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Los efectos de la “ley”
Solo en el Congreso de la República se cree un éxito haber parido -a la mala- una “ley” en la que todavía no vemos sus efectos. Todos, menos 38 diputados y 7 senadores, alaban con algarabía y satisfacción en sus caras esa aberración. Algo es algo, se oyó decir.
Más temprano que tarde empezaremos a sentir los efectos de un boomerang que en donde más causará estragos es dentro de las organizaciones de los mismos que se prestaron a su aprobación. Aceptaron en medio de la confusión y el calor de la discusión, un mamotreto que le costará lágrimas de sangre a lo interno de sus organizaciones, y peor, en sus candidaturas internas.
Las cúpulas decidirán sus acuerdos ahora legalmente, porque la dichosa ley les confirió ese derecho. Ha sido un duro golpe a la democracia, al derecho que tenemos los que aún somos militantes partidarios a tomar decisiones dentro de nuestras organizaciones.
No existe oposición a la transparencia que debe normar un proceso, pero sí a que la cúpula de un partido decida quiénes serán sus candidatos por encima de los Estatutos. Abiertas o cerradas no es el caso, sino quién y cómo va a elegir por nosotros.
Eso indica que la membresía de un partido no tiene razón de ser, violando el principio constitucional que consigna la libre asociación. Al PRM y al PRSC se lo debemos, por eso surgieron diferencias dando paso a la dispersión del bloque opositor.
Ellos votaron por una ley que al final del día no acatarán porque han dicho con desparpajo que sus primarias serán cerradas, y que los otros decidan cómo celebrar las suyas.
Lo que se procuraba fuera una decisión consensuada terminó en disenso.
Tanto, que un grupo de organizaciones políticas del bloque opositor elevará una instancia de inconstitucionalidad por ante el Tribunal Constitucional, por considerar que la recién aprobada ley violenta varios artículos constitucionales, entre ellos la imposición a la JCE de organizar las primarias de los partidos.
Toca a la JCE ponerse de acuerdo con todos los protagonistas de esta serie, para hacerle frente a una cantidad de retos por venir. Desde el montaje, plazos, tecnología y dinero, todo definido en el reglamento de aplicación.
A octubre de este mismo año hay que tomar decisiones importantes en cuanto a la puesta en vigencia de esta ley. ¿Está el liderazgo político nacional preparado para tan importante determinación? ¿Podrán ponerse de acuerdo a tiempo? ¿Habrá consenso a lo interno de cada organización política sobre las regulaciones a cumplir?
Quisimos ley, hagamos lo mejor posible en este primer tramo. Habrá tiempo suficiente para modificar los entuertos que sobre la marcha encontremos. Eso esperamos todos.