Balaguer, pasando por los de Jorge Blanco, Leonel Fernández, Danilo Medina, y ahora del presidente Luis Abinader. Todos  han sido blanco de serias denuncias de corrupción administrativa que han encontrado eco a nivel internacional.

La organización World Compliance Association (WCA), entidad internacional “sin ánimo de lucro formada por profesionales y organizaciones interesadas en el mundo del “compliance” y que se define como un organismo integrado por profesionales y organizaciones interesadas en lograr avances importantes “en materia de ética y buen gobierno corporativo”, publicó en su portal una recopilación de los casos de “19 colaboradores del ex presidente de la República Dominicana Danilo Medina, y destacan entre ellos, tres ex ministros vinculados a un desfalco millonario y lavado de activos que fueron arrestados durante una “compleja operación anticorrupción”.

“Las detenciones son resultado de la llamada “Operación Calamar”, puesta en marcha “luego de una compleja investigación realizada por la Procuraduría especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa”, reseña la WCA en su portal.

En tanto, el icónico matutino Listín Diario publicó recientemente, bajo la firma de la periodista Yudelka Domínguez, la noticia que destaca en su título: “Corrupción Administrativa. Nueve grandes casos de mala administración y corrupción en el gobierno de Luis Abinader”. En el subtítulo dice: “El último caso de corrupción administrativa salió a la luz hace varias semanas y se trata de la administración de Santiago Hazim al frente de Senasa”.

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