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Daniel Ortega, no es un dictador cualquiera. Es un dictador que ha sabido acallar y neutralizar por largo tiempo a sus opositores aplicando una astuta y perversa estrategia, que le ha permitido gobernar ilegalmente, en medio de relativa estabilidad y crecimiento económico.
De esa manera ha logrado el silencio y la pasividad de amplios sectores que lo adversan al interior de la población y la displicencia de la comunidad internacional que casi siempre ignora el avasallamiento, abuso y represión política, la falta de libertades, de libre expresión y reunión, a que está siendo sometido cotidianamente, el pueblo nicaragüense.
A diferencia de la fallida estrategia de la corrupta dictadura chavista que hoy oprime a Venezuela, de total y brutal enfrentamiento con el empresariado y muchas veces con la iglesia católica, el orteguismo se plantea la neutralización de esos sectores vitales y estratégicos para la economía y la espiritualidad, uniéndolos astutamente, a sus planes de dominación.
La estrategia de la dictadura nicaragüense, que precisamente disfruta de sustancial y vital ayuda financiera del chavismo para mantener su populismo, consiste, en haberse asegurado las complicidades de esos poderes fácticos, principalmente del productivo sector empresarial, de la imprescindible e influyente iglesia católica y de los sectores marginados tradicionalmente insurreccionales, y de paso haber impuesto el fraude electoral como política de Estado.
Al sector empresarial lo neutralizó brindándole todas las facilidades y garantías para sus inversiones y acumulación de capital; a la iglesia, los privilegios necesarios para también tenerla en sus manos y a los marginados muy pobres su respectiva ración de populismo a base de miserables dádivas y subsidios.
Así, a lo largo de su extendido período de gobierno autoritario, luego de su regreso al poder en 2007, ha procedido a eliminar metódicamente a los opositores, a base del control de todas las instituciones, expulsando a la bancada opositora del congreso, utilizando para ello al controlado Tribunal Electoral.
Entretanto, se aseguró el dominio absoluto del ejercito y la policía, por medio de eliminar las herramientas institucionales que evitaban la reelección de los jefes militares y policiales, con el fin de mantener indefinidamente en sus puestos, a quienes garanticen total obediencia y sumisión, como por ejemplo el jefe de Seguridad Pública de la Policía Nacional, comisionado general Francisco Díaz, quien es consuegro del dictador.
Todo le había salido a pedir de boca al altamente corrupto tirano sandinista, hasta que una jugada equivocada le ha complicado su larga estrategia de dominio.
Se trata del decreto por medio del cual aumenta la cotización a la Seguridad Social de parte de empresarios y trabajadores, al tiempo que disminuye en un 5% el monto que reciben los pensionados, lo que ha desatado una ola de indignadas protestas que se diseminaron por todo el país, poniendo en serios aprietos la estabilidad de su rígida dictadura.
Las protestas han sido brutalmente reprimidas por motorizados paleros y pandilleros de las huestes sandinistas, que sirven de apoyo paramilitar a las fuerzas policiales, dejando tras de si más de dos docenas de asesinados y centenares de heridos y detenidos, lo que no ha intimidado a los aguerridos manifestantes, quienes enfrentan valientemente la embestida desproporcionada y brutal de los atacantes gubernamentales.
La metida de pata de la dictadura, despertó el dormido espíritu levantisco del aguerrido pueblo nicaragüense, que yacía adormecido por la anestésica estrategia del llamado consenso, prevaleciente hasta ese momento entre los sectores estratégicos arriba mencionados y el régimen.
Los acontecimientos desatados son el comienzo de una etapa de resistencia que puede marcar el fin del orteguismo dictatorial y mesiánico en la gran nación centroamericana, cuna del genio de la literatura universal, Rubén Darío.
JPM
