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OPINION: La JCE y el narcotráfico
El autor es abogado. Reside en La Vega
Recientemente han sido apresados y sometidos a la acción de la justicia algunas autoridades electas, incluso se han dado caso de extradiciones, situación que ha impactado negativamente, en la imagen pública nacional e internacional de la República Dominicana, causando la impresión de que podríamos dirigirnos o que seamos etiquetados como un incipiente narco-Estado.
Resulta que sociedades avanzadas estiman inconcebible que teniendo la RD leyes sólidas, de estándar mundial, para depurar a los partidos políticos y a quienes, dentro de estos, aspiran a cargos electivos (senadores, diputados, alcaldes o regidores), haya facinerosos y corruptos que se aprovechen de esos instrumentos de la democracia.
Es indudable que, el dinero sucio está corroyendo la política, inflando el ego de aquellos que viven al margen de la ley, quienes ya no se conforman con todo el lujo y placer que el dinero fácil les ofrece, sino que quieren ser el poder mismo, enrostrándoles a la sociedad su intocabilidad, pudiendo hacer del sistema y de los valores lo que les viene en ganas.
Hasta ahora lo han logrado: algunos son senadores, diputados, alcaldes, regidores, funcionarios, periodistas, abogados, banqueros, apoyados por una sociedad cómplice y unas clases sociales (altas y bajas) que no se detienen a pensar ni se empoderan de los temas relevantes y tenebrosos, que nos acechan como nación liberta.
El hombre, por antonomasia, es un ser insatisfecho, un animal político, partiendo de esas dos premisas, es lógico deducir que, mañana irán por la presidencia y tendrán un presidente, si antes esta sociedad no despierta de su letargo, exigiendo el cumplimiento riguroso de la Constitución, la ley electoral y la de partidos políticos.
De entrada, el órgano regulador para hacer cumplir la ley en materia electoral, lo es la JCE. Esta nueva junta debe como imperativo categórico, definir con urgencia, y eje transversal de su gestión, la protección efectiva de nuestros valores democráticos, comenzando con la vigilancia minuciosa del historial de vida de quienes aspiran a un cargo electivo.
La competencia supra legal de la JCE como guardiana de la transparencia y sanidad de nuestro sistema de partidos, base de la democracia, deriva de lo preceptuado en el art.212, párrafo IV de la Constitución, cuando preceptúa que:
“Párrafo IV.- La Junta Central Electoral velará porque los procesos electorales se
realicen con sujeción a los principios de libertad y equidad en el desarrollo de las campañas y transparencia en la utilización del financiamiento. En consecuencia, tendrá facultad para reglamentar los tiempos y límites en los gastos de campaña, así como el acceso equitativo a los medios de comunicación”.
En esa misma dirección se expresan los artículos 204 y 205, de la ley 15-19 o ley electoral, los cuales regulan el gasto y tope de campañas de los partidos y de los candidatos, resultando pues, insultante y abominable ver, que el dinero mal habido entra a borbotones a un partido o un candidato, exhibiendo gastos irritantes, sin que la JCE ni los organismos de inteligencia se alarmen.
Es cierto, la corrupción es un mal endémico, una expresión ancestral que, se remonta a nuestra fundación como nación y que el narcotráfico, que es su consecuencia, la retroalimenta y la eleva a su máxima expresión, afianzando la impunidad burlona.
Sin embargo, conforme a lo vertiginoso de cómo están siendo asaltados los poderes del Estado, es impostergable la lucha decidida contra esta invasión que lacera nuestra democracia, para evitar caer en un narco-estado y no vernos en el ejemplo doloroso de otros países; se impone entonces, hacer lo que sea necesario. ! el tiempo apremia!
JPM
Todos los Dominicanos somos «sujetos obligados y custodios de las leyes». La unica diferencia entre nosotros es que muchos somos cobardes y otros hambrientos de dineros y poder que solo merecen el paredon. Hay que comenzar a enviar muchos para ****pur para limpiar las calles de ineptos y ciros.