Por Marcelino Lara
En esta segunda parte continuamos desmontando el mito de la baja presión tributaria en la economía economía dominicana.
Y es que ante tanta deficiencia en los servicios públicos básicos que demanda a diario el ciudadano dominicano se hace más que obvio que las recaudaciones no han sido utilizadas para mejorar dichos servicios aún en las ocasiones que han superado el 15%, y eso obliga a dominicanos a pagar por servicios que debería ofrecer el estado con eficiencia y calidad.
Por ejemplo, como educación pública presenta un progresivo deterioro, el grupo poblacional que más paga impuestos, entiéndase la clase media, debe pagar educación de sus hijos a colegios privados.
De igual forma, cuando clase media requiere servicios de salud, debe recurrir a clínicas privadas, y aun teniendo seguro, debe hacer un ilegal y famoso copago por consulta, que ha sido legalizado administrativamente, para aumentar ingresos de los médicos, sin necesidad de tocar los ingresos fiscales del gobierno.
Tampoco tenemos garantías de un servicio de transporte público eficiente porque lo poco que habíamos avanzado en materia de transporte masivo, lo hemos retrocedido en estos últimos 5 años por falta de un adecuado mantenimiento a las diferentes líneas del Metro de Santo Domingo.
Todo eso ha obligado al ciudadano a gastar dinero extra para adquirir algún medio de transporte para poder estudiar y trabajar.
Esos servicios públicos están resueltos en los países nórdicos de alta presión tributaria. Se paga mucho impuesto, es verdad, pero la gente lo recibe para atrás en servicios públicos de calidad que garantizan bienestar y tranquilidad social y económica.
Si consideramos todo el dinero que debe pagar una familia dominicana normal de clase media para cubrir o financiar todos esos servicios públicos que debería garantizarnos el estado dominicano, pero que nunca lo ha hecho, entonces nuestra presión tributaria ascendería en realidad al 20% o más.
Si a todo esto se le agrega que la administración tributaria deja de cobrar el 40% de lo que debería cobrar por ITBIS y 60% de lo que debería cobrar por ISR. Incluyamos además los incentivos fiscales, las exoneraciones y los subsidios, entonces de ninguna manera es válido hablar de una baja presión tributaria.
Más bien debemos hablar de una deficiente administración tributaria y de una falta de voluntad política para cobrar impuestos a quienes pueden pagar más.
Los gobiernos deben cobrar impuestos para mejorar, en primer lugar, la calidad de los servicios públicos que ofrece el estado, no para ampliar la burocracia estatal, ni tampoco para impulsar el populismo económico a través de los llamados programas sociales ejecutados sin ningún tipo de control, como por ejemplo entregar tarjetas de crédito sin nombre del beneficiado o entrega de ayudas de forma indiscriminada sin previamente identificar el nivel de pobreza del beneficiado.
En un escenario económico como el dominicano hablar de baja presión tributaria para justificar una reforma fiscal podría ser un mito que esconde detrás la mala calidad del gasto público y la discrecionalidad de la que hace uso el poder político para ejecutar el gasto público corriente, favoreciendo siempre el aumento indiscriminado de la burocracia estatal.
Nuestro compromiso debe ser mejorar sustancialmente la administración tributaria. Es una aspiración desde hace muchos años que debería ser convertida en realidad por todo aquel que aspire a una mejor República Dominicana.
jpm-am


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