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La política en República Dominicana
Según el politólogo Belarminio Ramírez los partidos políticos pequeños «son una especie de franquicia que lo han hecho gente y familias para su beneficio propio cada cierto tiempo, a través de pactos y alianzas». También dijo: «Tenemos organizaciones en la legalidad, pero no en la legitimidad»(Ref. Diario Libre. 30/11/2015).
Para los fines de este artículo llamaremos «marco legal electoral» el esquema que engloba los partidos, movimientos políticos y regionales reconocidos por la Junta Central Electoral (JCE), que a la fecha suman 29. Dentro de este esquema el presidente de la JCE, Roberto Rosario, dijo que los venideros comicios serán los más limpios y transparentes de toda la historia. Ojalá que así sea vista la tradicional falta de transparencia electoral desde 1966 hasta la fecha.
Quizás por eso Roberto Rosario abrió las puertas a la Cámara de Cuentas (CC) para que audite las operaciones financieras de la JCE, como también un convenio interinstitucional firmado el 4/12/2015 entre la JCE y la Alianza Dominicana contra la Corrupción (Adocco) para garantizar que las operaciones de la JCE se hagan conforme a las normativas legales tanto en la administración de políticas públicas como en la de recursos públicos.
Como se sabe la Ley Electoral No.275-97 financia las actividades de agrupaciones políticas reconocidas por la JCE. Sin embargo hoy día se debate la posibilidad de que fondos del sector privado también financien la actividad política, lo que sería un negocio redondo tomando en cuenta posibles «financiamientos» de fondos públicos no contemplados en la ley al igual que aquellos fondos de dudoso origen como el narcotráfico, corrupción, lavado de activo, contrabando, etc.
El Bloque Progresista, con el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) a la cabeza, concentra 14 organizaciones reconocidas por la JCE, exceptuando el movimiento MEDAL (Emprendedores con Danilo) u otros parecidos. La Convergencia, con el Partido Revolucionario Moderno (PRM) a la cabeza, concentra nueve organizaciones donde solo tres han sido reconocidas por la JCE. La Alianza Electoral para el Cambio Democrático, con Alianza País (AP) a la cabeza, concentra cinco organizaciones donde solo una es reconocida por la JCE.
Por último el partido Alianza por la Democracia (APD) concentra dos
organizaciones donde solo una es reconocida por la JCE. Dentro de este esquema o “marco legal electoral” los candidatos presidenciales de esos cuatro partidos son Danilo Medina (PLD), Luis Abinader (PRM), Guillermo Moreno (AP) y Minou Tavares Mirabal (APD). El partido de Minou (Opción Democrática) todavía no ha sido reconocido por la JCE. Mientras, ella figura como candidata a la presidencia de la República por la APD de Max Puig, reconocido por la JCE.
Si incluimos las restantes once organizaciones políticas reconocidas por la JCE que todavía no han formalizado alianzas, o son independientes, tenemos un total de 29 organizaciones reconocidas por la JCE. Esas 29 organizaciones conforman el «marco legal electoral» y/o coalición de organizaciones políticas que cada año le sacan el jugo o «el mejor partido» a los fondos de la Ley Electoral No.275-97. A donde has ido, Joe Dimaggio?
Además de esas 29 organizaciones existen otros 31 partiditos, movimientos políticos y regionales no reconocidos por la JCE, los que al hacer un poco de ruido buscan la manera de penetrar el «marco legal electoral», aparentando reconocimiento de parte de la JCE cuando es todo lo contrario. Para mi son «organizaciones piratas» que coquetean con partidos reconocidos por la JCE, comenzando con La Convergencia/PRM, Alianza Electoral para el Cambio Democrático/AP, y Alianza por la Democracia/APD.
La democracia no puede darse el lujo de que todo aquello que quede fuera del «marco legal electoral» sea sujeto de acuerdos, alianzas o negociaciones de parte de otras organizaciones políticas reconocidas por la JCE. Evitar eso también es una forma de impedir el derrame o dispendio de fondos públicos que provienen de la Ley Electoral No.275-97, ley que financia un servicio público o privado como cualquier otro, solo que esta vez el servicio lleva el nombre de «política». En particular me refiero al PRM, AP y APD. Esos tres partidos concentran 11 partiditos, movimientos políticos y regionales no reconocidos por la JCE. Serían 12 si incluimos el MEDAL del PLD.
Dentro del «marco legal electoral» solo cuatro organizaciones han formalizado alianzas: PLD, PRM. AP y APD. Quedan pues once organizaciones reconocidas por la JCE que no lo han hecho, dentro de las cuales se destaca el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) por ser un partido mayoritario. También se destaca la Fuerza Nacional Progresista (FNP) con su campaña o Polo Soberano que defiende como ningún otro el continuismo, la independencia política (soberanía y nacionalidad) y la independencia finanaciera y económica de la República Dominicana.
La idea del Polo Soberano de la FNP sin duda alguna capta la simpatía del voto inconforme, indiferente o patriótico debido a lo cual la FNP podría jugar rol importante en las elecciones del 2016, mejor aún si va aliado con el PRSC o PRM, pienso yo. El PRM puede descollar como partido mayoritario en las próximas elecciones por sus planteamientos y agresividad como partido opositor. Por tanto existe la posibilidad de que haya o no haya segunda vuelta en las elecciones del 2016 el PRSC, PRD y la FNP sean en partidos mayoritarios.
De acuerdo con las elecciones del 2012 los partidos mayoritarios son el PLD, PRD y PRSC. Si abonamos el terreno de la especulación podría decirse que si el PRM, PRSC, FNP, AP y APD organizan una estrategia electoral con miras a las elecciones del 2016, de seguro habría una segunda vuelta para competir con el Bloque Progresista que auspicia el PLD, el cual concentra doce organizaciones políticas reconocidas por la JCE.
En la segunda vuelta no habría otra salida que no sea la conquista del voto indiferente, inconforme o patriótico. Obviamente la especulación no toma en cuenta más de treinta organizaciones políticas no reconocidas por la JCE (algunas aliadas y otras independientes) ni los fondos públicos no contemplados en la Ley Electoral No.275-97. Tampoco toma en cuenta la corrupción, el narcotráfico y lavado de activo. Todo esto puede infiltrarse en la campaña electoral llevando a un callejón sin salida el “marco legal electoral” que bordea la JCE. De todas maneras habría un ganador y un perdedor sin importar un fallo o excusa técnica en los equipos de la JCE, o si se va la luz.