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OPINION: La gestión de los ingresos y gastos públicos
Administrar dinero no es tema de difícil comprensión no así su ejecución en virtud de que a quienes les compete desarrollar dichas acciones son seres humanos plagados de muchas debilidades, limitaciones y carencia de disciplina fundamentalmente.
Hay personas, empresas y gobiernos con capacidad sobrada para generar ingresos suficientes para dejar satisfechas sus necesidades más acuciantes y las de sus semejantes pero el mero hecho de no disponer de la capacidad de administrar el dinero incurren con mucha frecuencia en deudas que podrían evitarse pero por no ajustarse a lo que realmente se necesita tienden a vivir una vida poco austera, perdiendo el sentido del futuro ya que piensan que la vida se limita a solo un día.
En los viejos imperios: Babilónico, Egipcio, Romano y otros, se incurría en consumir o despilfarrar todo lo que se producía sin tener presente que la vida continuaba su agitado curso y que el porvenir podía depararle un sinnúmero de necesidades agudizadas estas debido a los fenómenos naturales, teniendo que auxiliarse de otros pueblos que si realizaban sus reservas estratégicas. De ahí que se recurre al dicho que dice: guarda pan para mayo harina para abril que a todo pijotero le gusta pedir.
Resultado de esas experiencias dichos imperios comenzaron a reservar el excedente de sus productos a los fines de utilizarlos en los momentos de carencia o de vaca flaca.
De ahí que el ser humano comprendió la necesidad de arrogarse el deber de hacer provisiones de recursos e inicia aplicando técnicas presupuestales que le permitirá planificar y controlar sus actividades cuantitativas y cualitativas.
Ya con dichos conocimientos se inició en la formulación y ejecución de los presupuestos pero en la medida que pasaba el tiempo incurría cada día más en cubrir sus necesidades excesivas con dinero que no generaba por cuenta propia cayendo en faltantes de fondos hoy conocidos como déficits presupuestales a ser financiados por deudas o préstamos, que en las empresas pueden ser el resultado de emisiones de bonos o capital de deuda o de capital accionario.
Mientras los gobiernos nacionales y locales incurren en deuda pública a través de préstamos o emisión de bonos soberanos. La deuda pública no es más que el conjunto de obligaciones que debe cumplir el Estado como resultado de los préstamos recibidos en un periodo determinado, que constituye el plazo de la deuda.
Todo préstamo monetario descansa en creencia, confianza y fé de parte del prestamista, en que el prestatario está dispuesto a cumplir con el deber de devolver el dinero recibido.
El Estado recibe préstamos basados en su crédito público o confianza mediante la capacidad política, económica, moral y jurídica de un Estado para obtener dinero en préstamo apoyado en la confianza que goza por el patrimonio y recursos que puede disponer.
Los gobiernos gubernamentales para cubrir los excesos de gastos sobre los ingresos recurren a dichos empréstitos o emisiones de bonos de hacienda los cuales producen efectos sobre la economía, alterando el consumo, el ahorro y las inversiones como consecuencia de los importes pagados y recibidos por los distintos sujetos de la economía.
La deuda como parte de la política fiscal, debe ser programada considerando la manera de estructuración del plan de desarrollo de un gobierno, a fin de que cumpla un rol dinámico en su programación y ejecución, para ello se consideran aspectos como: monto, oportunidad de los empréstitos y las demás condiciones de las emisiones y contrataciones.
Tanto el dinero producto de las recaudaciones como de deuda debe ser bien gestionado de lo contrario se estaría incurriendo periódicamente en nuevos préstamos. Deuda que podría evitarse si realmente se aplican los recursos con criterio de economicidad.
Publicaciones recientes dan cuenta que la deuda pública de República Dominicana crece RD$702 millones por día y esta representa de forma consolidada (SPNF más SPF) el 49.2% del Producto Interno Bruto (PIB) al mes de septiembre del presente año 2019.
Conforme datos de la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda indican que el país adeuda un total de RD$43,738 millones de dólares por compromisos locales e internacionales.
De dicha deuda total, un 53.5% (23,387.6 millones de dólares) representa compromisos con acreedores extranjeros (bonistas, multilaterales y otras naciones).
Mientras que el 46.5% restante (20,305.5 millones de dólares) corresponde a deuda doméstica con bonistas locales, bancos, Banco Central de la República Dominicana y la del propio emisor.
Se critica acremente que el país debe mantener la sostenibilidad de su deuda, que involucren un ajuste de carácter fiscal, entre otras medidas.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que el país cerrará el año 2019 con una deuda consolidada de un 52.9% del PIB y que en el 2020 alcanzaría a 53.5% del PIB.
La deuda consolidada del Banco Central de la República Dominicana se situaba a septiembre pasado en 12,064.4 millones de dólares representando un aumento de 1.6% con respecto al año anterior.
Se espera que de ser aprobado por el Poder Legislativo el proyecto de ley que dispondrá que la deuda que tiene el Poder Ejecutivo por el auxilio financiero otorgado por el Banco Central para resolver la crisis bancaria del año 2003 será manejado mediante un fideicomiso a través del cual se administrarán los certificados emitidos por el emisor para compensar sus pérdidas.
Los títulos se remitirán a medida que venzan, a fin de sacarlos del balance del Banco Central de la Republica Dominicana. Lo que quiere decir que se dejarán de emitir o subastar nuevos certificados.
Como se advierte las autoridades gubernamentales no han sido buenos administradores de los ingresos ni de los gastos ya que año tras año tienden a endeudarse cada vez más sin medir los efectos y consecuencias que genera el endeudarse pues cada vez que se toma prestado dicho compromiso debe pagarse con creces que aunque ahora no se sientan las consecuencias negativas de dichas obligaciones las actuales y futuras generaciones tendrán que responder con menor calidad de vida.
Las próximas autoridades que asumirán sus funciones en agosto del año 2020 tendrán que desmontar paulatinamente la carga pesada que representa dicho en endeudamiento pero será un proceso largo y tortuoso a menos que dichas autoridades continúen aplicando la política de endeudamiento que cada año el gobierno actual aplica con todas sus consecuencias.
Para llevar a cabo ese desmonte tendrán que llevar a efecto la cacareada reforma fiscal integral, ajustar el despilfarro y procurar gastar de manera frugal aplicando un gasto público con calidad.
Se habla mucho sobre las alternativas para corregir este derroche de dinero que cubre el ciudadano trabajador con sus exiguos ingresos a través del pago de impuestos, pero si no se aplica la disciplina en el uso racional de los ingresos de nada valdrá el tratar de disminuir simple y llanamente el endeudamiento que hoy enfrenta el país producto de muchas irregularidades entre ellas el escape de dinero a través de la corrupción administrativa.
felix.felixsantana.santanagarc@gmail.com
JPM/of-am