Trump elige a Susie Wiles como jefa del gabinete en Casa Blanca
Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
Un muerto y un herido durante una intervención policial en SFM
Encuestas predicen importante revés de Donald Trump en 2026
COE reporta otros 11 muertos, 144 heridos y 118 accidentes
Zelenski deja elecciones en manos socios internacionales
El Indomet anuncia para este viernes lluvias y olas anormales
García Fermín ve infundados vaticinios de Leonel Fernández
China impone sanciones contra veintena de empresas de EEUU
Rusia toma otra localidad en la provincia de Zaporiyia, Ucrania
OMS alerta sobre alto número muertes por alcohol en Europa
Fallece en SD el antiguo periodista puertoplateño Fabio Rodríguez Flores
La vigilancia del transporte
La Constitución de la República Dominicana establece como un Derecho Fundamental, el disponer de bienes y servicios de calidad, bajo las previsiones y normas establecidas por la ley. Dispone ese mismo artículo que las personas que resulten lesionadas o perjudicadas por bienes y servicios de mala calidad, tienen derecho a ser compensadas o indemnizadas conforme a la ley.
Entre los servicios que recibe la población en sentido general, tenemos lo que conocemos como servicios públicos, unas veces prestados por el propio Estado a través de sus instituciones y otras a través de particulares.
En la República Dominicana no existe una legislación que defina o categorice los servicios públicos. Sobre ellos encontramos las disposiciones constitucionales contenidas en el capítulo III sección III, específicamente el artículo 147. Dispone este artículo que los servicios públicos están destinados a satisfacer las necesidades de interés colectivo. Serán declarados por ley.
Que sea de mi conocimiento vuelvo a afirmar, en nuestro país no existe una ley que declare cuales son los servicios públicos y para que estos existan oficialmente según el mandato de la Constitución, deben ser declarados por ley. Sin embargo, la Constitución y las leyes encargan a organismos especializados como el Defensor del Pueblo y el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (PRO CONSUMIDOR) de velar porque estos servicios se brinden con la eficiencia y con la calidad que la dignidad humana entre otros parámetros demandan.
De Derecho, aunque de hecho no se haya efectuado ninguna alianza o acuerdo entre estas dos instituciones, sus funciones le hacen mancomunadas y en un servicio como el transporte urbano e interurbano es necesario que afinen la cooperación para exigir la calidad y la seguridad necesarias.
En mis recientes viajes al interior he observado que muchos de los conductores de autobuses lucen hipertensos, en sobre peso o de avanzada edad. Estas condiciones de los conductores, hacen poner en peligro a las decenas de personas que transportan en cada viaje, pues el riesgo de un infarto en ellos,es mayor. Todo sin excluir la velocidad y la inseguridad en las condiciones físicas de las unidades que conducen.
Aunque no estén definidos por ley, sin dudaestos son servicios públicos de primer orden y entran bajo el régimen de protección que la Constitución y la ley ponen bajo el amparo de las funciones del Defensor del Pueblo y de PROCONSUMIDOR. De eso no hay dudas.
¡Ah!, por cierto, aunque no constituya un servicio público; por afectar intereses colectivos y derechos difusos -como es la seguridad de las vías públicas y de los que transitan por ellas- también deben demandar de las compañías y sindicatos el examen de los conductores de vehículos pesado como tanqueros, patanas o remolques, sin excluir similares, porque estos también ponen en peligro a los demás.
Igualmente demandable es la mejora de las condiciones de los vehículos en cuanto a los volúmenes de cargas transportadas, neumáticos, frenos y otros.
jpm
