El abandono de la soberanía nacional                    

 

En la mañana del 26 de noviembre del 2015 se produjo un encuentro en el Despacho del Presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario Márquez,   cuyos pormenores  y documentación deberían quedar depositadas, de ahora en lo adelante,  en la Academia dominicana de la historia. Se trata de una de  las mayores injerencias a la  soberanía nacional  desde los tiempos de  la ocupación  estadounidense de 1916-1924 y de la intervención militar de 1965, etapas sombrías que habíamos creído definitivamente sepultadas.

El embajador estadounidense, James Wally Brewster llegó acompañado del embajador de la Unión Europea, Alberto Navarro. Entre los dos sometieron a un careo infernal al Presidente de la Junta Central Electoral sobre el comportamiento de la institución en los casos relacionados con los hijos de haitianos que no tienen residencia legal en el país. Como los antiguos cónsules imperiales, los embajadores emplearon el lenguaje del chantaje, del miedo y de las amenazas abiertas. Todas las acusaciones de Brewster fueron respondidas, y sus invocaciones a Washington no lograron arrasar la serenidad del funcionario dominicano ni infundirle miedo. Soberbio, Brewster, le solicitó a todo aquel que no esté de acuerdo con él que devuelva el visado estadounidense. Si llegara a demostrarse en un proceso judicial en Estados Unidos que el embajador emplea esa condición como mecanismo de extorsión le saldría el tiro por la culata. Estados Unidos es un país de reglas y de leyes donde estos comportamientos y engreimientos se hallan sancionados por la ley. Navarro no ha querido quedarse a la zaga y empleo un lenguaje de la intimidación y de la arrogancia, haciendo ver a Rosario Márquez, que los poderes que él representa podrían destituirlo y llevárselo con cajas destempladas, tal como se había producido, según él,  con el Director de Migración, y con el Canciller de la República. Rosario, conocedor de  que estaba ante un payaso, que disparaba con la carabina de Ambrosio, le dijo que permanecería en el cargo hasta agotar su período el 16 de agosto del 2016. Y ni un día más.

Pero  eso no disipó las nieblas.  Navarro amenazó entonces  con llevar sus denuncias ante los organismos internacionales, y tratar de desacreditar las elecciones próximas del 2016, si no se le entregan cédulas de identidad a los 55.466 haitianos a los que se les ha dado nacionalidad dominicana con arreglo a la ley 169/14. Probablemente añora los tiempos en que Participación Ciudadana proclamaba a los candidatos ganadores de  la Presidencia, porque habían logrado  arrebatarle la credibilidad al organismo del Estado dominicano. Las circunstancias no pueden ser desbrozadas con claridad, la tutela que ejerce Brewster  en la Procuraduría General de la República le ha llevado a obtener un nuevo tratado de extradición para Estados Unidos,  sus manejos en la Cancillería, el Ministerio de Defensa y en el Ministerio de lo interior,  lo llevaron a obtención del vellocino de oro : el Convenio del 20 de enero del 2015 que establecía un fuero diplomático,  para un batallón militar, personal de defensa y contratistas estadounidenses que operarían una base de información militar  empleando las frecuencias nacionales, con derecho a   emplazamiento militares , con  soldados uniformados y con potestad para a usar los puertos, las carreteras y los aeropuertos del país, sin que medie pago de peajes y con exenciones de impuestos,  quebrantando  el principio de reciprocidad entre los Estados y la Constitución de la República. En la penumbra de un convenio clandestino le entregaron  la soberanía nacional en bandeja de plata al embajador Brewster..  Fueron esos logros los que lo llevaron a imaginar que la República Dominicana, le  podría declarar la guerra al Estado islámico y  se sumaría a las tropas que combatirían en los desolados campos de Siria al Estado Islámico, tal como se había hecho durante el Gobierno de Hipólito Mejía, durante la guerra de Iraq,  momento de triste recordación. Todas esas maniobras fueron desbaratadas por el fallo del Tribunal Constitucional, que descalificó en la Sentencia 315/15, todos esos planes siniestros contra la soberanía nacional.

Al través de las ONG, Participación Ciudadana y de otras patrocinadas por la Unión Europea, los embajadores han materializado su intervención permanente en la sociedad dominicana. Además de los peones internos cuentan, igualmente, con anuencia de funcionarios y de ministros complacientes que promueven ese intervencionismo.  Brewster anda de media madrina con el Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito,  e interviene directamente en los fallos y casos judiciales; hace declaraciones en la Cámara Americana de Comercio que tratan de la  política interna, y lo hace incluso con el apoyo de dominicanos deseosos de destruirlo todo. Solo así se explica el desconcertante  apoyo  que recibieron sus extravagantes declaraciones por parte del Dr. Jorge Subero Isa, ex Presidente de la Suprema Corte de Justicia y de algunos diputados del PRM.

