Morales y Maduro ven con «alarma» un posible «golpe de Estado» en Brasil

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Los presidentes Evo Morales y Nicolás Maduro, durante el encuentro bilateral que han celebrado en Bolivia

Los presidentes de Bolivia, Evo Morales, y de Venezuela, Nicolás Maduro, han manifestado su preocupación ante lo que consideran un intento de «golpe de Estado» en contra de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, en referencia a las peticiones de la oposición en la Cámara de Diputados para que sea juzgada por una supuesta manipulación de la contabilidad fiscal en 2014.

Ambos han abordado la situación de Brasil durante una reunión bilateral celebrada en el pueblo boliviano de Tiquipaya, en la región de Cochabamba, donde este lunes asistieron a la clausura de un foro social sobre cambio climático organizado por el Gobierno boliviano.

Tras el encuentro de este martes, Maduro ha subrayado que observan «con mucha preocupación y alarma» la situación en Brasil. «Tanto el presidente Evo Morales como mi persona manifestamos nuestra preocupación y vamos a iniciar un conjunto de consultas porque parece anunciarse en Brasil con una nueva modalidad un golpe de estado contra la presidenta Dilma Rousseff y contra el movimiento popular», ha dicho el mandatario venezolano.

Según Maduro, ha costado mucho que «se levanten los movimientos populares y sean gobiernos del pueblo y para el pueblo» en los países latinoamericanos y ahora «hay una arremetida contra todos los procesos progresistas» en la región.

Rouseff: la oposición tiene una actitud «golpista»

Horas después de las declaraciones de Maduro y Morales, Rousseff en un acto sindical ha acusado a la oposición de tener una actitud «abiertamente golpista» y ha señalado que no cederá ante las presiones.  «La artificialidad de los argumentos es absoluta y la voluntad de producir un golpe contra el funcionamiento regular de las leyes e instituciones es explícita», ha subrayado la presidenta brasileña.

Asimismo, Rousseff ha arremetido contra sus adversarios políticos por querer «acortar» su mandato «sin hechos jurídicos»: «Lo que antes era inconformismo, se transformó en un deseo de retroceso político y eso tiene un nombre: eso es golpismo de manera abierta»

La Cámara de Diputados brasileña estudia la posibilidad de enjuiciar a la presidenta Rousseff por unas supuestas maniobras realizadas por su Gobierno para maquillar los resultados fiscales correspondientes a 2014, cuando fue reelegida para su segundo mandato, que comenzó el pasado 1 de enero.

La Constitución de Brasil prevé la posibilidad de destituir a un jefe de Estado, pero para iniciar el juicio exige razones jurídicas que, en opinión del Gobierno, no existen en el caso de Rousseff, aunque la oposición opina lo contrario. Los opositores brasileños también ha atribuido a Rousseff responsabilidad en el agravamiento de la crisis económica en Brasil y en el escándalo de corrupción que se ha destapado en la petrolera estatal Petrobras.

Una veintena de peticiones para enjuiciar a Rousseff

Este mismo martes, una medida cautelar dictada por un juez del Tribunal Supremo de Brasil ha frustrado una maniobra que la oposición planeaba en el Congreso para acelerar el posible inicio del juicio político contra la presidenta.

La cautelar niega la posibilidad de que si una petición de apertura de un juicio con miras a la destitución de Rousseff es rechazado por el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunhala oposición pueda apelar esa decisión en el pleno de ese órgano legislativo.

La medida ha sido adoptada por el juez Teori Zavascki, uno de los once miembros del Supremo, quien fue consultado sobre el asunto por los legisladores del Partido de los Trabajadores, que sostiene al Gobierno de Rousseff.

Zavascki ha aclarado que la decisión sobre un juicio de esa naturaleza le cabe al presidente de la Cámara baja, con apoyo de su departamento jurídico. Según el magistrado, así lo define una ley de 1950, que es la que aún establece las normas y procedimientos para iniciar un juicio con miras a la destitución de un jefe de Estado.

En los últimos meses, Cunha ha recibido una veintena de peticiones para iniciar un proceso con miras a la destitución de Rousseff y ya ha rechazado la mitad, argumentando que carecían de «fundamentos jurídicos».

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