La UE y EEUU declaran ilegal el referéndum de Crimea

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Los presidentes de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, y del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, no han esperado a conocer el resultado de la consulta celebrada en Crimea para advertir de que la comunidad internacional no tendrá en cuenta el veredicto final.
En un comunicado emitido de forma conjunta, ambos mandatarios recuerdan que, tal y como declararon los líderes de los Veintiocho socios comunitarios el pasado 6 de marzo, «la UE considera que la celebración del referéndum es contraria a la Constitución de Ucrania y la ley internacional» y, por tanto, «ilegal y sin legitimidad».
La Casa Blanca también insistió en que no reconoce el resultado de la consulta en Crimea, al que se refirió poniendo entre comillas la palabra «referéndum» en un comunicado.
«No se debería tomar ninguna decisión sobre el futuro de Ucrania sin el Gobierno ucraniano. Además, esta votación no era necesaria. El Gobierno ucraniano ha dejado clara su disponibilidad para debatir un mayor grado de autonomía para Crimea», dijo el portavoz de la Casa Blanca, que también subrayó la convocatoria de elecciones el 25 de mayo.
Las primeras reacciones por parte de la UE no han tardado en llegar y, como se esperaba, vienen a reiterar los mensajes que salieron de aquella cumbre europea: la solución a la crisis de Ucrania debe ser de carácter político y «estar basada en la integridad territorial, soberanía e independencia de Ucrania», dentro del marco de su constitución y con un «estricto respeto a los estándares internacionales».
Estados Unidos ha convencido a la UE para que alargue la lista de altos cargos rusos que no podrán entrar en ninguno de los dos territorios y cuyos bienes serán congelados si tienen cuentas localizables en ellos.
Entre los nuevos objetivos están el ministro ruso de Defensa, Sergei Shoigu, el viceprimer ministro, Dimitri Rogozin, el consejero delegado del conglomerado público de gas Gazprom, Alexei Miller, y el presidente de la petrolera Rosneft, también en manos del Gobierno ruso, Igor Sechin.
Las sanciones contra los representantes de empresas energéticas son las que más costarán a Alemania u Holanda por sus relaciones comerciales con Rusia y serán probablemente las últimas que se apliquen si la presión de las anteriores no funciona.
Ni estadounidenses ni europeos consideran penalizar al presidente Vladimir Putin o a su ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, para que puedan viajar y no cerrar por completo las vías de negociación.

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