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Mayor autoridad y transparencia oficial
El retorno gradual a la normalidad, implica necesariamente el control gradual y progresivo del COVI 19, meta que a su vez requiere de una mayor capacidad, autoridad y transparencia gubernamental
El presidente Danilo Medina ha tomado una decisión arriesgada al disponer la apertura gradual de las actividades económicas y administrativas, sin que todavía se haya controlado la propagación del COVI 19, lo que eleva el riesgo de un incremento mayor de los infectados.
A partir de ayer miércoles, dispuso que el inicio parcial de las empresas a nivel nacional, de acuerdo a su tamaño y al número de sus empleados. Además, la reapertura del transporte público, así como de la mayoría de las oficinas gubernamentales.
La reapertura es muy necesaria, como hemos señalado, porque el país no está preparado para permanecer prácticamente paralizado durante meses. Los cuantiosos daños a los productores agrícolas son un ejemplo de la insostenibilidad de esta situación.
El caso más crítico lo constituyen los trabajadores por cuenta propia, quienes representan casi el 60% de la PEA, privados de salir diariamente a realizar actividades informales para sostener, en la mayoría de los casos, precariamente a sus familias.
La presión proviene también de un amplio sector comercial impedido de operar, mientras grandes tiendas por departamentos hacen su agosto vendiendo no sólo bienes de primera necesidad sino, además, bebidas, artículos ferreteros, vestidos y calzados, entre otros no esenciales.
En particular, el comercio en general acepta las necesarias restricciones, haciendo lo posible por la apertura de las actividades antes de la celebración del día de las madres, uno de los acontecimientos sociales que genera mayores ventas y dinamismo a la economía nacional.
El ministro de Hacienda, Donald Guerrero, estimó en 57,500 millones el costo oficial del combate del COVI 19, hasta junio. Mayores aún, son las pérdidas del sector privado que está operando muy por debajo de su capacidad. En el mejor de los casos, se estima que el crecimiento de la economía será nulo en este año.
Las autoridades no pueden eludir la responsabilidad de su decisión
El proceso de reapertura ha sido diseñado en cuatro fases concluyendo el lunes 24 de agosto. Se trata de un plan gradual que, de cumplirse, garantizaría el retorno a la normalidad al menor costo económico y social posible, siempre que se cumpla con el protocolo sanitario recomendado por la OMS.
El riesgo de retroceso se deriva del hecho de que, si bien existe la necesidad de avanzar hacia una reapertura de las actividades productivas y comerciales, desde el punto de vista sanitario, todavía no existen las condiciones mínimas para asegurar que el relajamiento de las restricciones provoque más daños sanitarios irreparables, que beneficios económicos al país.
Por esa razón, el gobierno insiste en que el éxito de la apertura dependerá del cumplimiento de la población del distanciamiento social. Pero, en ningún momento se señala, con la autoridad y la firmeza necesarias, que garantizarán el cumplimiento de estas restricciones, dejando abierta la posibilidad de culpar a grupos sociales, y hasta políticos, de cualquier rebrote por el mal manejo de la pandemia.
La lenta respuesta oficial al avance del coronavirus en las principales ciudades del país, se explica por las conocidas debilidades del sistema público de salud, unido a la politización del proceso y a la tendencia a favorecer a empresas fantasmas y sin experiencia ni capacidad en el suministro millonario de insumos médicos.
Llama la atención las declaraciones del médico Cruz Jiminián, una de las primeras y más notorias víctimas del COVI 19, cuando señaló que está vivo más debido a las oraciones que a la capacidad del sistema hospitalario para atenderlo. Mucha gente se pregunta, si esa es la experiencia de este médico filántropo, ¿cuáles son las oportunidades de cientos de pacientes comunes que diariamente acuden a los centros públicos de salud.
El éxito del retorno gradual a las todas las actividades económicas, sociales y políticas implica, necesariamente, el control gradual y progresivo de la propagación del COVI 19, meta que a su vez requiere de una mayor capacidad, autoridad y transparencia gubernamental.
JPM