La política social de Abinader: el agua 

POR EDDY PEREYRA ARIZA 

El papel de la política social es habilitar a los ciudadanos que se encuentran excluidos, con grandes limitaciones. Es darles las herramientas y oportunidades para que salgan de esa situación calamitosa, rodeados de desesperanzas, con sus propios esfuerzos.

Pero el tema social se ha complejizado y diversificado desde la nueva realidad de las relaciones sociales que estamos viviendo. Pongo como ejemplos, el que la política social no se ha podido adecuar a una población casi ingobernable, que ha venido del campo a la ciudad concentrándose en pocos espacios. Además, el crecimiento de nuestras principales ciudades es caótico; segmentado entre unos sectores con servicios y otros, con pocos o nada.

Desde hace tiempo, estamos sumergidos en accesos a los servicios públicos básicos  muy desigual y en general de muy mala calidad, sobre todo el servicio del agua. Así, más del 50% de la población no dispone de agua en sus hogares y todavía las personas de escasos recursos obtienen agua fuera de su casa, en lugares comunes,  y de manera ocasional.

Aunque este último año, en sectores de clase media se ha mejorado el servicio de agua, no falta una semana del mes en que siga como en los barrios carenciados, cortándose el abastecimiento para favorecer el sistema de venta al detalle mediante los llamados “camiones cisterna”.

Un cambio de visión 

En la política social del presidente Luis Abinader, un bien de servicio público de interés general como el agua se está desarrollando dentro de un modelo de gestión.

Para el presidente Abinader, el suministro de agua potable es entonces un reto político, un reto de prioridad social, de compromiso máximo.

Abinader busca garantizar un suministro universal, seguro y sostenible del líquido a nivel nacional, por eso lanza el “Compromiso Nacional por el Agua”, cuyo objetivo inmediato será la creación del Pacto Nacional por el Agua 2021-2026.  Esta propuesta está incluida en su “Programa de Gobierno por el Cambio”, la cual  identifica la prioridad del agua como patrimonio nacional estratégico, recurso natural y económico, así como, su impacto sobre la salud, el crecimiento y el desarrollo social del país.

Todo indica, que, en esta política social, el reto es romper la forma en que hemos abordado el manejo o la relación con el agua y ni hablar del saneamiento básico donde encontramos cifras espeluznantes.

La dispersión de las instituciones en materia de agua potable, como INAPA, CAASD, CORAASAN, CORAAMOCA, CORAAROMA, CORAAPP, registran una intervención y un norte con la creación del “Gabinete del Agua” como parte de decisiones políticas, que, en el marco del Estado, van gestionando y asegurando bienestar en la escena social.

En término general, los habitantes del Gran Santo Domingo, estamos siendo beneficiados de la mejora del suministro de agua potable como bien destaca el director de la CAASD, Felipe Suberví-Fellito. También escuche decir del director del INAPA, Wellington Arnaud, que un millón de dominicanos más están recibiendo agua potable en el territorio nacional.

Juiciosamente el presidente Abinader considera que el “Pacto del Agua” depende de la participación y la integración de todos los sectores. En esa línea se encaminan anteproyectos de leyes sobre agua general y sectorial: Ley General de Agua y la Ley de Reforma de Agua Potable y Saneamiento.

De modo que, la posibilidad de que podamos avanzar en materia de política social o pública para el sector agua se perfila bien, aunque prefiero añadir, que estamos en transición.

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