NY: Vocero FP en el exterior alerta posibles fraudes en CEA

NUEVA YORK.- El vocero del partido Fuerza del Pueblo (FP) en el exterior, Odell Suero, reveló brechas en el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) que facilitan fraude con dinero, terrenos y vehículos del Estado.

«Una auditoría de la Contraloría General de la República al CEA expone un colapso de los controles internos del Estado, no solo en el manejo del dinero, sino también en la administración de terrenos y vehículos públicos», advirtió Suero, quien además es examinador de fraude certificado por la Asociación de Examinadores de Fraudes Certificados (ACFE, por sus siglas en inglés).

Explicó en un documento que «lo que describe el informe sobre el CEA no es un simple desorden administrativo, sino un escenario de alto riesgo de fraude, donde fondos, tierras y activos móviles del Estado quedaron sin control efectivo, creando las condiciones ideales para la malversación y la apropiación indebida».

Recordó que entre septiembre de 2020 y mayo de 2022, el CEA operó con vacíos críticos de supervisión que, bajo cualquier estándar anticorrupción, constituyen brechas directas para la comisión de ilícitos.

NO HAY «TRAZABILIDAD» DEL DINERO

Reveló que el CEA no está incorporado al El Sistema de Gestión Financiera (SIGEF), por lo que en sus operaciones no hay trazabilidad del dinero público. «Esta brecha permite desvío de fondos sin rastro institucional».

«Los pagos pueden ocultarse, duplicarse o manipularse sin que el Estado lo detecte oportunamente», advirtió.

DINERO «OPACO»

Agregó que también se descubrió «dinero opaco»: RD$264 millones sin soporte y conciliaciones bancarias sin respaldo.

«El dinero sin papeles no tiene dueño visible, permite retiros irregulares, pagos ficticios y maquillajes contables, imposibles de auditar correctamente», explicó.

Indicó que la auditoría detectó, además, RD$167,866,799.68 sin corregir por más de cinco años. «Cuando el desorden se tolera durante años, la impunidad se institucionaliza. El error deja de ser excepción y pasa a ser mecanismo permanente de ocultamiento», afirmó.

CONCILIACIONES SIN FIRMAS

Los auditores descubrieron también 82 conciliaciones sin firmas y meses sin conciliación, pese a mover más de RD$1,600 millones. «Si nadie firma, nadie responde. Y cuando nadie responde, el fraude se diluye y se protege por omisión», declaró.

«Otra revelación es que el CEA no cuenta con un inventario actualizado de los terrenos, parcelas y solares propiedad del Estado bajo su administración. «Lo que no está inventariado puede ser ocupado, vendido o transferido irregularmente».

Dijo que «esa práctica facilita invasiones toleradas, ventas encubiertas y contratos fraudulentos. El Estado no puede defender judicialmente lo que no tiene claramente registrado».

«En términos simples, tierras del pueblo sin papeles claros son tierras en riesgo de perderse», precisó.

VEHICULOS QUE NO APARECEN

Informó que decenas de vehículos propiedad del CEA no estaban registrados en la DGII. «Vehículos sin matrícula pueden circular, transferirse o desaparecer sin control. Eso facilita uso personal, asignaciones arbitrarias y ocultamiento del activo, una brecha directa para apropiación indebida de bienes públicos», señaló.

«También hay 14 vehículos registrados pero que nadie encuentra. Un vehículo que figura en papeles pero no aparece es un indicio grave de pérdida, sustracción o uso indebido. Sin ubicación conocida, no hay custodia ni responsable. Dicho claramente, vehículos del Estado que no aparecen son activos públicos potencialmente perdidos”, indicó.

PETICIÓN AL MINISTERIO PÚBLICO

Ante la gravedad de los hechos descritos y las brechas fraudulentas claramente identificadas, Suero solicitó al Ministerio Público y el PEPCA una investigación penal exhaustiva sobre los hechos descritos, determinación de responsabilidades individuales, tanto por acción como por omisión y una pesquisa sobre el destino de los fondos sin respaldo, los terrenos no inventariados y los vehículos no localizados.

Asimismo, adopción de medidas cautelares, si fueran necesarias, para proteger el patrimonio público y emisión a los tribunales competentes, de comprobarse hechos punibles.