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Moral de hojalata
El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) fue fundado por un prócer que, cuando le tocó ejercer la presidencia de la República, no vaciló en someter a la justicia a uno de sus más cercanos colaboradores, Virgilio Gell, jefe de la Oficina de Seguridad Presidencial, implicado en un supuesto acto de corrupción
Fue en esa oportunidad cuando el presidente Juan Bosch advirtió que en su condición de jefe del Estado no tenía amigos ni enemigos, ni parientes ni arientes, por lo que cualquier funcionario que incurriera en actos de prevaricación sería cancelado y sometido a la justicia.
Es bueno señalar que en el caso de Gell, un amigo de Bosch, se cumplieron requisitos indispensables antes de su cancelación y traducción a los tribunales, como una denuncia previa y la investigación que determinó que contra ese funcionario afloraron indicios o evidencias que comprometían su responsabilidad penal.
Ell presidente Bosch fue enérgico contra cualquier manifestación o intento de corrupción en su gobierno, pero también respetó el debido proceso, la independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público.
Gente que durante toda su vida han denostado en público y en privado la figura prístina de Bosch, traen al presente la firme conducta del fundador del PLD frente a la corrupción, pero olvidan que ese prócer no manipuló ningún expediente judicial con fines de sacar provecho político.
Igual que durante el gobierno democrático de Bosch, los ciudadanos exigen hoy que se castigue al peculado, sin importar nomenclatura política, social o económica de quienes violen la ley, lo que contradice la posición hipócrita de muchos mentados líderes de la comunicación que miran el cohecho desde un solo litoral.
En el caso de Odebrecht, que data desde hace 15 años, y que involucra a a la mayoría de las grandes obras de infraestructura levantadas durante los gobiernos de Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina, el Ministerio Público ha actuado correctamente, al iniciar una investigación seria y profunda, con absoluto respeto al debido proceso.
El gobierno de Medina no ha hecho otra cosa que respaldar y estimular al procurador general para que cumpla su cometido de identificar a los funcionarios, ex funcionarios, empresarios o políticos que recibieron o promovieron sobornos para dar o recibir facilidades en los procesos de licitación o adjudicación de obras públicas .
los ciudadanos tienen todo el derecho a manifestarse en contra de la impunidad o a favor de que mal justicia procese a todo mortal que violé la ley penal, grande o pequeño, del PLD, PRM, PRD, Reformista o empresario o quien sea.
Lo que de ningún modo se acepta es que gente sin escrúpulo moral ni político pretendan aprovechar ese legítimo clamor de la población con fines de obtener burdo provecho político o económico o para intentar a la sombra la posibilidad de que aquí se repita la tragedia institucional que acaeció en 1963.
