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Los derechos humanos: uno contra todos
Tengo la impresión-y no es a la ligera-, de que en República Dominicana, la Comisión de los Derechos Humanos lleva a cabo una batalla desigual; lucha porque se respete el sagrado derecho a la vida de los desposeídos, sean delincuentes o no, y a la vez se enfrenta a sectores que de alguna forma crean las condiciones que generan hordas de antisociales. Aunque soy ignorante en materia constitucional; entiendo que el organismo en cuestión sirve de contrapeso o equilibrio para que así como se condena a un delincuente, se esclarezcan sus delitos cuando se le apresa y, de paso, se establezca quién o quiénes pudieran estar involucrados en los mismos; aun cuando en sus fechorías hayan participado miembros de la Policía Nacional y otros cuerpos armados. Es decir que la entidad tiene al frente la ingente labor de que se preserve la vida de los delincuentes y sicarios, para que se desovillen otras complicidades. La tarea no es fácil pero si valiosa, porque de lo que se trata es de ajusticiar también a otros protagonistas o autores intelectuales que, muchas veces, están al servicio de otros delincuentes: los insertos en organismos represivos u opresivos, al servicio de estamentos y funcionarios que con sus inconductas, trapacerías y falta de efectivas políticas públicas; contribuyen con la formación de ni-ni y delincuentes. Y, aunque duela el asesinato de una oficial, como es el caso de la segunda teniente de la Amet, Carmen Mercedes Báez Torres; en el sentido de prioridades investigativas, no es lo mismo, a cuando un uniformado o militar asesina a quema ropa al que se presume delincuente de abajo e hijo de nadie. Lo grave de todo esto es que esos delincuentes, con sus excepciones, son el fruto de nuestro corrupto sistema. Nos referimos a los cinturones de miseria víctimas de las exclusiones y marginalidades que les han negado todo; precisamente los que esquilman al pueblo con canonjías como el barrilito, el cofrecito y otros ilegítimos beneficios, amén de las ligerezas de funcionarios y toda suerte de políticos ladrones. Resulta insólito que el delito haya adquirido otras acepciones y tipificaciones en este estadio histórico. Si se roba desde cualquier estamento del Estado y se tiene cierta notoriedad, el autor-aunque apenas hace varios años atrás era un simple carajete-; no se le clasifica como delincuente, ni sus acciones se corresponden con delito alguno. Estos son los delincuentes de arriba. Para agravar la cosa, el Estado y su corporación de ladrones, con sus actitudes, no sólo forman antisociales como Wander Sánchez y Juan Carlos Adames Cruz, sino que muchos de los que están al servicio del oficialismo suelen involucrarse en sus acciones delictivas. Pero resulta que-esto no lo dice el pueblo, hay toda una práctica-, el número de homicidios en los que se involucran agentes del orden y militares, activos o no, en estos momentos, tal vez sobrepasa a los cometidos por delincuentes que actúan por su propia iniciativa. Las consecuencias en los casos en que participan policías y militares, parecen no tener tanta trascendencia; o se les nombra una comisión investigativa de los mismos cuerpos armados, o cuando no, simplemente son trasladados y continúan con una existencia, más o menos cotidiana, sin mayores percances. Entre tanto, cuando los asesinatos son delincuentes hijos de las injusticias apuntaladas por los protagonistas de la cosa pública y sus adláteres, sí que hay prioridad; no se necesitan ni comisiones ni ningún otro mecanismo investigativo. Simplemente, se les da pa’bajo sin mayores cotejos y parafernalias. Y, para ello se cuenta con la anuencia de los mismos legisladores, funcionarios, y toda suerte de políticos y de manera abierta, sin mayores sonrojos, hasta con un sector de la justicia. Además de ciudadanos inconscientes que se dejan domeñar como borregos. Definitivamente la lucha de los miembros de la Comisión de los Derechos Humanos, es la de uno contra todos.