Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
Leonel: «El PRM anda de cacería, sabe no podrá ganar elecciones»
Empresario se querella contra DM y Jean Alain; exige US$580 MM
Cierran otros 6 comercios, suman 11, por violar Código Tributario
Industriales RD apoyan medidas contra establecimientos chinos
Dólar baja otros once centavos; se cambia este jueves a RD$59.21
Fundación Socialdemócrata Chile otorga membrecía a Luciano
Candidato a diputado PRD apoya Omar Fernández a senaduría DN
Israel elogia a EEUU por vetar el ingreso Palestina miembro ONU
Dice en Dominicana hay «cacería» en contra de comerciantes chinos
Abinader encabezará caravanas en cuatro provincias dominicanas
Las denuncias de posibles compras de cédulas
La compra de cédulas el día de las elecciones, es una práctica habitual en nuestro país. Muchos políticos y todos los partidos que han tenido aspiraciones considerables de ganar lo han hecho, seguirán o tratarán de seguir haciéndolo y de ahí que dirigentes de partidos con posibilidades de obtener el triunfo, se quejan y denuncian la posible ocurrencia de esta conducta.
La compra de cédulas, ha sido tan groseramente evidente y una práctica tan concurrente, que el Legislador, político al fin, y por ende, sujeto activo, directa o indirectamente, de esa conducta, no insertó en las normativas electorales actuales, supuestos de hecho que establezcan, sin comprometer el principio de legalidad, que “quien compre cédulas días previos y el mismo día de las elecciones comete el crimen o delito electoral, sancionado con una pena determinada”. Espero que la justificación en no tipificar esa conducta, esté en una omisión de forma y no en el dicho de que “nadie afila cuchillo para su propia garganta”.
Sin embargo, esos mismos políticos que denuncian y se quejan anticipadamente, no por ser videntes, pero sí por que tienen conocimiento pleno de las posibles compras de cédulas; y aquellos que aun sabiendo que lo hacen y seguirán haciendo, aunque lo nieguen, deben entender y estar preocupados por los posibles episodios violentos y desafortunados, que pudieran estar ocurriendo de manifestarse esta práctica.
Varios son los aspirantes que en medios de comunicación lo han dicho; decenas, los que en actividades públicas lo dicen, y cientos de seguidores lo reproducen e incluso, han creado “grupos” para que accionen contra quienes sean vistos ejerciendo esa práctica, en otras palabras, los estarían enfrentando, y por vía de consecuencia, en el más leve de los casos, cometiendo vías de hecho y en el peor, la agresión física.
Todo lo anterior debe ser motivo de preocupación para la población dominicana, y por demás, de mayor interés para la Junta Central Electoral, Procuraduría General de la República, Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, ya que en ellos descansa no solo procurar que las venideras elecciones municipales pasen sin mayores inconvenientes que lamentar, sino también, porque ellos como entes públicos, están llamados a guardar la paz y armonía de toda la sociedad.
Debemos reconocer que las libertades son el estandarte de las democracias, y que solo cuando éstas se respetan y se hacen inexistentes las coacciones, las limitaciones y las injerencias en nuestra voluntad por parte de quienes nos gobiernan o nos quieren gobernar, es que los pueblos alcanzan la paz, el progreso y la prosperidad.
De la misma forma, el ciudadano debe ejercer con plenitud sus derechos y deberes; votar, es un derecho y a la vez un deber, y es por tanto que se deben quitar y castigar los obstáculos y seducciones propias de los pueblos pobres y esclavizados, lo cual es el producto del accionar de su clase política, y por tanto se debe dejar votar libremente.
Para tener una idea de lo importante que es permitir el voto libre y evitar las prácticas de compras de voluntades, muy específicamente, la compra de cédulas, el legislador de antaño estableció que “Todo ciudadano que, en las elecciones, hubiere comprado o vendido un sufragio, cualquiera que sea su precio, sufrirá la pena de inhabilitación para cargos y oficios públicos, desde uno hasta cinco años y multa de diez a cien pesos. El comprador del sufragio y su cómplice serán condenados a una multa que pagarán cada uno por sí, cuyo monto se elevará al duplo del valor de las cosas recibidas u ofrecidas. Si este valor no pudiere determinarse, la multa será de diez a cien pesos” (Art. 113 CPD).
En consideración al párrafo anterior, si la represión a la conducta de coartar el derecho al voto mediante la compra de la cédula viene desde siglos pasados, entonces, en estos tiempos de modernidad y de Estados Constitucionalistas, quienes deben, y somos todos, procuremos no hacerlo y evitar que se haga.
JPM