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Las redadas de inmigración en Puerto Rico se sienten distinto
SAN JUAN.- Las redadas de inmigración han sido tan poco frecuentes en Puerto Rico que su único centro de detención, en un edificio de oficinas junto a un centro comercial, solo puede albergar a unos 20 detenidos. Sin embargo, las autoridades federales en el territorio estadounidense han detenido a más de 500 personas desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo en enero.
La escalada ha disgustado a muchos puertorriqueños, quienes son ciudadanos estadounidenses, y ha puesto de relieve su incómoda relación con Washington.
Casi tres cuartas partes de los detenidos proceden de un solo país, República Dominicana, que se encuentra a 129 kilómetros en barco al oeste de Puerto Rico. Muchos dominicanos comparten el mismo origen étnico, lengua y cultura que los puertorriqueños, y las detenciones de dominicanos se han sentido como una afrenta para muchos puertorriqueños.
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“Es una aberración histórica”, dijo Néstor Duprey, profesor asociado de ciencias sociales de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.
Generaciones de dominicanos, así como algunos haitianos, han emigrado al archipiélago de Puerto Rico en embarcaciones desvencijadas desde la isla La Española, y han formado familias y ocupado puestos de trabajo fundamentales en el servicio doméstico, la atención médica a domicilio y la construcción. Aparte de las interceptaciones en el mar y las redadas ocasionales en la capital, San Juan, las autoridades federales han evitado en gran medida la aplicación masiva de las leyes de inmigración en la isla hasta ahora.
Puerto Rico y República Dominicana “tienen vínculos culturales y lingüísticos más fuertes que, creo, la mayoría de los países del mundo”, dijo Jorge Duany, experto en migración caribeña, y citó como ejemplos sus acentos, el catolicismo y la afición compartida al béisbol.
Las autoridades federales calculan que puede haber unos 20.000 migrantes no autorizados en Puerto Rico, que tiene una población de unos 3,2 millones de habitantes. Según el propio gobierno federal, pocas de las personas que ha detenido desde enero —83 de 509, hasta el lunes— tienen antecedentes penales.
“Aquí no hay presencia mexicana ni venezolana en el mundo de los narcóticos”, dijo Rebecca González-Ramos, agente especial encargada de las Investigaciones de Seguridad Nacional en San Juan.
Los agentes se han enfocado en migrantes con infracciones de reingreso que habían sido deportados anteriormente, dijo González-Ramos en una entrevista. Añadió que sus agentes, cuya jurisdicción incluye las Islas Vírgenes de Estados Unidos, pronto aplicarán las infracciones de inmigración contra personas sospechosas de fraude matrimonial, de identidad o de prestaciones. Muchas de las pistas que llegan a la oficina, dijo, proceden de personas que informan sobre la situación de inmigración de sus exparejas.
La mayor parte de su personal, que suele ocuparse de la ciberdelincuencia, el tráfico de drogas y la trata de personas, ahora está concentrada en la aplicación de las leyes de inmigración. González-Ramos estuvo presente el mes pasado en La Concha, un famoso complejo turístico frente a la playa que está en proceso de renovación, cuando los agentes detuvieron a 53 trabajadores subcontratados.
González-Ramos dijo que Puerto Rico no era diferente de cualquier otro lugar en Estados Unidos donde las agencias federales han dado prioridad a la aplicación de las leyes de inmigración. Sin embargo, a diferencia de sus homólogos en la mayoría de las demás jurisdicciones, está hablando públicamente, lo que atribuyó a una cultura de los medios de comunicación en Puerto Rico que exige visibilidad.
“Para mí es importante que los medios de comunicación difundan el mensaje: si estás aquí ilegalmente, tienes que autodeportarte o encontrar el mecanismo para adaptarte”, dijo, “aunque pueda ser un mensaje que la gente no quiera oír”.
También ha subrayado que es puertorriqueña y que una de sus abuelas era dominicana. Algunos de sus agentes son migrantes dominicanos, venezolanos o mexicanos, dijo.
Las autoridades federales se han enfrentado a críticas en Puerto Rico desde que comenzó la reciente ronda de redadas el 26 de enero. En marzo, un trabajador de la construcción dominicano de 52 años murió en una obra tras caer de un tejado donde se había estado escondiendo de los agentes de inmigración. Cayó después de que los agentes se marcharan, tras la detención de otros 13 trabajadores en la obra; la oficina de González-Ramos dijo que no tuvo noticia de su muerte hasta mayo.
A algunos detenidos y a sus familias les preocupa que se les haya tomado como objetivo por tener la piel más oscura que la mayoría de los puertorriqueños, bajo el supuesto de que los dominicanos tienen más probabilidades que los puertorriqueños de ser negros. González-Ramos negó que los agentes federales tengan en cuenta el color de la piel o el acento a la hora de decidir a quién detienen.
Las personas detenidas suelen ser trasladadas en avión fuera de la isla en un plazo de 72 horas, a menudo a Miami o Laredo, Texas, antes de que consigan un abogado. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por su sigla en inglés) de Puerto Rico ha denunciado esta práctica. Los abogados que representan a los detenidos pro bono pueden tener fondos solo para ayudar a los residentes de su condado, por lo que un detenido de Puerto Rico puede tener dificultades para conseguir representación gratuita en Miami.
