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Metales Antillanos podría demandar al Gobierno tras cierre de sus operaciones
SANTO DOMINGO.- El presidente de la empresa Metales Antillanos, José Ignacio Acero Ruiz, advirtió que podría demandar al Gobierno por haber ordenado el cierre de sus operaciones.
En una declaración pública, Acero Ruiz responsabilizó al ministro de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito, «de cualquier acción que comprometa la seguridad de los empleados de nuestra compañía, de las embarcaciones con bandera extranjera y de nosotros mismos”.
A continuación el texto:
«Ante la decisión unilateral y sorpresiva del Ministerio de Medio Ambiente, sin que previamente se haya producido una decisión de un juez de la jurisdicción correspondiente, de cerrar en el día de hoy las operaciones de nuestra empresa mediante el uso de la fuerza a cargo de un contingente militar, que nos recuerda los tiempos de la tiranía afortunadamente decapitada, que ha impedido el acceso del personal, poniendo en peligro su integridad física y la integridad de nuestras instalaciones, aclaramos lo siguiente:
- Que a raíz de la resolución 13/2016 del Ministerio de Medio Ambiente que ordena el cese de las operaciones de reciclaje y reparación de embarcaciones en las riberas de los ríos Ozama e Isabela, nuestra empresa inicio un proceso de dialogo con las autoridades a la vez que sometimos un recurso de reconsideración ante ese Ministerio, y un recurso de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo.
- Que durante ese proceso de dialogo manifestamos al Ministro Domínguez Brito nuestra disposición de acatar dicha resolución siguiendo un calendario ordenado y racional de adecuación de nuestras instalaciones para responder a los requerimientos medioambientales a traves de los informes de cumplimiento ambiental (ICAS) correspondientes.
- Al mismo tiempo solicitamos al señor Ministro nos permitiera presentar un cronograma de ejecución de la resolución que implica el reciclaje de las embarcaciones ya contratadas así como los acuerdos internacionales de ventas de metales, plan que en un principio acepto.
- Que en todo momento hemos estado dispuestos a respetar las normativas medioambientales pero demandamos preservar la seguridad jurídica, el debido respeto y no violación a la propiedad privada, el clima de negocios y la integridad de los cientos de empleados que dependen de nuestra empresa.
- Que ante esta decisión arbitraria, que se aleja del espíritu de concertación y que a todas luces busca infringirnos un daño económico por el incumplimiento de contratos con empresas norteamericanas y de otras nacionalidades, a la vez que un daño moral de consecuencias insospechadas y aun no cuantificadas, recurriremos a los tribunales de la Republica e internacionales con la esperanza de que la justicia se imponga ante tanta insensatez y deseo de protagonismo que no se detiene ante nada.
- Que no renunciamos al derecho que nos asiste de reclamar tanto al Ministerio de Medio Ambiente y el Ministro mismo, las justas compensaciones por los daños económicos que pudieran derivarse de tales acciones por lo que no descartamos emprender procesos civiles y penales, haciendo al Ministro directamente responsable de cualquier acción que comprometa la seguridad de nuestros empleados, de las embarcaciones con bandera extranjera y de nosotros mismos.
- Que reiteramos nuestra fe en las instituciones y nuestro firme compromiso con la preservación del equilibrio ecológico, la generación de empleos y los mejores intereses de la comunidad y del país».