En ciudad de Santiago preocupa creciente proliferación de ratas
Gobierno comienza entrega de alimentos y «bonos navideños»
ISRAEL: Netanyahu ve se produce «el principio del fin de Hamás»
Realizan 3ra. carrera “Yo Corro y Camino por el Cáncer de Próstata”
SANTIAGO: PLD presenta sus candidatos en Hato del Yaque
Roberto Fulcar opina que Abinader gana en primera vuelta
NY: Mota Paulino y Ruddy Durán renuncian del gubernamental PRM
Relección, cambio económico y financiero (OPINION)
Incorporan 50 camiones al aseo municipio Santo Domingo Este
MVM: El Gobierno ha abandonado la Línea Noroeste «a su suerte»
Defender a la República Dominicana
- La identificación de la amenaza
¿Cuál es el mayor problema de política exterior que confronta la República Dominicana? ¿Cuáles son los riesgos que corre la nación ante los desafíos que le plantea ese problema?
El país enfrenta, en el plano internacional, un discurso acusatorio fabricado por la Cancillería haitiana, por las ONG que sirven de plataforma al traspaso de poblaciones haitianas al Estado dominicano y por el intervencionismo internacional que opera como tramoya de todas estas combinaciones. Para llevar a cabo el propósito nefasto de nuestra disolución, se han aplicado varias maniobras:
- La creación de una coalición de países, dirigida al apoyo del discurso acusatorio. Tales han sido los objetivos de las maniobras empleadas por el CARICOM, punto esencial de la política exterior de Haití, basada en la diabolización de la República Dominicana.
- La irradiación de este enfoque a las ONG que viven del asistencialismo a este país, diseminándose en redes de propaganda antidominicana.
- Y, finalmente, el involucramiento de actores de primerísimo orden de la comunidad internacional en las acusaciones que han vertido los haitianos sobre nuestro país. El cabildeo ha llegado lejos. Llegó a involucrar la figura de Ban Ki Moom, el Secretario General de las Naciones Unidas; a Herman Van Rompuy, Presidente de la Comisión Europea y a doña Hillary Clinton, la ex Secretaria del Departamento de Estado de EE UU y a la Fundación Keneddy y otras personalidades.
La guerra diplomática que nos han declarado tiene un objetivo: someter la soberanía territorial y jurídica a un proceso de negociación que anule la Constitución y las leyes. Con estas medidas se impondrían dos componendas:
- Llevar a la República Dominicana a un mecanismo de transacción permanente, en el que Haití se hallaría representado por el bloque de Estados de CARICOM, rotundamente apandillado con los haitianos, por las cancillerías, manipuladas por el esfuerzos de sus cabilderos internacionales y por las ambiciones de las ONG, que ante el fracaso estrepitoso de todos los planes de recuperación de Haití, sitúan la solución de esa su tragedia en tierra dominicana.
- Convertir el discurso acusatorio sustentado contra la República Dominicana en catecismo de política exterior de otras naciones.
Desafortunadamente, la política llevada a cabo por el Gobierno le ha dado la espalda a esa terrible realidad. Ha terminado dándole la razón a los que– a chita callando y sin que los dominicanos se enteren– tomaron la decisión de enterrar viva la soberanía nacional. Creyendo que, al combatir la soberanía nacional, obtendría la benevolencia de la comunidad internacional y la indulgencia de los haitianos, el Gobierno decidió la desconstrucción de la Sentencia TC168/13; empleo a su mayoría legislativa como un rodillo. En dos días, volvió cenizas la Sentencia 168/13 e implantó la ley 169/14 que le otorgó la nacionalidad dominicana a 55.000 haitianos hijos de haitianos no residentes y a sus descendientes, rompiendo con esta medida contra la propia nacionalidad, la unidad demográfica del Estado. Con el decreto 327/13 prohibió cabalmente las deportaciones de ilegales, y ha dejado a 233 mil haitianos, con residencia provisional, para decidir su prórroga, tras las elecciones del 2016.
Nos hallamos ante el fracaso de las malas políticas. Ninguna de estas medidas ha dado los frutos que anunciaron. Muy por el contrario. Se ha echado andar la peligrosa idea de que el problema haitiano puede resolverse en República Dominicana, y peor aún: los sacrificios que nos han impuesto no han paralizado—ni siquiera momentáneamente—la campaña implacable de demolición de la soberanía dominicana.
El último ataque diplomático consistió en presentar a los dominicanos como autores de una crisis humanitaria, e incitar con esta descalificación una intervención internacional contra nuestro país. La acusación llevada conjuntamente a diversos escenarios por el Presidente Martelly, por el canciller Renolds y el Primer Ministro Evans Paul se desvaneció porque resultó demasiado extravagante y desproporcionada. No estábamos en una circunstancia de emergencia ni ante la imaginaria catástrofe que habían anunciado los haitianos en sus delirantes comunicados. Sin embargo, lograron paralizar las repatriaciones. Como el Gobierno carece de objetivos y de criterio nacional, los haitianos han desplegado represalias cada vez más escandalosas: en enero una representación consular fue secuestrada durante horas, tras una manifestación en el mes de abril, un grupo penetró al consulado dominicano de Puerto Príncipe; arrió la bandera dominicana y posteriormente la incendió; unos sesenta camioneros fueron atacados, sus cargamentos atracados y las patanas salvajemente incendiadas. Después de todas estas claudicaciones nos hallamos ante la más severa de las vedas comerciales impuestas a partir del 1 de octubre.
