En Managua, el presidente Daniel Ortega ordenó la salida del país de la misión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), alegando que «han cesado las razones, causas y condiciones» por las que fue invitada, tras conocer un informe que realizó la entidad sobre la represión gubernamental.
Desde abril se denuncia el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía nicaragüense, que ha llegado a “ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y generalizadas, torturas y malos tratos”.
Vilma Nuñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, estima que aunque la presencia de organismos internacionales no haya ayudado a que mejore la situación, “significaba para la gente un apoyo moral donde recurrir, que les escuchara, que pudiera rebotar a nivel internacional todas las denuncias que se quedaban entre las cuatro paredes de Nicaragua”.
Simultáneamente, en la vecina Guatemala, el presidente Jimmy Morales, acuerpado por miembros del Ejército, anunciaba la decisión de que no renovará el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un organismo de las Naciones Unidas que ha impulsado diversas investigaciones anticorrupción en ese país, incluyendo dos causas contra el propio mandatario.
Unas 60 redes criminales, cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad incrustados en el Estado fueron desestructurados gracias a las investigaciones de la CICIG. Para Matías Ponce, portavoz de la CICIG, este organismo “representó el combate a la corrupción y a la impunidad en un país que al día de hoy aún tiene un 97 % de impunidad”.
La politóloga María Dolores Marroquín se dice preocupada por la situación. Explica que se observa “la alineación de intereses militares y oligárquicos de la clase política tratando de resguardar sus intereses”.
Fuente: RFI

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