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La razón de la JCE
La Junta Central Electoral tiene razón. Hay que controlar el accionar en las calles de los partidos políticos. No puede ser que por las primarias de los grupos partidistas, comiencen las caravanas y los actos de masas.
A los partidos se les tiene que permitir que realicen sus actividades en recintos techados o cercados, sin que obstaculicen el normal tránsito por la vía pública. Para poder realizar esas actividades hay hoteles, salas de conferencias y estadios deportivos.
Ahora la JCE puede prohibir a los partidos realizar esas actividades, pero no cuenta con el mecanismo de presión para someter al orden a los violadores. Una disposición que no cuenta con las acciones para aplicar sanciones, es letra muerta.
Es impensable que se movilice a la policía o los organismos armados para dispersar una caravana de los principales dirigentes del partido de gobierno o del principal de la oposición. Una acción de este tipo podría traer peligrosos efectos colaterales.
A la Junta lo que le resta es reunirse con el liderazgo político y exigir que se cumpla su resolución. Es el diálogo y la concertación la única vía de impedir que continúen las movilizaciones políticas.
Las modificaciones en el sistema electoral dominicano lo hacen cada día más difícil. Ahora hay que ir a precandidaturas para todos los cargos, y se supone que los candidatos tienen que salir a las calles a expresar sus ideas. Se habla de comienzo de la ruta electoral, pero no se puede pasar por alto que ahora los cargos no se consiguen de dedo, sino en convenciones.
Para ganar unas elecciones internas, o por lo menos hacer un buen papel, es necesario que el mensaje llegue, y para ello se tienen que utilizar todos los mecanismos de propaganda, incluyendo la movilización callejera.
De primera instancia, estoy de acuerdo con la prohibición de la JCE. Ahora queda hablar con los políticos para llegar a un entendimiento y respeto institucional. Es lamentable que en un país donde la mayor parte de la población pasa hambre, se dedique tanto tiempo al clientelismo partidario.
Otra cosa. Se establecen diferencias entre las protestas populares, y el proselitismo electoral. Hay un hilo conductor donde es difícil determinar solo hay acciones de protestas o reivindicaciones sociales y donde comienza lo proselitista. Habría que determinar si los integrantes de la llamada Marcha Verde están en un accionar político-electoral, con la consigna de lucha contra la corrupción.
La JCE tiene una estructura frágil, lo he escrito en varias ocasiones, por lo que cuando toma una decisión, si es justa la misma debe ser apoyada por toda la comunidad. No vamos a entrar a la legalidad o no de la prohibición, porque ello sería terreno de los tribunales Superior Electoral y Constitucional, y de la Suprema Corte de Justicia.
Lo cierto es que las movilizaciones van a continuar. La JCE hizo una advertencia, pero como no hay mecanismos de fuerza para aplicarla, su cumplimiento quedará al libre albedrío de cada quien. Dudo que los líderes políticos que buscan la postulación presidencial, suspendan sus caravanas y actos de masas. ¡Ay!, se me acabó la tinta.
