La política nunca pasa hambre

POR VICTOR GARRIDO PERALTA

La sala de emergencia de un país

Imagine entrar a la emergencia de un hospital público dominicano a las dos de la madrugada.

Una madre abanica desesperadamente a su hijo febril porque el aire acondicionado dejó de funcionar hace semanas. Un anciano hipertenso espera sentado sobre una silla plástica porque no hay camas disponibles. Una enfermera improvisa gasas donde faltan insumos. Un médico exhausto intenta sostener dignidad clínica en medio de la escasez.

Ahora imagine, al mismo tiempo, las cuentas bancarias de los partidos políticos recibiendo puntual y religiosamente cientos de millones de pesos del Estado.

Sin retrasos. Sin escasez. Sin apagones presupuestarios.

Esa contradicción no es accidental. Es la radiografía moral de la República Dominicana contemporánea.

El mismo ciudadano, dos facturas distintas

En artículos anteriores documenté cómo el sistema de combustibles convirtió al ciudadano dominicano en banco ciego de su propio supuesto subsidio: paga impuestos elevados, el Estado recauda masivamente y luego presenta como generosidad una reducción parcial de los mismos impuestos que previamente cobró.

El sistema de financiamiento político opera bajo una lógica estructuralmente similar.

El mismo ciudadano que llena el tanque pagando cargas fiscales desproporcionadas, que compra medicamentos porque el hospital no los tiene y que organiza rifas para costear una cirugía, también financia —sin opción de negarse— las estructuras partidarias que administran el sistema que lo asfixia.

El combustible y la política son dos extremos del mismo circuito de extracción.

En uno, el ciudadano paga por energía y recibe fiscalidad.

En el otro, paga por democracia y recibe burocracia política subsidiada.

El resultado es el mismo: una nación donde el sacrificio ciudadano parece inagotable, pero la austeridad del poder siempre encuentra excusas para posponerse.

El país que financia primero a la política

Desde la instauración formal del financiamiento público moderno mediante la Ley Electoral 275-97 y posteriormente consolidado por la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, el Estado dominicano ha transferido más de RD$28,700 millones a estructuras partidarias entre 1998 y 2025, según registros acumulados de asignaciones presupuestarias oficiales.

La teoría parecía razonable:

• Reducir la influencia del dinero ilícito.
• Fortalecer la democracia.
• Garantizar equidad electoral.
• Evitar la captura privada de los partidos.

Pero toda política pública debe evaluarse no por sus intenciones, sino por sus resultados.

Y los resultados obligan a una pregunta incómoda:

¿Qué fortalecimos realmente?

Porque mientras el financiamiento público aumentó de forma acelerada, la institucionalidad partidaria dominicana no mostró una evolución proporcional.

Al contrario.

Pasamos de 26 partidos reconocidos en 2020 a más de 40 organizaciones en 2026.

La política comenzó a parecerse peligrosamente a un ecosistema de franquicias electorales subsidiadas.

No todas nacidas para representar ciudadanos.

Muchas, simplemente, para sobrevivir del presupuesto.

La anatomía del privilegio

Solo en el año electoral 2024, el Estado asignó más de RD$5,000 millones a partidos políticos. Cuatro organizaciones recibieron alrededor de RD$1,008 millones cada una.

Mil millones de pesos.

Por partido.

En un país donde todavía existen:

• Pacientes oncológicos que organizan rifas para comprar medicamentos.
• Familias que venden motores para costear una cirugía.
• Hospitales públicos que sobreviven con déficit estructural de equipos, personal e infraestructura.

Aquí emerge la fractura ética central.

No es únicamente el monto. Es el significado moral del gasto.

Porque todo presupuesto es una declaración de prioridades. Y el nuestro parece decirle al ciudadano:

“La política debe protegerse primero. Tu dignidad, que espere.”

Lo que pudo haberse salvado

La economía pública no se mide solamente en cifras.

Se mide en vidas que pudieron haber sido distintas.

Los más de RD$28,000 millones transferidos a estructuras partidarias equivaldrían potencialmente a:

• Hospitales regionales modernos.
• Redes completas de atención primaria.
• Centros de salud mental.
• Programas de medicamentos de alto costo.
• Laboratorios tecnológicos escolares.
• Sistemas de agua potable.
• Miles de becas universitarias.

Ese dinero no desapareció. Simplemente tomó otra dirección.

Y cuando un niño muere esperando una cama en UCI, el presupuesto deja de ser contabilidad. Se convierte en tragedia moral.