- Bases de la defensa
De cualquier manera, el Gobierno dominicano no ha logrado que la República Dominicana deje de ser considerada como responsable de la tragedia haitiana, y que los haitianos se sigan presentando ante el mundo como nuestras víctimas.
En estas condiciones, ¿puede la República Dominicana actúa en el teatro internacional, llevar a cabo la promoción de los empleos, la educación, la salud y la independencia de su Estado y preservar sus conquistas sociales? ¿En qué se basa el discurso acusatorio que Haití ha desarrollado contra la República Dominicana? ¿Dónde radica la impotencia de la diplomacia dominicana, que aparece casi siempre acorralada por unas marejadas de calumnias y despropósitos?
Desde el primer momento, Haití ha vivido al margen de la legalidad internacional.
- Varios actores de las Naciones Unidas han verificado que Haití no le otorga documentos a su población; no expide actas de nacimientos para los niños nacidos en su territorio.
- En las últimas elecciones del 2015, solo pudo participar un18% de la población, en vista de la carencia de documentos; la mayoría de la población haitiana carece de nombres y apellidos, de cédula de identidad e incluso de acta de nacimiento ; los haitianos se hallan privado de los derechos de ciudadanía en su propio territorio.
- De toda esa barbarie se culpa a nuestro país. La verdadera víctima de una violación del derecho internacional es la República Dominicana, que además de haber emprendido un plan de regularización de extranjeros gratuito, permanece como una nación ocupada, con otra población que se apropia brutalmente de sus conquistas sociales. En el teatro internacional, la República Dominicana debe denunciar el comportamiento de un Estado que nos agrede derramando su población indocumentada sobre nuestro territorio.
- Ante estas circunstancias, la República Dominicana debe iniciar acciones legales contra Haití ante la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas por las violaciones siguientes:
- Capítulo VII, artículo 39 relativo a medidas que quebrantan la paz, como lo es el desplazamiento de poblaciones hacia otro Estado. Acto que reconoce formalmente el Informe elaborado por la Comisión de la OEA; apelar al Consejo de Seguridad por el quebrantamiento de la soberanía territorial del Estado dominicano y reclamar los dispositivos contenidos en la Carta de las Naciones Unidas y de la OEA, ante circunstancias semejantes.
- Incumplimiento del Acuerdo de Washington de 1938 y del modus operandi de 1939 entre Haití y República Dominicana que responsabilizan a cada uno Estado de los desplazamientos de poblaciones, y que obliga a prestar toda su cooperación en las repatriaciones.
- Abandono de las obligaciones contraídas en el protocolo de entendimiento sobre los mecanismos de repatriación suscrito en 1999 entre los países. En todas esas disposiciones vigentes, los haitianos se comprometieron a dotar a sus nacionales de documentos de identidad, ante los potenciales flujos migratorios (inciso h, Protocolo, 1999), y que obligaban al Estado haitiano a establecer puestos de control fronterizo para contrarrestar las oleadas migratorias.
- Aun cuando Haití no es parte de la Convención sobre el estatuto de apátridas de 1954 ni de la Convención para reducir los casos de apatridia de 1961, se halla obligado a evitarla y a combatirla en su territorio por el derecho consuetudinario y por otras convenciones que ha refrendado como el Pacto de derechos civiles y políticos de 1966 y la Convención de los derechos del niño de 1989, ratificada por Haití en 1995. Al no registrar grandes porciones de los nacimientos y al permitir que la gente salga de Haití sin documento, transgrede las obligaciones de la Convención Americana de los derechos humanos, del Pacto de derechos civiles y políticos y de la Convención de los derechos del niño.
- Al impedir que sus nacionales ingresen a su territorio, Haití viola el derecho internacional positivo y transgrede el Pacto de derechos civiles ( art. 12, inciso 4)
- En resumidas cuentas, violación de la soberanía territorial (resolución 2625, Naciones Unidas (XXV) 24/10/70, Convención de Montevideo sobre derechos y deberes de los Estados, Art.8, 26/12/33); se viola el principio de que un Estado no puede causar daño a otro Estado ni puede inmiscuirse en los asuntos internos de otro Estado ni puede emplear a individuos sujetos a su jurisdicción en actos que lesionan la soberanía de otro Estado. La República Dominicana ha pasado por las horcas caudinas de los sometimientos judiciales incoados por actores haitianos. Tres casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); fue llamada a capitulo en tres ocasiones por el Consejo de la Organización de Estados Americanos, juzgada brutalmente por el conjunto de países del Caribe, incluido en las Naciones Unidas. Tenemos sobradas pruebas de las omisiones derechos practicadas por el Estado haitiano y de los flagrantes atentados a la soberanía del Estado dominicano, echando por tierra todas las normas del derecho internacional. Haití no es un problema interno de la República Dominicana. No tenemos con los haitianos ni obligaciones extra nacionales ni compromisos extra territoriales. Debemos recoger la bandera que han dejado tirada por el suelo los políticos. Tenemos la razón histórica , política, social y jurídica.