En la reunión del 26 de noviembre, los embajadores extranjeros quebrantaron el artículo 41 de la Convención de Viena (24/4/65) refrendados por sus Estados respectivos. Las controversias originadas por estas violaciones pueden someterse ante la Corte Internacional de Justicia o bien ante un Tribunal de Arbitraje. Pero ¿qué hacer cuando es el propio Gobierno el que ha dejado tirada por el suelo la bandera nacional? En este diferendo el pueblo dominicano no tiene quién lo represente ni quien lo defienda. He aquí el texto de la Convención:

Artículo 41

  1. Sin perjuicio de sus privilegios e inmunidades, todas las personas que gocen de esos privilegios e inmunidades deberán respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor. También están obligados a no inmiscuirse en los asuntos internos de ese Estado.
  2. Todos los asuntos oficiales de que la misión esté encargada por el Estado acreditante han de ser tratados con el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado receptor por conducto de él, o con el Ministerio que se haya convenido.
  3. Los locales de la misión no deben ser utilizados de manera incompatible con las funciones de la misión tal como están enunciadas en la presente Convención, en otras normas del derecho internacional general o en los acuerdos particulares que estén en vigor entre el Estado acreditante y el Estado receptor.

Los tres grandes principios han sido quebrantado copiosamente.  Los embajadores le han declarado la guerra a la Constitución,  y se han inmiscuido en los manejos internos del Estado; que han abandonado lo que establecen todos los protocolos de la diplomacia, y que han las sedes de sus misiones para funciones incompatibles con el objetivo de su misión.

La  soberanía nacional es indivisible. No puede ser amputada por el ejercicio de otro poder ni puede ejercerse de manera compartida.  La defensa de los derechos humanos de los haitianos no justifica la destrucción de la soberanía ni de la identidad nacional de los dominicanos. Nos encontramos  con una clase política presta a todos los compromisos  para defender los propósitos y las manipulaciones de estos embajadores que quieren regir los destinos del país. ¿En qué momento el pueblo dominicano ha votado para que los responsables del poder político les entreguen a estos personajes odiosos, obsesionados por el fin de la nación dominicana, una soberanía que sólo pertenece al pueblo dominicano? ¿Quién eligió al embajador Brewster o el embajador Alberto Navarro para que decida el destino de los dominicanos? ¿Qué representan estos personajes, que no han sido elegidos  por  el pueblo dominicano ni siquiera por el pueblo de su propio país?. Sólo son burócratas que no representan  a nadie ni encarnan nada. Son sólo la manifestación del abuso del poder extranjero? ¿Sobre qué fundamento este señor le imparte órdenes al poder judicial, pretende manejar al Presidente de la Junta Central Electoral? El mundo debería enterarse de la grosería y de las obsesiones de cada uno de estos embajadores. De la reunión del embajador estadounidense y el embajador de la Unión Europea, Alberto Navarro, ambos compitiendo en un concurso de arrogancia, y en una puja para demostrar cuál de los dos  humilla  más al Presidente de la Junta Central Electoral, se desprenden lecciones que deberían  ser mostradas ante los ojos del continente. Con su actitud, contribuyen  a la desgracia de los dos pueblos que comparten la isla de Santo Domingo. Su utopía de fomentar la fusión o un Estado federal se halla en contradicción con nuestra  Independencia. Es la destrucción del sueño de Juan Pablo Duarte, y de la autodeterminación del pueblo dominicano, base de su democracia y de su libertad.

En las actuales circunstancias, lo que está en juego es el proyecto nacional que somos los dominicanos. No es, desde luego, una utopía de una falaz redención que encarnaba en otro tiempo  el socialismo real, que, en nombre  de la igualdad anularon la libertad. Y al final quedaron sin libertad, sin igualdad, sin prosperidad, sin democracia y, en muchos casos, anegados en un mar de sangre y de frustraciones.   Tampoco se trata de la defensa de  los ideales del liberalismo, que algunos llaman neoliberalismo, que convierte a los sujetos en meras piezas del mercado, sometiéndonos a todas las manipulaciones mercantilistas que ambicionan  nuestra desaparición como Estado. Lo que está en juego es la continuidad histórica de nuestra nación. No es, pues, una mera batalla ideológica. No es una guerra entre la izquierda y la derecha, sino la decisión de preservar nuestra comunidad de destino, que se halla comprometida como nunca antes,  en otro tiempo la independencia y el Estado fundado en 1844.

