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SAN JUAN.- El caso de Elianni Bello Gelabert -a quien se le imputa abandonar a su hija de tres meses frente a la residencia del padre de la menor en Santurce- abre la puerta a la discusión pública sobre los retos que enfrentan las mujeres inmigrantes dominicanas una vez llegan a Puerto Rico y el tratamiento que reciben cuando se presume que han cometido algún delito, aseguran líderes de esta comunidad.
“Son muchos los retos, especialmente cuando la mujer inmigrante llega de forma irregular, no tiene un estatus migratorio definido y prácticamente está a la deriva”, afirmó Romelinda Grullón, directora del Centro de la Mujer Dominicana, una organización que ofrece servicios a sobrevivientes de violencia de género y agresión sexual.
En entrevista con EL VOCERO, Grullón planteó que la situación de las mujeres inmigrantes es todavía más compleja, ya que se enfrentan a la problemática de no tener un techo seguro y a la dificultad de conseguir un buen empleo. Añadió que a esto se suma la falta de acceso a servicios de salud, la inexistencia de grupos de apoyo y la distancia física con sus familias.
“El tratamiento de la justicia es distinto. Posiblemente, este tipo de situación (el caso de Bello Gelabert) no se hubiese dado si hubiese sido una mujer puertorriqueña, porque la situación que a ella la motivó era que necesitaba trabajar y quería que el padre (de la niña) se responsabilizara. Hay cierta vara con la que se mide a las mujeres que son inmigrantes versus las que no lo son”, agregó Grullón.
Tanto Grullón como el presidente del Comité Dominicano de los Derechos Humanos, José Rodríguez, cuestionaron el proceder del Estado en cuanto al caso de Bello Gelabert y de muchos otros que involucran a mujeres inmigrantes. Coincidieron en que el caso no ha sido manejado correctamente por las autoridades, siendo el enfoque brindado uno punitivo.
“Si se le hubiese dado atención a esta joven, no hubiese pasado esto. Ahora sale el Estado punitivo a criminalizarla. Hoy (ayer) se le busca reducir la fianza, pero es que no debió haber ninguna. Esta joven debió ser llevada a tratamiento”, abundó Rodríguez.
Precisamente, ayer el tribunal acogió una petición del Ministerio Público para que la fianza de Bello Gelabert fuera rebajada de $50,000 a $1, tras lo cual quedó en libertad.
RECUERDA CASO DE LA MUCAMA
Rodríguez criticó el proceder del Estado y recordó el notorio caso de Aida de los Santos Pineda, una empleada doméstica que fue acusada del asesinato de su jefa Georgina Ortiz, esposa del fenecido exjuez asociado del Tribunal Supremo, Carlos Irizarry Yunqué. En 2013 un jurado emitió un veredicto unánime de no culpabilidad.
Contra De los Santos pesaban dos cargos por asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas. La evidencia que desfiló en el tribunal reveló que la víctima tenía heridas de defensa y bajo sus uñas se encontró material genético de más de un varón.
“Elianni no debió estar ingresada tras las rejas. Se le debió brindar tratamiento. Entonces vemos cómo se repite el caso de doña Aida, de la mucama, del Estado punitivo contra el inmigrante pobre, negro y del ghetto en vez de buscarle ayuda”, dijo Rodríguez.
Por su parte, Grullón manifestó que “las mujeres inmigrantes viven en la incertidumbre día a día pensando que las van a arrestar, están muy expuestas a situaciones de violencia, a la trata humana”. Agregó que muchas temen acudir a solicitar ayuda por desconocimiento, por temor a que su voz no sea escuchada y, peor aún, a que terminen siendo penalizadas.
FALTA DE POLITICA PUBLICA
Aunque estima que medio millón de inmigrantes dominicanos residen en Puerto Rico, Rodríguez denunció que el gobierno no tiene una política pública dirigida a atenderlos. Indicó que hace un mes se reunió en La Fortaleza con Carlos Otáñez e hizo una propuesta para crear política pública.
Añadió que planteó la importancia de la creación de la Oficina del Procurador del Inmigrante, pero aseguró que a la fecha no ha recibido una respuesta sobre dicha petición.
La secretaria de prensa de La Fortaleza, Sheila Angleró, dijo que la reunión fue una muy productiva y que se atendieron asuntos de salud y seguridad.
“El gobernador (Pedro Pierluisi) está comprometido a firmar una orden ejecutiva para ampliar los servicios que se ofrecen a través de la oficina enlace que ya existe en el Departamento de Estado”, añadió Angleró.
De igual manera, la secretaria de la Familia, Carmen González Magaz, afirmó que la política pública de esta administración es una de total inclusión, sensibilidad y empatía. Dijo que la agencia ofrece servicio a cualquier residente en la Isla sin importar su estatus migratorio.
DEFIENDE GESTION DE LA AGENCIA
En cuanto al caso de Bello Gelabert, afirmó que la agencia cumplió a cabalidad y de manera rigurosa con el protocolo.
Aseguró que la trabajadora social -encargada del caso- hizo visitas al hogar de la mujer y verificó que la menor estaba en buen estado.
Confirmó que el 21 de marzo Familia recibió unos referidos de la Policía por supuesta negligencia. Las denuncias eran contra Bello Gelabert, de 22 años y el padre de la niña, identificado como Yon Arias Lugo, de 42 años.
“Él (Arias) ciertamente es parte de la investigación. Así que no puedo descartar que lo sea o que pudiese tener la custodia, pero no puedo entrar en detalles si ha mostrado interés o no porque es parte de la investigación”, mencionó González.
Reconoció que “mientras más uno indaga, más información surge”. Detalló que cuando la agencia recibió las denuncias, activó el protocolo y comenzó el proceso de investigación y afirmó que en ningún momento la menor ha presentado ningún indicio de maltrato.
Aseguró que a Bello Gelabert se le hicieron unos referidos sobre servicios y ayudas disponibles con la intención de “satisfacer todas las necesidades”. Confirmó que fue en el proceso de entrevistas que una persona dejó saber que la joven iba a ser desahuciada, información que posteriormente esta reconoció a Familia.
“Estábamos esperando que se diera la vista el 31 de marzo para saber qué determinaba el tribunal. De ahí vamos nuevamente donde mamá a entrevistarla y verificar cuál es el estatus y ella nos deja saber que ella sí tiene vivienda y que ya tiene techo seguro para mudarse con la bebé”, abundó González.
Añadió que se le pidió entonces a Bello Gelabert que proveyera la ubicación o la dirección de la vivienda para poder evaluarla y la joven pidió un espacio. “Al cabo de ciertas horas es que entonces ocurre este incidente (el supuesto abandono de la bebé)”, puntualizó la funcionaria.
si se la dejo en casa de su padre por que no le da para el sustento,no es abandono,es compartir responsabilidades.
Otro que opina sin saber lo que pasó.