El flamante presidente del Senado y secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Reynaldo Pared Pérez debe saber que con prepotencia, arrogancia y altanería no se construye la democracia y lo que acaba de decir de que solicitaría la interpelación de los señores magistrados del Tribunal Superior Electoral (TSE) es una aberración y una falta de respeto.
Si usted lo que quería era inmiscuirse en asuntos que a usted como legislador lamentablemente no les competen quedó muy mal porque ha hecho un papelazo, una ridiculez, el hazme reír de todos por su acción de soberbia y prepotencia al pretender interpelar a los señores magistrados del TSE por el solo hecho de cumplir con responsabilidad.
Con acciones como las planteadas por el flamante presidente del Senado y secretario general del partido de gobierno se le hace un flaco servicio a nuestro sistema democrático que tantas lágrimas y sufrimiento ha costado a los dominicanos.
Señor Reynaldo Pared usted no tiene derecho a burlarse así de la mayoría de los dominicanos al pretender amonestar públicamente a los señores magistrados del Tribunal Superior Electoral por el solo hecho de pretender realizar con responsabilidad sus funciones de corregir los errores que en el pasado desde esa alta corte.
Es un atrevimiento inaceptable del señor presidente del Senado y secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Reynaldo Pared Pérez de que solicitaría al Congreso Nacional la interpelación de los jueces del Tribunal Superior Electoral por anular mediante sentencia la XXXIV Convención Extraordinaria del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).
El TSE es un organismo autónomo que mediante sentencia anuló por considerarla ilegal, la XXXIV Convención Nacional Extraordinaria del partido blanco, en la que se aprobó la reforma estatutaria y la ratificación de sus autoridades por considerar que fue ilegal la asamblea donde fue escogido Miguel Vargas como presidente, debido a que no contaba con el quorum suficiente.
La separación de los poderes públicos es, en nuestro sistema jurídico-político, la base fundamental y cardinal del régimen democrático, lo que significa que cada uno de los tres poderes clásicos del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, deben actuar con independencia y autonomía financiera, con funciones específicas indelegables.
Las informaciones que dan cuenta de presiones descarnadas e imprudentes contra el presidente del Tribunal Superior Electoral, doctor Román Jáquez, para que se abstuviera de emitir un fallo que anuló la última convención nacional del Partido Revolucionario Dominicano (PRD),constituyen un gravísimo y burdo atropello a la doctrina de la separación de los poderes.
Que tales coacciones hayan sido acompañadas de veladas insinuaciones sobre retaliaciones políticas o en el ámbito judicial, torna más preocupante y ominosa esta interferencia lesiva al orden institucional del país.
Ningún ministro o funcionario de los poderes Ejecutivo y Legislativo, per se, puede obstruir o pretender influir en las decisiones de los magistrados de cualquiera de las altas cortes del país, al margen de los controles y equilibrios que la propia Constitución ha creado para una armónica convivencia de los tres poderes del Estado.
Sea cual sea el carácter o el impacto de las decisiones que, en legítimo derecho, adopten los jueces de cualquier alta corte, nadie tiene derecho a intimidarlos o coaccionarlos.
Para eso existen instancias de apelación. Ese es el Estado de Derecho y nadie puede atentar contra él porque equivaldría a una estocada de muerte a la democracia.
of-am

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