La democracia sin auditoría

El problema se vuelve aún más grave cuando aparece la palabra que más teme el poder: fiscalización.

Financiar partidos no es, en principio, antidemocrático. Toda democracia moderna necesita mecanismos que reduzcan la dependencia de capitales privados opacos.

Lo verdaderamente peligroso es financiarlos sin supervisión proporcional.

La Junta Central Electoral ha carecido históricamente de un sistema robusto, permanente y suficientemente dotado para auditar de manera integral organizaciones que reciben miles de millones de pesos públicos por ciclo electoral.

Y ahí colapsa el argumento moral del sistema.

Porque una democracia sana no teme la transparencia.

La exige.

La enfermedad estructural

En medicina existe un fenómeno devastador llamado inversión de prioridades fisiológicas.

Ocurre cuando el organismo comienza a proteger funciones secundarias mientras los órganos vitales colapsan lentamente.

Eso parece estar ocurriendo en nuestra arquitectura presupuestaria.

La política dominicana ha desarrollado mecanismos extraordinariamente eficientes para garantizar:

• Su financiamiento.
• Su supervivencia.
• Su expansión.
• Su estabilidad económica.

Mecanismos muchas veces más eficientes que los diseñados para garantizar medicamentos, atención primaria, salud mental, agua potable, seguridad hospitalaria o educación pública digna.

La ciudadanía lo percibe.

Y allí nace la indignación colectiva.

No porque la democracia no necesite recursos.

Sino porque el pueblo siente —correctamente— que el sistema político se protege a sí mismo con una velocidad y una disciplina que jamás aplica para proteger a la gente.

La política como industria protegida

La evidencia regional vuelve la pregunta inevitable.

República Dominicana figura entre los países latinoamericanos con mayor financiamiento público per cápita a partidos en años no electorales.

Sin embargo, nuestros niveles de institucionalidad, transparencia y confianza ciudadana permanecen estructuralmente frágiles.

Entonces surge la pregunta decisiva:

¿Cómo puede un sistema recibir cada vez más dinero público y producir cada vez menos legitimidad social?

La respuesta quizá sea dolorosa:

Porque parte del sistema político dominicano dejó de comportarse como instrumento democrático y comenzó a funcionar como una industria protegida por el presupuesto.

Con rentabilidad garantizada.
Con escasa fiscalización real.
Con incentivos insuficientes para reformarse a sí misma.

La reforma moral pendiente

La solución no consiste en destruir la política.

Una sociedad sin partidos fuertes termina prisionera de caudillos, populismos o poderes económicos invisibles.

La solución es sanear el sistema para que produzca lo que prometió producir.

Esto implica:

• Auditorías externas obligatorias.
• Publicación periódica de estados financieros auditados.
• Suspensión automática de fondos a organizaciones incumplidoras.
• Trazabilidad pública de cada peso recibido.
• Reducción progresiva de privilegios incompatibles con la realidad social del país.
• Redirección de recursos retenidos hacia salud, medicamentos de alto costo y atención primaria.

No se trata de populismo.

Se trata de coherencia ética.

La pregunta que definirá esta generación

Toda sociedad revela su verdadera jerarquía moral cuando distribuye su presupuesto.

Y hoy nuestras cuentas públicas proyectan una imagen profundamente incómoda:

La política dominicana parece financieramente más protegida que muchos de los servicios esenciales de la población que dice representar.

Ese es el verdadero diagnóstico.

Cuando en Quisqueya aún los pacientes compran sueros de su bolsillo, las familias organizan colectas para cirugías, los hospitales subsisten bajo precariedad estructural, mientras que las organizaciones partidarias reciben miles de millones puntualmente, no enfrenta solamente un problema fiscal.

Enfrenta una crisis moral.

El cierre

La democracia fue concebida para servir al pueblo. No para alimentarse de él.

Y cuando una nación financia con mayor disciplina a sus estructuras políticas que a sus hospitales, algo profundamente humano comienza a romperse.

Porque ninguna bandera partidaria debería abrazar a una madre que perdió a su hijo por falta de atención.

Ningún eslogan electoral sustituye un medicamento. Ninguna propaganda política respira por un paciente sin el ventilador que nunca llegó.

La República Dominicana no necesita menos democracia. Necesita una democracia capaz de recordar para quién fue creada.

Porque una patria no se construye financiando primero a los partidos. Una patria se construye evitando que su gente tenga que mendigar dignidad mientras el poder nunca pasa hambre.