Cuatro de los cinco proyectos electorales que han  entrado en la batalla por el poder político han tomado el camino de la desintegración nacional. Son las diferentes caras de un mismo proyecto.  Sólo el polo soberano y los candidatos de la boleta de la Fuerza Nacional Progresista se han propuesto sacar al país de la trampa mortal en la que ha naufragado su clase política. ¿En qué consiste el camino nefasto que hemos tomado? ¿ Cuál es el rumbo fijado por cuatro candidatos que tienen un mismo programa con relación a la nación?

. 1) continuar el proceso de desnacionalización de la mano de obra dominicana, suplantada por la haitiana; 2) crear las bases de la destrucción del sistema de la nacionalidad dominicana, con leyes que niegan la Constitución y los derechos  de nacionalidad fijado con anterioridad; 3) desmantelar las políticas de repatriación de ilegales haitianos, metiendo la soberanía en la judicialización que paralice el proceso; 4) transferir mediante tratados la soberanía al poder extranjero, para que sean estos, los que combatan a los nacionalistas, una vez se haya demostrado que las decisiones de los embajadores mantiene una supremacía sobre nuestro ordenamiento jurídico. ¿Qué quedaría de la República Dominicana si se impone el esperpento que boga en las cabezas de los hombres que en nombre de los intereses y la desgracia de otro Estado,  se han propuesto  anular nuestra vida?

Ante tantas desgracias, el pueblo vuelve los ojos a la figura del Presidente.

Un Presidente de la Republica no puede aceptar, sin expresar su rotundo rechazo, que dos embajadores extranjeros intervengan en asuntos que solo competen al derecho interno. Porque el Presidente de la nación  es el garante de las instituciones   “ha jurado cumplir y hacer la Constitución y las leyes de la República” ante Dios, ante el pueblo y ante el Poder Legislativo constituido como Asamblea Nacional.  Un Presidente de la nación no puede menospreciar la Independencia de los dominicanos, permitiendo que el país sea manipulado por embajadores de poderes extranjeros, y que nos traten peor que  a una colonia. Porque el Presidente se ha comprometido ante el pueblo que lo eligió y que lo representa en los hechos  a “proteger y defender su Independencia”. Un Presidente de la República no puede tolerar que, para imponer su voluntad en nuestro país, los embajadores interventores se comporten como pro cónsules, empleando el chantaje, la amenaza, los insultos y la intimidación. Porque se ha comprometido, en el solemne juramento en el que asume la representación de los dominicanos, que, es el más alto honor que puede tener un dominicano, “a proteger y defender los derechos y libertades del pueblo dominicano”. Aun cuando el Gobierno no nos defienda ni cumpla con los deberes del cargo, el pueblo dominicano no le reconoce a esos embajadores ninguna legitimidad ningún derecho a humillarnos.  Ninguna autoridad para convocar a funcionarios que no son empleados de su Gobierno e impartirles órdenes y menos aún para amenazarlos con represalias porque no se pliegan a los propósitos inaceptables de sus Gobiernos.

Pero si nadie puede hacer cumplir la Constitución nos hallamos en una sociedad privada de Constitución. El Gobierno no puede entregarle al extranjero un poder que ejerce en nombre del pueblo. Un pueblo soberano no tiene que darles cuenta a ningún embajador extranjero ni  someter  las decisiones de sus autoridades legítimas   a la aprobación  de autoridades de otro Estado  ni, mucho menos transferirle esas potestades  a otro organismo internacional. De hacerlo, el Estado estaría aplicando una política contraria a su propia existencia,  y habría dejado la soberanía vacía de contenido,  y traicionado al pueblo que se ha comprometido a  representar.

La verdadera batalla se lleva cuerpo a cuerpo en el campo  de las ideas. Entre aquellos que imaginan que la nación dominicana debe ser suplantada por un Estado federal que anularía la democracia, la libertad y la capacidad de autodeterminación del pueblo dominicana. Es decir,  aquellos que, seducidos por la globalización, por la manipulación extranjera y por la conjura que se lleva a cabo contra el pais, comienzan a imaginar el fantasma de un Estado postnacional, que rompería definitivamente la cohesión nacional, nos sumergería en un mundo sin fronteras,  en un caos de poblaciones,  que haría desaparecer la prosperidad y los progresos logrados por nuestro país.  Y, finalmente, aquellos que nos hemos aferrado a la independencia y al ejercicio pleno de  nuestra  identidad y de nuestras libertades, que sólo pueden  desarrollarse dentro marco de la nación, base fundamental  de la existencia  y de la unidad del pueblo dominicano.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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