Medidas judiciales inaceptables

En un país en donde dizque vivimos bajo la organización de un régimen constitucional definido como  un Estado Social,  Democrático  y de Derecho no puede pasarse  como quien ve llover  la violación de un derecho ciudadano.

Es inconcebible que una instancia de la justicia dominicana en este caso la Procuraduría General de la República este permitiendo  la barbaridad de no otorgar una certificación de antecedente a un ciudadano por no haber pagado una multa generada por infracción de tránsito.

El Capítulo II del texto fundamental, en el artículo 7 define a la República Dominicana, organizada en un Estado Social Democrático y de Derecho y establece que se funda “en el respeto de la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación e independencia de los poderes públicos.

De igual modo, el artículo 8 de la Carta Magna, dispone que “es función esencial del Estado, la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad individual y de justicia social, compatibles con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos y todas”.

Es una vergüenza ver como una institución perteneciente al sistema judicial dominicano como la Procuraduría General de República  y otra entidad del organigrama estatal como la Autoridad Metropolitana del Transporte AMET  estén violando de manera descarada los derechos de los ciudadanos y todo siga igual.

Hay que decir que esto es inaceptable, nada está por encima de la Constitución de la República y si una infracción está tipificada como una falta o violación que puede dirimirse en el ámbito administrativo, porque entonces trastocar la Constitución y los derechos ciudadanos.

Desconocen ellos acaso que a todo el que se  le niega un papel de buena conducta por una injusticia como la que comentamos, automáticamente entra al odioso y cada vez más amplio círculo de la delincuencia, pero más aún,  es privado de insertarse en el mercado laboral. Esto es un abuso inaceptable, la Procuraduría y AMET que busquen otra manera de recaudar dinero sin dañar a los ciudadanos ni violar la Constitución.

Una de esas manera podría ser la no renovación de las licencias de conducir, pero de ahí a negarle una certificación de antecedentes penales a un ciudadano e incluso impedirle su salida del territorio nacional es un verdadero despropósito. Esto es inaceptable y las autoridades que apañen eso, sea la Procuraduría General de República. el Poder Ejecutivo o quien sea lo que estarían es propiciando el establecimiento de un Estado delincuente.

jpm