“El proceso, como se está dando, es abusivo”, dijo Annette Martínez-Orabona, abogada y directora ejecutiva de la organización. “Es cruel”.
Tras la redada en la obra del hotel el mes pasado, Martínez-Orabona y otros dos abogados intentaron visitar el centro de detención de la isla, que está junto a un centro comercial de Guaynabo, al oeste de San Juan. Sus solicitudes fueron denegadas. Pudieron obtener una copia de la lista de abogados que se facilita a los detenidos. Todos los abogados estaban en Florida.
González-Ramos, de Investigaciones de Seguridad Nacional, dijo que el gobierno federal estaba considerando la reapertura de un centro de detención masiva en Aguadilla, en el noroeste de Puerto Rico, que se cerró en 2011 tras informes sobre malas condiciones. La reapertura del centro podría ayudar “estratégicamente”, dijo, dado que muchos detenidos de todo Estados Unidos son deportados a Centroamérica, Sudamérica o el Caribe.
La ACLU se ha opuesto a la reapertura del centro, afirmando que no era necesario detener a personas que no son delincuentes y que la reapertura representaría un “retroceso moral, legal y humanitario”.
Jenniffer González-Colón, gobernadora republicana que ha apoyado a Trump y ganó el cargo en noviembre, dijo en enero que los dominicanos en Puerto Rico no tenían que temer deportaciones masivas “porque no estamos hablando ni de México ni de Texas”. Desde entonces ha dicho que la isla “no se puede dar el lujo” de ignorar las órdenes ejecutivas del gobierno de Trump y poner en peligro los fondos federales para sus necesidades críticas.
González-Ramos dijo que las autoridades federales han solicitado que el gobierno de Puerto Rico comparta información sobre unos 6000 permisos de conducir que se han expedido a migrantes no autorizados. Puerto Rico expide este tipo de licencias desde 2013. El Nuevo Día, el diario más grande de Puerto Rico, informó el miércoles de que el gobierno de Puerto Rico ha estado facilitando esos datos a las autoridades federales bajo citación.
Las primeras redadas en Barrio Obrero, una zona fuertemente dominicana de San Juan, comenzaron en enero, lo que provocó tiendas vacías y altos índices de absentismo escolar. Desde entonces, se ha desarrollado una red de apoyo para residentes indocumentados. Médicos y enfermeras hacen visitas a domicilio. Los vecinos acompañan a sus hijos al colegio.
La Iglesia Metodista San Pablo ha organizado entregas de comestibles. La reverenda Nilka Marrero está creando una clínica jurídica y de asesoramiento en las instalaciones de la iglesia.
“En el barrio era fiesta”, dijo, con música a todo volumen y hombres jugando al dominó y al ajedrez en la plaza principal. “Ahora hay luto”.
Juan Vega, quien emigró en barco desde República Dominicana en 2021, dijo que siempre se sintió bienvenido en Puerto Rico. Tenía amigos dominicanos, trabajaba en la construcción y se casó con Iris Lázaro, quien había llegado en barco desde República Dominicana a finales de la década de 1990 y ahora es ciudadana estadounidense. Entonces, un domingo por la mañana en enero, Lázaro lo envió a comprar un aguacate.
Vega, de 48 años, fue detenido por agentes de inmigración a la salida del supermercado. Aunque les dijo que su petición de inmigración estaba pendiente —su esposa había solicitado su ciudadanía por matrimonio—, lo detuvieron de todos modos. Lo enviaron a Miami, donde pasó casi dos meses detenido mientras su esposa intentaba desesperadamente sacarlo de allí. Pasaron por tres abogados. Ella consiguió reunir 10.000 dólares para pagar su fianza.
Vega, quien dijo que había perdido 10 kilos durante su detención, está de vuelta en Puerto Rico. Lleva en la cartera una copia impresa de los detalles de su cita en el tribunal de inmigración el mes que viene. Su mujer lleva una copia de su certificado de naturalización.
“Me siento perseguido”, dijo Lázaro, de 50 años. Cuando votó por Trump el año pasado, dijo, nunca pensó que perseguiría a personas como ellos, que construyen tejados, pintan casas y retiran escombros. “Ya no me siento cómoda”.
Está tan enfadada y asustada, dijo, que una vez que la pareja pague las deudas que acumularon durante la detención de Vega —entre 25.000 y 30.000 dólares, según contó— está considerando la posibilidad de marcharse de Puerto Rico después de más de tres décadas. Dijo que regresaría a República Dominicana.
Esto pendejo republicano representado por el caco de muñeca piensan que el mundo es de ellos ,pero que se preparen algún días pagaran por todos los daños causado ala humanidad.
Es lamentable decirlo pero las leyes son las leyes y hay que cumplirla. Los mismo que les hacemos a los haitianos en nuestro pais los mismo,nos hacen a nosotros tambien. Roguemos que en Espan̈a no aparesca otro Trump.