Mucho cuidado señores legisladores

Es bueno que se sepa y se tenga presente, de una vez y por toda, que los incentivos que se contemplan en las leyes 392-07, 8-90, 28-01 y otras, realmente no constituyen subsidios para las empresas, sino estímulos para que éstas puedan seguir operando. Al momento en que la Comisión Bicameral, integrada por senadores y diputados, empezó a estudiar y analizar el Ante-Proyecto de Presupuesto de la Nación para el año 2015, proveniente del Poder Ejecutivo, se escuchó de parte de algunos legisladores que el gobierno debiera abolir unos presuntos “200 mil millones de pesos en exenciones fiscales al sector empresarial,” a los fines de ser utilizados para resolver algunos problemas del país. Y, a mi entender- están muy equivocados. Los estímulos, quizás no incentivos realmente, que a través de varias iniciativas legales se otorgan a empresas nacionales, tales como las leyes 8-90 de Zonas Francas, 392-07 de Competitividad e Innovación Industrial y 28-01 de Desarrollo Fronterizo, entre otras, lo que procuran realmente es garantizar la sobrevivencia, permanencia, competitividad y niveles de ventas locales e internacionales de esos negocios. Los llamados incentivos y exenciones fiscales que reciben unas 963 empresas de manufactura local y de zonas francas y otro grupo que operan al amparo de la Ley 28-01, persiguen la equidad, en cuanto a costos de producción, presión tributaria y precio de la energía eléctrica, de nuestras industrias con las que desarrollan sus actividades productivas en Centroamérica y el resto de América Latina. Para nadie es un secreto que el costo de la energía eléctrica y del transporte terrestre y marítimo que pagan las industrias de los países signatarios del DR-ACFTA (Acuerdo de Libre Comercio de República Dominicana con Estados Unidos y Centro América) es mucho más barato que el que pagan las empresas en el país. Que en la mayoría de esas naciones hay una menor presión tributaria, más incentivos a la producción, y muchos más negocios Certificados bajo las Normas ISO que en el nuestro. No se debe obviar, y mucho menos olvidar, que la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2010-2030 y el Plan Nacional de Competitividad Sistémica (PNCS) 2007, un pacto concebido y consensuado entre los sectores público y privado de la República Dominicana, del cual surgieron las leyes 56-07, 392-07, 488-08 y otras sobre Competencia y la que crea el nuevo Sistema Dominicano de Calidad (SIDOCAL), precisamente lo que busca es dotar la industria dominicana de mecanismos, estímulos y exenciones para que realmente puedan equipararse y competir con sus iguales de la Región. En efecto, los llamados incentivos y exenciones no son regalos ni nada parecido, sino una necesidad nacional para que nuestras empresas puedan permanecer abiertas y competir. De todos es sabido, además, que el sector industrial, especialmente la manufactura local y la de zonas francas, juegan un papel preponderante y de primer orden a favor del desarrollo, el crecimiento económico sostenible, la estabilidad, la competitividad, la paz social y el bienestar en la República Dominicana. Los aportes del sector industrial dominicano a la economía local son extraordinarios. El mismo ocupa un sólido segundo lugar como mayor generador de empleos, riqueza y contribución en las recaudaciones impositivas nacionales. El sector industrial dominicano contribuye con un 25.8 por ciento al Producto Interno Bruto (PIB), aporta el 34.1 por ciento de los ingresos fiscales, genera el 20.2 por ciento de los empleos decentes, permanentes, formales y de calidad; reporta ventas por el orden de un 28 por ciento y representa el 65 por ciento de las exportaciones. De igual manera, la manufactura local dominicana es –después del sector servicios- la que más aporta a la Tesorería de la Seguridad Social (TSS). En la República Dominicana –según análisis del Banco Central y las direcciones generales de Aduanas (DGA) y de Impuestos Internos (DGII)- se han identificado unas 13, 987 industrias manufactureras, que generan 301 mil 952 empleos directos. De ellas 514 son Grandes Empresas, 738 son Medianas Empresas, 3,914 son Pequeñas Empresas y 8,669 Micro Empresas. De igual manera, unas 587 empresas se encuentran registradas bajo la Ley 8-90 de Zonas Francas, aportan 145 mil empleos directos y 390 mil indirectos, al tiempo que generan ingresos por el orden de los US$4, 880 millones al año. Mientras que alrededor de 501 de las industrias de manufactura local están calificadas y registradas bajo la Ley 392-07 de ProIndustria y generan unos 97 mil empleos directos. En conjunto, el sector industrial (zonas francas, manufactura local, construcción y minería) aportan unos 465 mil empleos directos y tienen un impacto social en más de 2 millones 250 mil dominicanos y dominicanas. De las empresas calificadas por ProIndustria, el 22% son Grandes Industrias, 27% son Medianas, 31 Pequeñas y un 12% son Micro Industrias. Comprendamos todos y respaldemos, pues, los sectores productivos y los esfuerzos de los industriales y el gobierno para fortalecer la competitividad de los negocios. Ya tenemos Pacto Educativo y se ha convocado debidamente para iniciar el camino que nos lleve a un Pacto Eléctrico. El próximo paso ha de ser el del Pacto Fiscal. El país requiere y demanda de una consensuada reforma fiscal, pero como siempre lo ha sabido hacer el Partido Oficial, la misma tiene que ser prudente, justa y equitativa.

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